Publicado: 09.09.2015 11:33 |Actualizado: 09.09.2015 11:33

Posible conflicto de intereses en Industria: la mujer del ministro Soria ejerce de procuradora para Endesa

La ley es muy clara al respecto y obliga al ministro a inhibirse, pero el titular de Industria no lo ha hecho en ningún momento.

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El ministro de Industria, José Manuel Soria

El ministro de Industria, José Manuel Soria

MADRID.— Una vez más, la línea que separa los intereses empresariales de los políticos vuelve a quebrarse, o al menos a estrecharse: el diario digital Cuartopoder.es informa de que Carmen Benítez, mujer del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha ejercido como procuradora en tribunales—una figura imprescindible para la mayoría de los procesos judiciales que se inician, bien sea como demandante, bien sea como demandado— para la eléctrica Endesa



Benítez ha actuado como procuradora para Endesa en al menos una ocasión desde que su marido accediera al cargo y otra en los dos años previos a la llegada del político canario a Industria. La ley es muy clara al respecto y obliga al ministro a inhibirse por esas dos actuaciones de su esposa, pero como cuenta Cuartopoder.es, Soria no lo ha hecho en ningún momento. Muy al contrario, ha tomado decisiones en Industria que afectaban directa o directamente a Endesa.

Benitez ha sido procuradora de la compañía eléctrica en Las Palmas desde la década de los noventa. Cuartopoder.es cuenta además que  también que Benítez también ha representado a otra empresa del ramo, Proyectos y Desarrollos Renovables, S.A., dedicada a la producción y distribución de energía eléctrica y a la construcción y explotación de parques eólicos. De hecho, Benítez presentó un recurso contra una orden del consejero Empleo, Industria y Comercio de Canarias que perjudicaba a la compañía, y que fue estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad autónoma.

En cualquier caso, no es fácil determinar la colusión de intereses: fuentes judiciales consultadas por Cuartopoder.es aseguran que "la poca capacidad de maniobra de un procurador y el hecho de que el asunto sea juzgado por el propio Gobierno al que pertenece el ministro hacen improbable una sanción".