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El PP rechaza que la Ley de Contratos penalice a empresas vinculadas con la evasión fiscal 

El Partido Popular cree que al no existir acuerdo europeo en este punto no es posible introducir las conocidas como cláusulas sociales. Los portavoces de Hacienda de PSOE y Unidos Podemos reivindican la necesidad de estas medidas.

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El Partido Popular rechaza que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, derivada de la trasposición de directivas europeas, incluya cláusulas para penalizar a empresas vinculadas con la evasión fiscal. EUROPA PRESS

El Partido Popular rechaza que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, derivada de la trasposición de directivas europeas, incluya cláusulas para penalizar a empresas vinculadas con la evasión fiscal y con paraísos fiscales, como viene reclamando la oposición.

Los populares creen que al no existir acuerdo europeo en este punto no es posible introducir las conocidas como cláusulas sociales, incluidas en varias enmiendas de muchos de estos grupos al proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso. "La directiva europea no lo recoge, no podemos incluirlo. Necesitaríamos un acuerdo de la Unión Europea", ha dicho Juan Bravo Baena, diputado 'popular' en la mesa organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal sobre los paraísos fiscales este lunes en el Congreso.

Los portavoces de Hacienda del PSOE, Julián López Milla, y Unidos Podemos, Alberto Garzón, han reivindicado la necesidad de estas cláusulas. López Milla ha propuesto que los beneficios obtenidos por estos contratos no puedan ser destinados a estos países, mientras que Garzón ha criticado "el juego de incentivos" que existe para que los recursos acaben en la economía financiera --mayor rentabilidad, ausencia de impuestos o más bajos que en otras transacciones-- y los que se pueden desarrollar para "expulsar" de la contratación" a las empresas que defrauden.

Su homólogo en Ciudadanos, Francisco de la Torre, se ha mostrado más cauto al respecto "vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera efectiva"y ha dicho que "lo ideal sería una legislación a nivel europeo, y, si no es posible, a nivel nacional". En cuanto a los ayuntamientos que ya han aprobado cláusulas de este tipo, como el de Madrid, cree que provocará la impugnación de las licitaciones. En todo caso, ha propuesto la revocación del número de identificación fiscal si no se identifica el titular último de una sociedad.

Juan Bravo ha dicho que la Ley General Tributaria ya cuenta con una normativa para infracciones graves o muy graves para limitar la contratación y las subvenciones, y ha advertido de las dificultades que podría tener un ayuntamiento a la hora de determinar "la trama que tiene detrás" estas sociedades o la posibilidad de "saturar" el sistema de inspección de la Agencia Tributaria. "Tenemos un sistema limitado", ha dicho.

En todo caso, el diputado del PP ha sugerido que "no siempre la respuesta es la sanción", pues cree que empresas como Apple, ante su contencioso con la Comisión Europea "le importa más la imagen que pueda tener que otras sanciones". Así, ha abogado por medidas relacionadas con la publicidad y la Responsabilidad Social Corporativa.

Respecto a este contencioso, el socialista López Milla ha reconocido que "la solución no puede ser sancionar las ayudas de Estado" (por las que la Comisión acusa a Irlanda y Apple de haber llegado a acuerdos contrarias a la regulación) y ha puesto como ejemplo las posibilidades que tienen tanto la empresa como el país de salir airosos en esta batalla judicial.

De la Torre ha recordado que las decisiones fiscales se acuerdan por unanimidad, y que hay países, como Chipre, Malta o Irlanda que se oponen al respecto, mientras que Garzón cree que esta ausencia de armonización fiscal "no es casual". "Es una falla intencionada. Está en el origen de la Unión Europea", ha dicho.

Los representantes económicos de las cuatro formaciones políticas con mayor peso en el Congreso han analizado también las revelaciones periodísticas, como 'Los Papeles de Panamá' y las filtraciones sobre datos fiscales.

En este punto, Juan Bravo (PP) ha pedido "tener en cuenta los riesgos de publicar la información fiscal", y ha puesto como ejemplo su sensación tras ver publicado su información en su condición de diputado: "Para mí supuso un desnudo fiscal. Mañana uno puede llevarse a mi hijo y saber lo que tengo en el banco", ha comentado.

Asimismo, ha defendido que la información filtrada a los medios de comunicación puede remitirse a "cualquier organismo", en los que, ha asegurado, "no se permite que una denuncia no se trabaje". "No hace falta que se identifique y puede presentarlo en el último pueblo", ha dicho el diputado, que ha reivindicado el mecanismo de intercambio de información fiscal entre países, al que se han sumado 57 países en 2017 y 48 más lo harán en 2018.

Mar Cabra, editoria de la Unidad de Datos del International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), ente que coordinó la publicación de 'Los Papeles de Panamá', ha cuestionado la efectividad de esto, pues ha señalado que varios países contaban con esta información tanto en esta filtración como en los 'Bahama Leaks', como en otras ocasiones. Asimismo, ha indicado que en España la persona que permitió otra investigación, 'Los Papeles de Panamá', "está a punto de ser juzgada".

Durante el turno de preguntas, los diputados han sido cuestionados también por otros asuntos, entre ellas las Sicavs, sociedades de inversión con una tributación muy reducida. En este punto, Alberto Garzón ha señalado que la propia Agencia Tributaria llegó a apuntar que no operaban como fondos de inversión, sino que también facilitaban la evasión fiscal.

En este punto, ha dicho Garzón, la respuesta del Gobierno, entonces del PSOE, fue derivar la supervisión de estas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la denuncia de la Agencia Tributaria. Julián López Milla, del PSOE, ha reconocido que "fue una decisión errónea".