Este puede ser un mal año para estar en la oficina, alertan algunos directivos de bancos europeos que -aseguran- han hecho horas extraordinarias en los últimos meses para preparar a sus firmas ante los meticulosos requerimientos de la Markets in Financial Instruments Directive o MiFid 2, en vigor desde el pasado 3 de enero, y para calcular, primero, y trasladar, después, a las cuentas de resultados del actual ejercicio económico, el impacto negativo de los gastos de litigiosidad que se derivan de las responsabilidades en la crisis financiera. En tribunales de varias latitudes industrializadas, principalmente, europeos y estadounidenses. Cantidad que, según cálculos del mercado, sólo para la banca europea, superarán este año la frontera de los 100.000 millones de dólares.

Porque la factura que debe sufragar la industria financiera del Viejo Continente en los juzgados americanos, en 2018, oscila en torno a los 33.000 millones de dólares, afirman fuentes jurídicas, que se deben sumar a los 81.000 millones que ya han tenido que pagar por las tarifas a profesionales de la abogacía en causas relacionadas con delitos de manipulación del mercado, violación regulatoria o comercialización fraudulenta de activos tóxicos. Entre otros. Y al margen de los 321.000 millones de dólares que, al inicio de 2017, de acuerdo con la valoración de Boston Consulting Group (BCG) sobre las multas que los bancos internacionales han tenido que sufragar desde el inicio de la crisis por su responsabilidad en el estallido del tsunami financiero de 2008.

Casi un decenio después de la quiebra de Lehman Brothers y siete desde su primera norma MiFid que pretendía poner coto a la displicencia de un negocio que abusaba de la difusa frontera entre banca de inversión y comercial -es decir, entre inversor y cliente- Europa completa su regulación. Una vez consumada la unificación supervisora en torno a la ESMA (la CNMV europea) con una segunda batería normativa que busca inculcar mayor transparencia en las operaciones de los mercados de capital y que, en principio, no comulga con la laxitud de la reforma de la Dodd-Frank de 2010 que la Administración Trump se ha comprometido a desarmar por reivindicación expresa de Wall Street. Además de determinados preceptos de la Volcker Rule, su complemento legal -diseñada por el que fuera presidente de la Fed, de perfil republicano, Paul Volcker, durante los mandatos de Jimmy Carter y Ronald Reagan-, y que restringió la capacidad de autonomía de los bancos para confeccionar productos de inversión especulativos.

Que la MiFid 2 supondrá más costes a la banca parece claro a juzgar por las críticas procedentes del sector. La norma eleva el grado de exigencia para cumplir con sus requerimientos, lo que, a los ojos de la industria, acarrea más gastos habituales y esfuerzos de adaptación también diaria a las normas notables. Escenario que expresan en jerga financiera: Europa podría perder el tren de la competitividad si EEUU, en primer término, y el resto de economía anglosajonas -Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda, entre otras- y Asia -los tigres del sudeste y Japón como abanderados- relajan el umbral de vigilancia de los bancos a través de sus organismos de control, y el grado de protección a los consumidores que se instauró en los años posteriores a la crisis.

Guía para entender la reforma europea

Pero, ¿realmente introduce transparencia la MiFid? O, de forma más precisa, ¿hacia dónde ha dirigido el dedo regulatorio la Unión Europea?

Hay tres aspectos esenciales que sobresalen por encima de otros bloques en los que los líderes europeos han articulado la nueva norma financiera.

El primero de ellos señala a las llamadas dark pools. Zonas de inversión opacas para inversores privados. Prácticamente desconocidas para el ciudadano de a pie y que, como su propio nombre indica, han crecido en el lado oscuro de los mercados. En estos espacios de impunidad se compra y vende activos sin revelación del tamaño de la orden ni del precio finalmente aceptado. Es decir, que no deja rastro a las autoridades de supervisión.

De hecho, se usa en menos del 10% de las contrataciones bursátiles en las plazas europeas. Se reservan a los High Frecuency Trader (HFT) -grandes patrimonios de importantes y habituales inversores- y, para asegurarse de que la cuota de retorno pactada se cumple -o, en el peor de los casos, se acerca al objetivo- usan algoritmos y técnicas de Big Data y economic analytics con información, a veces, privilegiada. Por no decir que tienen la potestad de parar o reanudar cualquier orden de compraventa en tiempo real. Sin esperas para jornadas ulteriores.

La UE, a falta de determinar reglamentariamente, en una pieza legislativa posterior, el montante a partir del cual debe considerarse una transacción fuera de la ley (el mercado ha admitido en ocasiones la cifra de 650.000 dólares al hablar de grandes clientes patrimoniales, por ejemplo), los responsables europeos han establecido un freno importante: los bancos de inversión y firmas bursátiles deben registrar ante la ESMA cualquier movimiento que supere el 8% del valor que resulta de calcular el precio de esa operación en los doce meses previos a su comercialización. Y los defensores del libre mercado sin ataduras piensan que cualquier operación que requiera de permiso oficial por debajo del 15% del volumen total, “pierde eficacia”.

Vista general de 'La City' de Londres./REUTERS

En estrecha vinculación con este requisito surgen los Systemic Internaliser (SI) y el Legal Entity Identifier (LEI), procedimientos de identificación registral que la ESMA va a exigir a las casas de inversión para controlar sus movimientos y constatar que se ajustan a la nueva legalidad. O que no hagan un uso ilícito de las dark pools. Circunstancia por la que claman desde el sector ya que, aducen, “se empleará demasiado tiempo en estas gestiones, cuando el mercado no espera y la competencia es global” y porque se disuadirá a las firmas estadounidenses a las que también se les reclamará identificación de datos para realizar transacciones en suelo europeo.

En segundo término, las notas de mercado o investigaciones, generalmente asociadas al servicio de estudios del propio banco de inversión, deberán tener una facturación independiente. Hasta ahora, el agente inversor facturaba su tarifa dentro de su servicio general, de forma que nunca se sabía a ciencia cierta si había pedido la investigación ex proceso para la ocasión o se trataba de un estudio genérico y realizado previamente. Sin las últimas novedades de inversión. Dicen los expertos que, con esta exigencia, se acabó la Edad de Oro de los analistas del mercado que, en su esplendor de finales de los ochenta y principios de los noventa, eran capaces de tumbar o calentar hasta quemar una determinada acción. Aunque también alertan que los presupuestos para investigación se reducirán drásticamente. Hasta en un 20%, añaden.

Finalmente, la MiFid 2 pone el acento sobre los mercados de derivados y, en general, los activos de alto riesgo, cuya toxicidad fue el carburante que desencadenó la crisis de 2008. Estrecha el cerco regulatorio -y sancionador- sobre las plataformas electrónicas, que deben adecuarse para que sean capaces de reconocer el precio de transferencia previo e inmediatamente posterior a su contratación o venta, incluso en operaciones de escasa cuantía, y exigirá al intermediario un informe detallado -de buena ejecución, expresa la norma-, que descarte que ese acto inversor se ha desmarcado de cualquier maniobra que pueda suponer abuso de mercado.

Elenco normativo de la MiFid 2

El reloj de la MiFid 2 no ha hecho más que echar a andar. Sus estudiosos aseguran que es, quizás, el mayor cambio regulatorio en Europa desde la crisis y que, si su primera versión se enfocó a los mercados de valores, su ley hermana trata de inculcar mayor transparencia en las plazas de bonos y de derivados, estructurados y swaps. También inciden en que su mayor complejidad y amplitud de miras ocasionará a la industria desembolsos adicionales de 2.100 millones de euros, según la consultora BCG. En 2018. Y cierta indefensión legal. Porque aún hay 17 socios europeos que no han traspuesto la directiva a sus ordenamientos jurídicos.

Sea como fuere, la normativa europea también estipula para la industria bancaria actuaciones de obligado cumplimiento encaminadas a reducir sus riesgos de gestión, mediante instrumentos de predicción de escenarios que se basen en los análisis científicos y lleven aparejados medidas de subsanación de esas amenazas, y asientos contables que reporten a clientes, accionistas y las autoridades información financiera eficiente; nuevos controles internos, dentro de los planes estratégicos de las firmas, que incluyan los últimos avances telemáticos y de alerta precoz, con vistas a denunciar presuntos fraudes en los mercados; el fortalecimiento de la ciberseguridad, con medidas de respeto a la privacidad de dato, y protocolos diseñados para reforzar la buena conducta y la cultura financiera; es decir, códigos de transacciones de compraventa con elevados estándares de protección al cliente.

Año de bienes … para las grandes fortunas

El gasto asociado a esta nueva regulación es patente. Sin embargo, de lo que no se puede quejar la gran banca, comercial o de inversión, es de concluir un ejercicio excepcional. No sólo por la lenta, aunque continua, revalorización bursátil de sus acciones, sino también porque sus cuentas de beneficios han engordado un año más después de la crisis financiera (y con leyes más rígidas que los ejercicios de bonanza). Y porque vienen de un 2017 en el que han sido unos cooperantes necesarios en el enriquecimiento de la elite mundial. Los instrumentos de inversión y el vigor de las bolsas internacionales han propiciado que haya en el mundo 67 nuevos milmillonarios y que las 500 mayores fortunas del planeta hayan incrementado sus patrimonios en un 23% en tasas interanuales.

Jeff Bezos, fundador de Amazon. AFP

Es decir, y dicho cuantitativamente, han superado, en conjunto, los 5 billones de dólares de riqueza, más que el PIB alemán. O casi el tamaño de la economía japonesa, la tercera del mundo. Jeff Bezos, el consejero delegado de Amazon, ha protagonizado el salto más notable al pasar de 34.200 millones de dólares, a comienzos de 2017, a 99.600 millones en 2018 y erigirse en la persona más rica de todo el planeta. Frente a los 91.300 millones de Bill Gates, como alerta el Bloomberg Index de mercados. Lista en la que también surgen 38 milmillonarios chinos que, entre todos, atesoran más de 177.000 millones de dólares, un 65% más y el mayor repunte por países, con Hui Ka Yan, fundador de China Evergrande Group, con el mayor patrimonio personal, 25.900 millones de dólares.

De momento, Europa cumple con su compromiso de no seguir la estela de laxitud regulatoria sobre la industria financiera de la Administración Trump. En línea con la actual, hasta febrero, presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, para quien la Ley Dodd-Frank inculcó “seguridad y solidez” al sistema y “continúa gozando de buena salud”, por lo que no le gustaría “ver el reloj atrasarse de nuevo”, en alusión a la pretendida relajación de exigencias al sector bancario.

Su homólogo del BCE, Mario Draghi, llegó a precisar, incluso, que “lo último que se necesita en este momento es una devaluación de las normas financieras que han reconducido la fortaleza de los bancos y de los servicios financieros a cotas mucho más elevadas de las que tenían antes de la crisis”. Pero los días de Draghi están contados. Finalizan este año. Su mandato, al que seguirá, a buen seguro, el de un halcón del Bundestag, y su política de estímulos monetarios (compra de deuda corporativa y soberana) que tanto irrita a los jerarcas políticos y financieros de Alemania.