El Partido Popular registró el pasado 27 de abril una Proposición de Ley (PDL) en el Congreso de los Diputados para restringir los escenarios en los que se permite el cierre de instalaciones de generación de energía eléctrica, lo que reabre uno de los frentes de batalla entre el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y las corporaciones del sector.

La propuesta del grupo conservador llega al Congreso después de que el Gobierno emprendiese el pasado mes de enero la elaboración de un Real Decreto para dar desarrollo a los planes de Nadal al respecto. Sin embargo, dicho proyecto no llegó a ver la luz.

El 24 de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –obligada a pronunciarse sobre el asunto mediante de manera preceptiva, aunque no vinculante– se mostró contraria a una buena parte de las medidas propuestas por Nadal y, además, puso en duda tanto la necesidad de emprender una reforma para limitar el cierre de centrales como la pertinencia de hacerlo mediante un Real Decreto.

Tras el pronunciamiento de la CNMC, el proyecto, rechazado tanto por las compañías eléctricas y como por grupos ecologistas, quedó guardado en un cajón. Ahora, el Partido Popular intentará que esas reformas se emprendan desde el Congreso a través de una PDL. Este movimiento permite al Gobierno evitar el informe preceptivo de la CNMC, pero también abre la posibilidad de que la propuesta sea rechazada por el resto de grupos parlamentarios.

El portavoz de Energía del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, admite en conversación con Público, que la presentación de esta PDL es una acción coordinada con el Gobierno para “agilizar la tramitación” de un “asunto complejo”. Aunque la tramitación por vía parlamentaria permite a Moncloa eludir a la CNMC, Mariscal destaca que ahora la propuesta queda expuesta al escrutinio de otros grupos, lo que a su vez “refuerza la posibilidad de llegar a acuerdos”.

Desde Greenpeace, en cambio, creen que este movimiento otorga una capa de opacidad al proceso, ya que, pese a que se debatirá y votará en la sede de la soberanía nacional, su tramitación parlamentaria cierra la puerta a que grupos ecologistas presenten alegaciones. “Al presentarlo mediante Proposición de Ley, lo que hacen es restar transparencia al proceso y evitar no sólo el informe de la CNMC, sino también el trámite de audiencia pública, que sí lo habría en el caso de que fuera un proyecto de Ley del Gobierno”, relata Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace.

Una nueva batalla en la guerra de Nadal

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y las eléctricas tiene como uno de sus principales detonantes la presentación por parte de Iberdrola de dos solicitudes para el para el cierre de sus centrales de carbón en Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). De acuerdo con el discurso de la compañía, el cierre de esas centrales le permite quitarse lastres para la transición hacia modelo energético más eficiente y respetuoso con el medioambiente.

Planta térmica de Velilla (Palencia). EFE

Por el contrario, Moncloa opina que su clausura supondrá un obstáculo para la garantía del suministro, producirá precios más volubles y, perjudicará al empleo indirecto que crean las centrales. Según apunta Guillermo Mariscal, esos son los mismos argumentos que justifican la presentación de una PDL para limitar los cierres de centrales.

Otros episodios de la guerra entre Gobierno y eléctricas son las maniobras de Nadal para intentar que la responsabilidad de un eventual desmantelamiento de centrales nucleares recaiga directamente sobre las compañías propietarias, las distintas polémicas sobre quién debe pagar el bono social o a la conflictividad judicial contra la reforma energética del Gobierno.

En este tira y afloja, Nadal pretende hacer prevalecer su capacidad de actuación ante una serie de empresas que a su modo de despliegan actitudes monopolísticas. "Soy liberal, pero la energía es algo muy sui géneris, un servicio público y un bien estratégico del Estado", dijo Nadal el pasado mes de junio, en una conferencia que cómo concibe su labor al frente de Energía. En aquella ocasión –un encuentro con periodistas especializados en información económica–, el ministro destacó que “la política energética la hace el Gobierno y no las empresas” y abogó por que la transición hacia energías más limpias se haga “de manera ordenada”. Es decir, bajo la batuta del Gobierno.

¿Qué propone la PDL presentada por el PP?

Para reforzar la posición de Nadal, la PDL registrada por el PP busca estrechar los escenarios en los que se permite el cierre de los establecimientos con una potencia instalada superior a los 50 MW eléctricos. En su exposición de motivos, el grupo popular alude al artículo 128 de la Constitución –aquel que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general– para argumentar que, en el caso de la energía, la libertad de empresa debe estar supeditada a tres factores: la garantía en la prestación de la suministro, el cumplimiento de los objetivos medioambientales y la consecución de unos precios estables.

Según el texto, cuando esos aspectos puedan ser sacudidos por el eventual cierre de un establecimiento, el Gobierno podrá denegar su clausura tras estudiar el caso mediante el informe preceptivo de tres entidades: la CNMC, la Oficina de Cambio Climático, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

“Es un proyecto que pretende dificultar el cierre de las centrales térmicas de carbón y nucleares y dar todas las facilidades para que sigan operando, bloqueando la transición hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, perpetuando un modelo obsoleto, sucio, contaminante y peligroso”, opina Tatiana Nuño, activista de Greenpeace.

Nuño lamenta que, de forma paradójica, las propias compañías eléctricas “se están dando cuenta de que el futuro no es del viejo modelo energético” y, mientras se inclinan cada vez más por invertir en una energía “más limpia, eficiente y rentable”, el Gobierno sigue dificultando esa transición.

El informe emitido por la CNMC sobre el Real Decreto proyectado por Nadal –cuyas líneas generales están reflejadas en la PDL del PP– valoraba que los escenarios dibujados para permitir la denegación del cierre de una central creaban un “margen de discrecionalidad” que podría generar “inseguridad jurídica para las nuevas inversiones”.

Dicho informe –que además calificaba como “muy complicado” el procedimiento de subasta diseñado por el Gobierno para que las eléctricas pudieran desprenderse de los establecimientos sin cerrarlos– subrayaba que la ambigüedad sobre escenarios podían “actuar como barreras a la salida en una actividad que debe desarrollarse en régimen de libre competencia”.

Además, recordaba que la legislación vigente –tanto a nivel europeo como nacional– ya protege el interés general, permitiendo la denegación de cierre cuando esté en peligro el suministro, argumento que difícilmente puede ser empleado ahora mismo en España, donde “existe un claro exceso de capacidad” para la generación de energía.

Fuentes de Iberdrola –la compañía que se sitúa en el centro de la polémica– rechazaron en conversación con Público emitir un nuevo juicio sobre la PDL presentada por el Gobierno, argumentando que ésta no introduce ninguna novedad relevante respecto al proyecto rechazado por la CNMC, por lo que se remiten a viejos sus pronunciamientos al respecto.

Aunque la intención de la PDL sigue el camino marcado por el proyecto de Real Decreto de Nadal, el escenario es nuevo. La CNMC no tiene obligación de pronunciarse y los grupos ecologistas sin representación parlamentaria no tienen capacidad para formar parte del proceso. En ese escenario, serán labor de los grupos parlamentarios decidir si apoyan o no a la mayoría minoritaria del Partido Popular para dar más poder a Nadal.