Publicado: 01.11.2016 12:09 |Actualizado: 01.11.2016 12:09

IU pide eliminar la tasa de Transmisión Patrimonial en el alquiler de vivienda para las rentas más bajas

Según la formación, este impuesto puede suponer, para las familias con menor capacidad económica, "un impedimento a la hora de contribuir a facilitarles el derecho a una vivienda digna"

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Un edificio de viviendas.

Un edificio de viviendas.

MADRID.- Izquierda Unida (IU) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que reclaman que las rentas más bajas estén exentas de pagar, dentro del contrato del alquiler de su vivienda, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En esta iniciativa, la formación política integrada en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos pide bonificar al 100% para todos aquellas personas que tengan ingresos inferiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual en 14 pagas. Asimismo, reclama que las bonificaciones se extiendan de forma progresiva hasta rentas no superiores a cuatro veces este indicador salarial.

Con esta iniciativa, IU pretende que las personas con menos recursos no tengan que abonar, o al menos no en su totalidad, las cuotas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a la hora de arrendar su vivienda habitual.



Para aquellos que puedan beneficiarse del 100% de la bonificación -aquellos con ingresos inferiores al IPREM anual en 14 pagas-, IU pide que no estén obligados a presentar la declaración del ITP sin ingreso.

Este tributo, en el supuesto de arrendamientos, gira exclusivamente sobre operaciones que no constituyan actos de tráfico empresarial, limitando así su ámbito a las operaciones entre personas físicas particulares, recuerdan desde IU.

Esta tasa deberá abonarla el inquilino o arrendatario, pero si el arrendador recibe el primer pago sin haber exigido al inquilino el justificante de haber abonado el ITP, será responsable subsidiario de su pago.

La recaudación de la tasa se encuentra cedida a las administraciones autonómicas, que son las que aplican su cuantía, aunque existe un tipo general fijado por el Estado al que pueden adherirse. El cálculo del tributo se realiza con relación a la cuantía del alquiler y a la duración del contrato de arrendamiento.

Según IU, este impuesto puede suponer, para las familias con menor capacidad económica, "un impedimento a la hora de contribuir a facilitarles el derecho a una vivienda digna".