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La inversión española a paraísos fiscales se multiplica por cuatro hasta los 9.544 millones

El dinero dirigido hacia los territorios opados de baja fiscalidad ya supone la cuarta parte de la inversiones españolas en el exterior, según un informe de Oxfam Intermón

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Activistas contra los paraísos fiscales protestan frente a las instutituciones de la UE en Bruselas. REUTERS/Yves Herman

La inversión de España hacia paraísos fiscales se multiplicó por cuatro en el año 2016, al pasar de 2.250 millones de euros en 2015 a 9.544 millones de euros el año pasado, de forma que uno de cada cuatro euros de inversión española ya va hacia un paraíso fiscal.

Así figura en el informe El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad de Oxfam Intermón, que denuncia que la contribución de las empresas multinacionales al total de recaudación es cada vez menor, por lo que el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias, el trabajo y el consumo.

En 2016, la inversión con destino paraísos fiscales representó el 23% del total, un 27% superior a la salida hacia la región latinocaribeña, uno de los principales destinos comerciales de España. En el último año, mientras la inversión total desde España al exterior ha crecido un 20%, la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro.

Adicionalmente, un 54% de la inversión que entró en España en 2016 lo hizo utilizando alguno de los 15 territorios más agresivos. Sin embargo, tan sólo cuatro de estos territorios (islas Bermudas, islas Vírgenes Británicas, islas Caimán y Mauricio) están oficialmente en la lista española de paraísos fiscales que se ha ido vaciando en pocos años.

Paraísos fuera de la lista oficial

Oxfam Intermón explica que algunos territorios no estén en la lista oficial de paraísos fiscales del Ministerio de Hacienda permite a quienes hagan uso de estos territorios, individuos o empresas, no estar "bajo un escrutinio más exigente de los mecanismos de control del fisco".

El Gobierno ha anunciado recientemente un incremento de las medidas de control sobre las transacciones que se realizan por encima de los 100.000 euros con destino a los paraísos fiscales.

"Aunque esta medida es sin duda positiva en la lucha contra la evasión y elusión fiscal, sin una lista objetiva y efectiva de paraísos fiscales la medida se quedará coja", señala la organización, que recuerda que muchos de los territorios con prácticas fiscales más agresivas quedan fuera de la lista oficial española, como es el caso de Panamá, Suiza, Holanda o Irlanda.

Sube la inversión mundial en paraísos

De su lado, la inversión internacional hacia paraísos fiscales ha aumentado en torno a un 45% entre 2008 y 2016, más del doble del crecimiento de la economía mundial en el mismo período, y desde 2001 se ha multiplicado por cuatro.

La ONG calcula que los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales. Con ese dinero se podría dar asistencia sanitaria esencial para salvar seis millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de niños.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que los ingresos fiscales sobre los beneficios empresariales pasaron entre 2007 y 2014 de representar el 3,6% al 2,8%, a pesar de que los beneficios de las grandes compañías se han triplicado en los últimos años.

Oxfam Intermón pide que se defina y apruebe de forma urgente una ley de evasión fiscal

Oxfam Intermón pide al Gobierno, al parlamento y a las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales que definan y aprueben de forma urgente una ley de evasión fiscal.

A su juicio, los objetivos de esa ley deben de ser, entre otros, adoptar una definición sobre paraísos fiscales vinculante y elaborar una lista en la que se establezca claramente cuáles son, reducir la evasión y elusión fiscales a la mitad en el plazo de 5 años. Asimismo, lograr que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal en vigor y supere la presión fiscal que soportan las pymes.

Además, insta a promover que la contratación pública penalice a grandes empresas que operan en paraísos fiscales, uniéndose a la propuesta de la organización sobre zonas libres de paraísos fiscales.