MADRID La directora de relaciones laborales de la patronal de las pymes Cepyme (integrada en CEOE), Teresa Díaz de Terán, ha pedido hoy que se adelante en el tiempo la implantación total de la reforma de las pensiones de 2011, que suponía ampliar la edad de jubilación progresivamente de forma que llegará a los 68 años en el año 2027.

Durante su intervención ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Díaz de Terán ha propuesto profundizar en dicha reforma que, a su juicio, tiene un periodo de implantación amplio, así como evaluar el impacto económico que tendría acortar dicho periodo de tiempo.

La reforma de 2011 ampliaba desde los 35 hasta los 38 años y 6 meses los años de cotización necesarios para acceder a la jubilación a los 65 años y lo hacía de manera progresiva (3 meses por año), así como el paso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años desde 2013 hasta 2027 (1 mes por año hasta 2018 y 2 meses en adelante).

Asimismo, establecía una ampliación del cómputo para calcular la base reguladora de la pensión, de 15 a 25 años (a 1 año más desde 2013 a 2022).

Asimismo, Díaz de Terán ha propuesto separar las bases de cotización, de manera que la Seguridad Social deje de financiar las tarifas planas y las reducciones de cuotas sociales, así como las de los regímenes especiales agrario y de empleadas del hogar.

Entre las distintas "patas a tocar", ha abogado por ampliar las bases medias de cotización del régimen especial de trabajador autónomo (RETA) al mismo ritmo que las del régimen general, ya que ambos "han de converger tanto en derechos como en contribuciones", pues si bien la pensión media de un autónomo es un 41% inferior, su cotización también lo es un 40% inferior. También ha incidido que entre los autónomos hay un mayor número de pensiones de mínimos.

Asimismo, Díaz de Terán también ha pedido que la Seguridad Social deje de encargarse de ciertas pensiones contributivas, como las de viudedad o el complemento a la maternidad, y que pasen a financiarse a través de otras vías, como por ejemplo en los Presupuestos Generales del Estado. "Por sus características sociales, su financiación tienen que corresponder al Estado", ha dicho, apuntando que en 2016 se abonaron 134.600 complementos de maternidad y las pensiones de viudedad suponen anualmente más de 18.000 millones de euros.

En este sentido, ha señalado que la Seguridad Social es sufragada con las cotizaciones de empresarios y trabajadores --"especialmente empresarios", ha dicho--, y ha apostado por "reordenar" la responsabilidad sobre las pensiones.

Respecto a mutuas y fondos privados, la representante de Cepyme ha apuntado que podría mejorarse la eficacia en materia de absentismo laboral con una mayor colaboración con las mutuas, y ha pedido impulsar "las previsiones sociales complementarias" --en referencia a los fondos de pensiones privados--, pues mientras suponen un 23% del PIB en España, en otros países en los que tienen mayor implantación alcanzan el 100%, y ha puesto el ejemplo de países como Reino Unido, Países Bajos o Dinamarca.