"En un Estado de derecho todo el mundo tendría aseguradas sus necesidades básicas si, en lugar de evadir el dinero a paraísos fiscales, las empresas pagaran sus impuestos a las sociedades en las que operan". La frase forma parte del manifiesto contra los paraísos fiscales impulsado por la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, titulado Sus paraísos fiscales, nuestros infiernos sociales. El texto empezó a recoger apoyos sábado, coincidiendo con la III Jornada Ciudadana por una Fiscalidad Justa, que se celebró en la Casa del Mar de Barcelona, y tuvo, precisamente, en la lucha contra los paraísos uno de sus leitmotiv.

El manifiesto considera que estas estructuras son "buques insignia de la actual economía de casino", ya que "constituyen una burla a la legalidad internacional y no poseen ninguna base económica para el bien común". La campaña contra estas estructuras, que se han convertido en un puntal del actual sistema capitalista global, vivirá el punto álgido del 1 al 7 de abril, cuando se celebrará la semana de acción global contra los paraísos fiscales. El día clave será el 3 de abril, cuando hay convocada una manifestación en Barcelona.

Durante la primera parte de la jornada del sábado, el abogado fiscalista y miembro de ATTAC Catalunya Alex Madariaga, el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, y el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, abordaron precisamente los agujeros que tiene el actual sistema impositivo y que se traduce en una menor recaudación fiscal. A nivel de la UE, la existencia de los paraísos fiscales juega un papel clave en el diseño de estructuras de ingeniería fiscal que permiten, fundamentalmente a las grandes empresas transnacionales, pagar menos impuestos de los que les correspondería.

En este sentido, Urtasun insistió en que el actual sistema fiscal es "profundamente injusto", ya que el grueso de los ingresos provienen del IRPF y el IVA, mientras que hay "muchas dificultades de recaudación por donde circula el gran capital". El eurodiputado ecosocialista recalcó que el impuesto de sociedades es un "auténtico gruyere a escala europea", ya que está lleno de "agujeros, que permiten a algunas empresas prácticamente no pagar". "En la UE hay 28 administraciones tributarias que están en competencia fiscal entre ellas, lo que se traduce en casos de dumping fiscal para atraer inversión, aparte de los acuerdos secretos de algunos gobiernos con grandes empresas", como destapó el caso LuxLeaks , añadió.

Aparte de una posible armonización fiscal a escala continental para intentar combatir esta situación, Urtasun detalló que ahora mismo en el Parlamento Europeo hay "dos propuestas sobre la mesa", que si salen adelante serán un "avance importante". La primera es una directiva que implicaría la exigencia de transparencia fiscal país por país de las empresas, es decir, qué volumen de negocio y cuántos impuestos paga una compañía en cada Estado, evitando los datos globales y consolidados que se dan actualmente. "Si esta directiva existiera, tendríamos un mapa perfecto de los mecanismos de elusión fiscal de grandes empresas", considera el eurodiputado. La segunda propuesta pretende establecer una base "común y consolidada del impuesto de sociedades", por lo que se establece qué parte correspondería a cada país y que a través de mecanismos de ingeniería financiera y los incentivos de determinados países se perpetuaran las prácticas de "dumping fiscal".

¿Qué es un paraíso fiscal?

Entre los problemas para perseguir estas prácticas, Urtasun recordó que los "acuerdos fiscales con grandes multinacionales han sido denunciados por personas que ahora están condenadas", como en el caso del Luxleaks y reclamó "proteger" a las "personas que se están jugando su carrera profesional para denunciar prácticas fiscales fraudulentas ".

El eurodiputado también recordó que en estos momentos en la UE hay un debate "muy intenso" sobre qué es y que no es un paraíso fiscal, ya que por ejemplo para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE ) si un país firma un convenio de intercambio de información ya deja de serlo, mientras que él apuesta por que en el futuro listado que prepara el club comunitario figuren las “jurisdicciones con una bajísima imposición ". Este sería el caso, por ejemplo, de Andorra, que ya no figura en el listado de la OCDE.

El manifiesto de la campaña contra los paraísos recuerda que las grandes corporaciones "desvían" sus beneficios hacia territorios de baja imposición, que todas las empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales y que más de la mitad del comercio mundial pasa por una jurisdicción de este tipo. Por todo ello, el documento subraya que son "auténticas lacras económicas que profundizan la desigualdad, contribuyen a crear desequilibrios, crisis económicas, y corroen la democracia". ¿Y qué solución se propone? Pues que sean "erradicados por la comunidad internacional".

Tanto los activistas como el eurodiputado coinciden en la necesidad de que haya una "presión ciudadana" para lograr cambios que permitan avanzar hacia la abolición de los paraísos fiscales o, como mínimo, para reducir su actual capacidad de atracción de capitales.

Medidas propuestas

Como medidas, la Plataforma por una Fiscalidad Justa aboga para que más municipios se declaren "zonas libres de paraísos fiscales", un paso que ya han hecho más de 50 localidades a nivel Estado, aparte de cuatro autonomías que también se han comprometido a luchar contra; para exigir que la Ley de Contratación Pública de Catalunya, que está en trámite parlamentario, "incorpore criterios para penalizar empresas o bancos vinculados a paraísos fiscales"; porque los políticos presionen en la UE "para que se creen sanciones que penalicen a los países o territorios que conserven el secreto bancario y la opacidad en la propiedad de las sociedades"; para que se obligue a las empresas a informar de los beneficios e impuestos pagados "país por país"; y para exigir un "impuesto a las transacciones financieras", que disuada el "flujo especulativo se negocia desde estas plataformas opacas".

Urtasun, por su parte, se muestra partidario de prohibir que las entidades financieras "puedan operar en paraísos fiscales". Y es que detrás de las grandes empresas o millonarios que optan por destinar parte de sus ganancias a paraísos fiscales para pagar menos a Hacienda están los llamados "facilitadores", es decir los bancos, bufetes y asesores especializados encargados de diseñar la estructura societaria que lo hace posible. Sin la actuación de la banca, los paraísos dejarían de tener la actual poder.