Hace ya tiempo que al calor de una crisis financiera que ha dejado las arcas de los Estados tiritando mientras la deuda pública crecía a costa de las ayudas multimillonarias a la banca y de los beneficios fiscales para las grandes empresas, en la Unión Europea se viene hablando de la necesidad de combatir los paraísos fiscales y el fraude.

Se trata, en definitiva, de que no sea sólo la ciudadanía la que pague los platos de la crisis. Pero hasta ahora desde Bruselas sólo se han dado tímidos pasos en ese sentido. Y alrededor de este asunto hay también mucha hipocresía: casos recientes como el de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, cuestionado tras la filtración de una gran cantidad de documentos (en un caso bautizado como 'Lux Leaks' ) que muestran que su país, Luxemburgo, ayudó a grandes multinacionales como Amazon, Fiat, Pepsi o Ikea a ahorrarse una gran cantidad de dinero en impuestos en perjuicio del resto de países de la UE, denotan que pese a las buenas palabras falta voluntad política.

Un requisito indispensable para lograr una Europa más justa y más equitativa es fomentar la transparencia financiera y lograr así que se prevenga la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Caso Por eso, este último viernes se presentó en Madrid una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para reclamar a Bruselas que legisle contra las sociedades pantalla que operan en paraísos fiscales. 

En concreto, la ICE Por una Europa más justa, neutralicemos las sociedades pantalla nace para reclamar a la Comisión Europea que proponga al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE un reglamento común sobre el Derecho de Sociedades en Europa, basado en el principio de transparencia.

"Lo que queremos es identificar a las cabezas visibles de estas sociedades pantalla, saber quiénes están detrás. De esta forma se evitaría buena parte del gran fraude fiscal el de las grandes empresas. Pero debería existir una misma norma que vincule a todos los países de la UE", explica Ana María Rodríguez, coordinadora en España de OCFTI, el observatorio ciudadano europeo que vela por la transparencia financiera internacional y que impulsa esta iniciativa en siete países europeos distintos.

Desde la OCFTI creen que la armonización de la legislación europea contra las llamadas sociedades pantalla contribuiría a la estabilidad del sector financiero y del mercado interior de cada país miembro además de potenciar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Los impulsores de esta iniciativa ven, además, otras ventajas, según apunta Ana María Rodríguez: "Identificando las malas prácticas podríamos acceder a la confiscación de bienes y reducir el flujo de capitales procedente de actividades criminales"

"Esta iniciativa lo tiene todo para triunfar. En los últimos años los mercados han tomado el poder de forma depredadora y han cometido desmanes apoyados en una falta de legislación común", añade Rodríguez, quien destaca que la OCFTI tiene el apoyo de una amplia red de ONG.

En España el movimiento del 15-M se ha sumado a la iniciativa ante lo que una de sus portavoces, Lara Columba, describe como "la necesidad de dar respuesta al retroceso de conciencia social" de los mercados financieros y de las autoridades europeas. 

Columba pone sobre la mesa algunos datos: "Las grandes empresas dejan de pagar el 72% de sus impuestos mientras se especula con las necesidades básicas de los ciudadanos y se recorta la inversión pública un 17% en Sanidad y casi un 30% en Educación. No se ayuda a la población y necesitamos mecanismos de transparencia financiera y políticas fiscales más progresivas y equitativas". 

Un ejemplo claro de ello sería, en opinión de Ana María Rodríguez imponer el mismo tipo del Impuesto de Sociedades en toda Europa y obligar a las grandes multinacionales a declarar sus ganancias en los países en las que las han obtenido. 

Sólo en el caso de que esta iniciativa consiga un millón de firmas en al menos siete países distintos de la UE antes del próximo 1 de octubre de 2015, Bruselas examinará esta propuesta, aunque la Comisión Europea no está obligada a proponer legislación ninguna. La Comisión podrá optar entre elevar al Parlamento la propuesta o no hacer, pero en este último caso deberá razonar su negativa a actuar.

En España deben recogerse como mínimo 40.500 firmas, pero Ana María Rodríguez es optimista y cree que se superarán sin grandes dificultades las 100.000. "La transparencia financiera es un debate ético, moral y universal y España debe dar una lección de ciudadanía, ya que es uno de los países europeos donde hay más fraude", sentencia. 

Las firmas pueden recogerse a través de varios soportes, pero el más cómodo y evidente es internet. La iniciativa ciudadana cuenta con una página web (www,transparencyforall.org) en la que cualquier ciudadano puede sumarse a la petición.