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Pensiones Quince propuestas para que Rajoy haga sostenibles y dignas las pensiones

Partidos, sindicatos, organismos y economistas manejan un amplio abanico de propuestas para potenciar el sistema de jubilaciones, cuyo blindaje Constitucional parece un detalle olvidado en el falaz debate sobre su futuro.

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El debate monográfico sobre el futuro de las pensiones de jubilación que este miércoles se celebra en el Congreso tiene, como la algarabía política y mediática que le ha antecedido y seguramente la que le seguirá, un punto de falacia (“engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien”) y otro de embuste (“mentira disfrazada con artificio”) cuando se pone en entredicho el futuro del sistema que las garantiza.

En realidad, tanto la Constitución como la Ley General de la Seguridad Social establecen con claridad unas reglas de juego que garantizan tanto la sostenibilidad del sistema de pensiones como un parámetro de calidad mínimo de los subsidios, y que no dejan margen de maniobra político en lo sustantivo: el Estado está obligado a garantizar su capacidad financiera, lo que reduce el marco del debate a las fórmulas para cumplir ese mandato y paliar el déficit actual, que alcanzó los 16.800 millones el año pasado.

Estas son quince medidas que garantizan la sostenibilidad del sistema y para los mayores que dependen de él perciban jubilaciones dignas.

1. Cumplir las reglas del juego

La carta magna establece en su artículo 50, uno de los que regulan los “principios rectores de la política social y económica”, que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”; es decir, que lo público debe asegurar que los ciudadanos que alcancen la edad de retiro dispongan de recursos suficientes para vivir sin que pueda afectarles la evolución del coste de la vida.

2. Cumplir la ley y poner lo que falte

¿Y esto cómo se garantiza? Lo explica el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, que señala como fuentes de ingresos del sistema las cotizaciones, las sanciones, los rendimientos del patrimonio y “las aportaciones progresivas del Estado”, que dispone de dos vías para realizarlas: una concreta y ordinaria, a través de los Presupuestos Generales, y otra más genérica mediante las remesas extraordinarias “que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura”. Este mismo precepto señala que “las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su gestión y los de funcionamiento de los servicios (…) serán financiadas básicamente con los recursos” anteriores, “así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas”, lo que deja poco margen para decidir cómo ha de garantizar el Estado la cobertura de esa “suficiencia económica” de los mayores: aportando fondos cuando no llegue el sistema.

3. Nuevos impuestos por 2.500 millones y socorro presupuestario

La clave del debate se encuentra, en realidad, en cómo aumentar los ingresos ordinarios y determinar una fuente específica para los extraordinarios, capítulo este último en el que va tomando peso el establecimiento de nuevos impuestos: el PSOE propone recaudar 2.500 millones mediante dos impuestos a la actividad bancaria, uno de ellos sobre las transacciones, mientras el PP apuesta por una medida contable como sacar del sistema de la Seguridad Social para cargar a los Presupuestos el coste de las pensiones de viudedad, orfandad, maternidad y paternidad y Podemos aboga por que el Gobierno vaya asumiendo el déficit de la Seguridad Social vía Presupuestos Generales del Estado.

4. La hucha de las pensiones: 6.000 millones anuales

El fondo de reserva de la Seguridad Social, conocido como ‘la hucha de las pensiones’, creado en 2.000 a propuesta de los sindicatos, fue concebido como un fondo soberano de inversión cuyos beneficios deberían aportar al sistema unos 6.000 millones anuales a partir de finales de esta década, cuando comience la jubilación de los nacidos en el ‘baby boom’. Sin embargo, la extracción de una media de casi 10.000 millones por año desde que el equipo de Mariano Rajoy llegó al poder ha desactivado esta reserva, además de haber fundido el patrimonio del sistema. Mantener a flote esa ‘hucha’ es, también, un mandato legal. Lo recoge el artículo 110.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que en su Tesorería “se constituirá un fondo de estabilización único para todo el sistema” que “tendrá por finalidad atender las necesidades originadas por desviaciones entre ingresos y gastos”.

5. Mejorar el mercado laboral para aumentar las cotizaciones

La diferencia entre los ingresos por cotizaciones, que siguen siendo el principal recurso del sistema, y el gasto en pensiones y subsidios supuso el año pasado una brecha de más de 25.000 millones de euros que lleva camino de seguir creciendo por dos motivos fundamentales: el aumento de la demanda con la jubilación de los ‘babyboomers’, que elevará de 150.000 a 250.000 el incremento anual de retirados durante tres décadas y reducirá la actual relación de 2,33 cotizantes por jubilado, y la precarización del empleo, que en cinco años ha recortado la cotización media de 6.146 a 5.902 euros. Hay varias propuestas en este ámbito, en el que los cuatro principales partidos coinciden en algo que llevan años sin lograr: la necesidad de mejorar la cantidad y la calidad del empleo e un país en el que se trabajan 108 millones de horas semanales menos que antes de la crisis.

6. Cotizar sin tope: 6.800 millones

CCOO y UGT llevan años reclamando, en una medida que también defiende el PSOE, la eliminación del tope de cotización de las pensiones, que hace que los sueldos superiores a 3.751 euros brutos mensuales de media (45.052 anuales con pagas extraordinarias) coticen los mismos 1.084 euros para cobrar un máximo de 2.625 cuando se retiren. Solo se beneficia del tope el 7,5% de trabajadores que quintuplican el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), cuyo peso en la masa salarial del país duplica ese porcentaje. Eliminar el tope aportaría al sistema 6.800 millones al año solo con la cotización de los casi 700.000 empleados que cobran más de 60.000 euros al año.

7. Bonificaciones de alto coste: 4.000 millones

Podemos centra uno de los ejes de su propuesta en eliminar las bonificaciones y reducciones de la cotización, entre ellas la tarifa plana de los autónomos, cuya ineficacia como palanca para el emprendimiento ya casi nadie cuestiona. La cuantía conjunta de esas rebajas ronda los 4.000 millones de euros al año.

Un manifestante de las marchas para reclamar pensiones dignas. EFE

8. La deducción fiscal en el IRPF

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace unos días una medida de apoyo a los pensionistas mediante deducciones fiscales en el IRPF por los “costes inherentes” de la vejez, en una especie de impuesto inverso que devolviera dinero a los jubilados. Aunque olvidó matizar que solo podrían beneficiarse de la medida quienes ingresan más de 12.000 euros al año, ya sea cobrando 14 pagas de 858 euros o más o por tener otras rentas como, por ejemplo, alquileres o planes de pensiones. Por debajo de esa cifra no se hace declaración de IRPF.

9. Clases pasivas: varios miles de millones

El Pacto de Toledo tiene sobre la mesa desde finales de 2010 otra de las ‘patatas calientes’ de la previsión social: eliminar el sistema de clases pasivas para los funcionarios estatales y los transferidos a las comunidades autónomas, algo que el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero implementó a partir de 2010, cuando los nuevos empleados públicos comenzaron a pasar al régimen general, y que Rajoy no aborda ante su evidente coste político y electoral. Este sistema, del que se benefician más de 1,5 millones de trabajadores cuyo paso al régimen general dispararía en varios miles de millones los ingresos anuales del sistema a cambio de lastrar las cuentas de Gobierno y comunidades, genera pensiones de hasta el 100% del salario a los 35 años de servicio con aportaciones inferiores a las de los autónomos y, por supuesto, a las de los asalariados de empresas y del resto de administraciones.

10. Los autónomos piden tramos: mil millones

En el sector de los autónomos, la principal reivindicación, liderada por UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), consiste en adecuar la cotización a los ingresos reales: tarifa plana de 50 euros para quienes no lleguen a facturar el Salario Mínimo Interprofesional, situado hoy en 735,90 euros mensuales (10.302 anuales, con catorce pagas prorrateadas); mantener el sistema actual de cuota libre en función de las prestaciones para quienes ganan entre esa cifra y 40.000 euros anuales y, por último duplicar la base mínima para quienes la sobrepasan. La mayor aportación de los 400.000 últimos y la posibilidad de aflorar casi dos millones de los primeros inyectaría mil millones cada año al sistema. El PSOE es también partidario de la cotización por tramos de ingresos para los trabajadores por cuenta propia.

11. Recuperar la cotización de los parados: 4.000 millones

Una de las primeras medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó en 2012 fue recortar la base de cotización de los desempleados del 125% al 100% de su subsidio, algo que, unido al desplome de las ayudas derivado de la precariedad laboral, ha reducido en casi 4.000 millones de euros los ingresos de la Seguridad Social por este concepto en menos de seis años, de más de 10.000 a apenas 6.000.

12. Modificar el periodo de cómputo

Para calcular una pensión se tienen en cuenta varios factores como la superación de un periodo mínimo, que en el Régimen General es de 15 años y en el de los autónomos alcanza los veinte; las cuotas pagadas a lo largo de los últimos 21 años (25 en 2022) y el tiempo que falta o ha pasado de la edad de jubilación (65 años y medio hoy) y del periodo que da derecho al máximo subsidio, que hoy es de 36 años y medio. El Gobierno propuso hace unas semanas que el cálculo de la pensión se basara en el conjunto de la vida laboral, algo que UGT y CCOO rechazan por considerarlo un parche.

13. Revalorizar el subsidio con el IPC

En la práctica, y salvo que cambien las reglas, no van a subir más de un 0,25% en muchos años como consecuencia del nivel de endeudamiento y déficit del sistema. Incluso comenzarán a bajar una media del 0,5% a partir del año que viene al empezar a aplicarse el “factor de sostenibilidad”, que las recorta en función de cómo evoluciona la esperanza de vida y de las previsiones demográficas; es decir en previsión de que más gente (por el retiro de los babyboomers) vaya a cobrar más tiempo (al envejecer cada vez más). Tanto Unidos Podemos como el PSOE piden derogar ese factor. Ambos coinciden con Ciudadanos en reclamar que se revaloricen con el IPC, algo a lo que se opone el PP.

14. Consejo Económico: mínimo vital con complementos

Este es uno de los debates que no se llegan abordar en los foros políticos, pese a los intentos por abrirlo de organismos como el Consejo Económico y Social (CES), cuyo informe “Políticas públicas para combatir la pobreza en España” cuestiona el propio sistema de pensiones, cuyo planteamiento considera “propio del contrato de seguro”, y pone sobre la mesa “la inexistencia en nuestro país de un sistema propiamente dicho de garantía de rentas mínimas en situaciones de carencia o insuficiencia de recursos”. El CES propone, con la vista puesta en las carreras de cotización de mujeres y autónomos y con un horizonte que engloba a las personas en riesgo de pobreza en general, fijar una pensión retributiva mínima con complementos para “garantizar un nivel de subsistencia” a sus perceptores. Y, en este sentido, recuerda cómo las instituciones europeas llevan tiempo debatiendo sobre la necesidad de determinar los “bienes y servicios que una familia de un tamaño y composición determinados necesita para vivir con un nivel determinado de bienestar” para “garantizar un nivel de suficiencia” mediante las transferencias económicas.

15. Explorar el salario indirecto

Economistas como Eduardo Garzón se pronuncian en una línea similar cuando llaman la atención sobre las posibilidades de trabajar con el “salario indirecto”, facilitando a la tercera edad servicios y suministros que reduzcan sus necesidades monetarias, determinar qué porcentaje del PIB requiere su atención y comenzar a estudiar cómo trasvasar al ámbito de la atención de los mayores recursos de servicios públicos cuya demanda va a descender en los próximos años, como la educación. “No solo hay que hablar de dinero sino también de cómo se garantiza desde lo público la atención de las necesidades de los mayores –explica-. Lo importante es la renta que se genera en el país, cómo se distribuye y cómo se organizan los servicios”.