La situación de incertidumbre provocada por la sentencia de Sala Tercera del Supremo que exime a los hipotecados de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y la posterior decisión del presidente de la sala, Luis Díez-Picazo, de dejar en el aire la validez de esa jurisprudencia han paralizado de hecho de las operaciones de compraventa de viviendas y de la contratación de hipotecas: tanto los hipotecados como los bancos optan por aplazar la formalización de las operaciones ante la incapacidad para despejar sus dudas de los notarios y de las comunidades autónomas, que siguen esperando unas instrucciones que el Gobierno no tiene ninguna prisa por dar.

Varias notarías consultadas por Público han confirmado cómo desde el jueves, ante las dudas generadas por las decisiones del Supremo, bancos e hipotecados optan por dejar en suspenso las operaciones hasta que se aclare quién debe pagar ese tributo, que, según la comunidad autónoma, grava la cuantía de la hipoteca con un tipo del 0,5% al 1,5% (entre 500 y 1.500 euros por cada 100.000 de préstamo).

La incertidumbre se mantendrá, como mínimo y salvo sorpresa, hasta el próximo 5 de noviembre, que es la fecha para la que Díez-Picazo ha convocado el pleno que decidirá si la nueva jurisprudencia se mantiene o se revoca a la vista de su “enorme repercusión económica y social”. Habrán pasado 18 días desde la sentencia que comenzó a generar esta situación, que, por otra parte, sigue siendo firme.

La incerteza sobre el impuesto está dejando en el aire cada día cientos de operaciones hipotecarias, y afectando a otros tantos proyectos vitales, ya que, tras la reanimación del mercado inmobiliario y la rebaja de los créditos por la competencia entre las entidades financieras, los bancos estaban cerrando en los últimos meses una media de más de 1.300 hipotecas de un promedio de 125.000 euros por jornada laborable para adquirir viviendas. Una parte de esos créditos va dirigida a financiar la compra de VPO, ajenas al lío tributario ya que su adquisición está exenta del AJD siempre que el valor del préstamo que no supere al de la casa.

El grueso de ese negocio, del que los principales bancos han dejado de dar información en sus web, ha quedado provisionalmente en el aire por la incertidumbre que ha creado el Supremo, uno de cuyos tribunales decidió anular el artículo 68.2 del reglamento del impuesto de Actos Jurídicos Documentados al considerar ilegal que lo asuma el hipotecado cuando quien se beneficia del registro de la hipoteca es el banco que le presta el dinero.

La decisión deja el tributo, de hecho, sin sujeto pasivo que lo pague a expensas de lo que decidan los magistrados el día 5, lo que ha provocado el desconcierto de los organismos y profesionales que intervienen en la tramitación de la compraventas, además de entre los consumidores.

Aplazar la firma o incluir una cláusula de salvaguarda

“Lo que están haciendo los notarios desde el jueves es informar a las partes que van a formalizar una escritura, que son las que deciden qué hacen”, explica un portavoz del Consejo General del Notariado, que apunta las dos opciones básicas mientras dure la incertidumbre: aplazar la firma o incluir en la documentación de la hipoteca una cláusula de salvaguarda por la que se acuerda constituirla a la espera de que el Supremo dictamine sobre el AJD.

“La muestra de lo que está pasando en estos primeros días no es todavía representativa”, señala la misma fuente, mientras desde algunas inmobiliarias optan por mantener las citas para formalizar las compraventas, aunque la última decisión queda en manos del comprador y del banco.

Tanto los notarios como los registradores están a la espera de que la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, emita una circular o una instrucción con pautas. Sin embargo, no parece que eso vaya a ocurrir.

“Está pendiente de conocerse la decisión que sobre asunto adopte el pleno” de la Sala Tercera del Supremo, se limita a indicar un portavoz del Ministerio de Justicia, que añade que su posición “es de respeto a las decisiones judiciales”. El ejecutivo se pone de perfil a la espera de que se pronuncie la judicatura.

“No se están presentando hipotecas”

Las comunidades autónomas, por su parte, siguen aplicando la normativa anterior, que carga el impuesto a quien contrata la hipoteca. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón confirmaron cómo han dejado de llegar a las oficinas de Tributos solicitudes de liquidación del AJD desde hace unos días, lo que viene a confirmar esa paralización de hecho de una parte del mercado de la vivienda.

“Si llega una hipoteca, Tributos cobra el impuesto. El caso es que de momento, ante la incertidumbre que se ha generado, han detectado que no se están presentando hipotecas para liquidarlo”, explicaron.

Los registros de la propiedad, por su parte, se limitan a registrar las escrituras, que llegan con el impuesto liquidado, hasta ahora a cargo del hipotecado.

“La incertidumbre es total”, explica el notario zaragozano Esteban Sánchez. “Lo que echamos en falta todos es al Gobierno”, añade. “¿Por qué no apareció el viernes un decreto que dejara clara la situación?”, se pregunta.