BARCELONA.- Clece, la filial multiservicios del grupo ACS, Endesa, Agbar o Gas Natural Fenosa son ejemplos de grandes compañías estatales que obtienen una parte de sus ingresos gracias a contratos o concesiones con las administraciones públicas, también con los ayuntamientos. Además, comparten el hecho de formar parte de grupos empresariales con filiales en paraísos fiscales.

Y es precisamente su presencia en territorios de baja o nula tributación, con el principal objetivo de reducir su factura impositiva, la que les podría conllevar una disminución de los ingresos. Para que se llegue a tal extremo, debe prosperar la iniciativa de la Plataforma para una Fiscalidad Justa, ambiental y solidaria, que propone penalizar en las contrataciones públicas a las empresas con presencia en paraísos fiscales.

La plataforma argumenta que esta práctica conlleva una disminución de la recaudación tributaria de las administraciones y, además, evita una competencia en igualdad de condiciones entre las compañías que concurren a los concursos de contratación. No se trata de una práctica ni mucho menos excepcional, sino que el uso de filiales en paraísos fiscales es constante y conlleva un enorme agujero para las arcas públicas.

Según documentó Oxfam Intermón en el reciente informe La ilusión fiscal, las compañías del Ibex acumulan un total de 810 empresas participadas en territorios de baja tributación y sólo una de las 35 corporaciones del índice bursátil no cuenta con ninguna filial en un paraíso fiscal.

La Plataforma para una Fiscalidad Justa, ambiental y solidaria reúne a diferentes entidades sociales catalanas, entre las que están los sindicatos CCOO y UGT, y la semana pasada presentó un paquete con 45 propuestas para mejorar la justicia de la fiscalidad municipal.

La agrupación defiende que los municipios se conviertan en territorios libres de paraísos fiscales y se inspira en las mociones que ya se han aprobado en este sentido en municipios de países nórdicos, como Suecia, Noruega y Finlandia. “Sabemos que ahora mismo no es posible vetar la participación de las empresas en los concursos públicos, pero lo que sí se puede hacer es quitar puntos a las que tributan en paraísos fiscales”, explica a Público Cécile Barbeito, activista de la plataforma.

Barbeito añade que también se trata de evitar la vulneración del “principio de competencia”, porque las compañías con filiales en territorios de baja tributación consiguen, legalmente, pagar menos impuestos y esto les permite presentar ofertas más bajas.

“Es injusto para los propietarios honestos de pequeños negocios y crea una distorsión en el mercado”, expone el documento de propuestas para las municipales de la plataforma. La agrupación publicará en los próximos meses una guía dirigida a los gobiernos locales detallando como operativizar la propuesta.

Informes detallados de las corporaciones

Para mejorar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, la plataforma también ve necesario requerir a las “empresas que concurran en concursos públicos informes de responsabilidad fiscal, especificando en qué países tienen filiales y pagan impuestos”. La intención es que los ayuntamientos “obliguen a las empresas a hacer un ejercicio de transparencia”, en palabras de Cécile Barbeito.

La ambición final es obtener un registro público con los “verdaderos propietarios de las empresas, incluyendo todas las estructuras en la sombra, como los trust corporativos, fideicomisos, fundaciones privadas y empresas tapadera”, a parte de contar con informes “país por país” de las corporaciones multinacionales, para que sean visibles sus “estrategias fiscales”.

La Plataforma para una Fiscalidad Justa justa está trasladando su propuesta a distintos partidos políticos. De momento, Barcelona en Comú, la candidatura liderada por Ada Colau, la ve “factible”, mientras que algunas agrupaciones de la CUP ya han incorporado en su programa menciones a actuar contra los paraísos fiscales desde el municipio.

En todo caso, la agrupación cívica tiene claro que se trata de presionar durante toda la legislatura para conseguir la implantación de la medida, más allá de su presencia o no en los programas de las formaciones políticas para las elecciones locales del 24 de mayo. Y justamente la propuesta llega en un momento en que una directiva de la Unión Europea supondrá modificar la legislación estatal relativa a las contrataciones públicas, obligando a introducir criterios sociales y ambientales.

Poco margen de actuación

En su documento con 45 propuestas para las elecciones municipales, la plataforma reconoce el poco margen de actuación de los gobiernos locales para actuar en fiscalidad, pero a pesar de ello aborda algunas cuestiones. Por ejemplo, sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aboga por revisar las exenciones que tiene la Iglesia católica, en función del destino del edificio, de manera que se graven los que generan beneficios económicos. También defiende aumentar la progresividad del IBI y de otros tributos, como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), introduciendo criterios de sostenibilidad ambiental, entre otros.