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Impunidad en la crisis financiera Quebrar las cajas de ahorros sale barato: sólo cinco exdirectivos en la cárcel

Hay numerosas causas abiertas contra los antiguos responsables de las entidades financieras, con más de 200 imputados, pero hasta la fecha se han dictado muy pocas sentencias

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Julio Fernández Galloso  junto con los exdirectivos de Novacaixagalicia durante el juicio en la Audiencia Nacional. EFE

El hundimiento y saqueo de las cajas de ahorros, que va a costar 60.000 millones de euros según los últimos cálculos del Banco de España, ha hecho que muchos de sus responsables directos hayan tenido o vayan a tener que sentarse en el banquillo.

Hay numerosas causas abiertas desde hace tiempo contra ellos y más de 200 imputados, pero de momento se han dictado pocas sentencias y sólo cinco personas han entrado en la cárcel, ya que en general las condenas son muy bajas.

He aquí los casos más destacados:

Caixa Penedés

La Audiencia Nacional condenó en mayo de 2014 por administración desleal al exdirector general, Ricard Pagès, y a otros tres miembros de la cúpula. Fue la primera sentencia relacionada con el saqueo de las cajas de ahorros.

Los reos consiguieron una sustancial rebaja de la pena tras admitir el delito y devolver 28,6 millones de euros que habían percibido indebidamente como dotación de sus fondos de pensiones. A Pagès le cayeron dos años y al resto, uno a cada uno.

Durante el juicio quedó de manifiesto el “poder omnímodo” del que disfrutaba el director general en aquella época y la falta de un sistema eficaz de control.

Caixa Penedés forma parte ahora, junto con Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada, del Banco Mare Nostrum (BMN), que controla el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) después de haberle inyectado 1.645 millones. Está en proceso de fusión con Bankia.

Novacaixagalicia (NCG Banco)

El expresidente Julio Fernández Gayoso, el exdirector general José Luis Pego, el exresponsable del negocio inmobiliario Gregorio Gorriarán, el responsable de la fusión de las cajas gallegas Óscar Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas ingresaron en prisión a mediados de enero de 2017.

El expresidente de Novagalicia Banco Julio Fernández Gayoso. EFE

Pesaba sobre todos ellos una condena de dos años de privación de libertad por administración desleal y apropiación indebida.

Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada, con la colaboración de Fernández Gayoso y Pradas, se subieron el sueldo y cobraron indemnizaciones millonarias después de que la entidad se viera obligada a solicitar ayudas públicas.

Audiencia Nacional, contra lo habitual en casos similares, se negó a dejar en suspenso la aplicación de la sentencia, que había sido ratificada por el Tribunal Supremo.

NCG Banco, ahora denominada Abanca, pertenece al grupo venezolano Banesco, que lo adquirió al Estado por 1.003 millones de euros, después de haber recibido una inyección de 9.052 millones

Caja Madrid / Bankia

La Audiencia Nacional condenó el pasado mes de febrero a 65 expresidentes, exconsejeros y ex directivos por un delito de apropiación indebida, relacionado con el uso de las tarjetas black.

Las penas más altas recayeron sobre Miguel Blesa (seis años de prisión) y Rodrigo Rato (cuatro años y seis meses), a quienes les fueron impuestas también sendas multas de 116.000 euros.

Hay otras tres causas abiertas, relativas a la comercialización de las participaciones preferentes, el cobro de sobresueldos y la salida a Bolsa de Bankia.

Blesa, por su parte, fue imputado por delito societario, falsedad en documento público y apropiación indebida en la compra del National Bank de Florida. Pasó dos semanas en prisión preventiva, pero finalmente la causa fue sobreseída.

Bankia está controlado por el Estado. El FROB tiene un 65% de su capital a través de BFA. Requirió ayudas por importe de 22.424 millones.

Caja Castilla La Mancha (CCM)

El expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Sánchez fueron condenados en febrero de 2016 a dos años de prisión.

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó.EFE

La Audiencia Nacional les consideró culpables de haber ocultado “pérdidas galopantes” en las cuentas correspondientes al ejercicio de 2008. Perjudicaron así a inversores y depositantes que tomaron decisiones a partir de una información falsa.

Ambos se libraron de ir a prisión porque el juez tuvo en cuenta que no se produjo enriquecimiento ilícito, aunque a veces su gestión se guió por criterios políticos y no de rentabilidad, como ocurrió con los 330 millones de euros enterrados en el aeropuerto fantasma de Ciudad Real.

Caja Castilla La Mancha fue adjudicada a Cajastur en 2009, tras su intervención y posterior saneamiento, en el que se emplearon 1.740 millones. Hoy está integrada en Liberbank.

Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI)

La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó en marzo de este año a cuatro años de prisión a dos antiguos directivos por un delito continuado de apropiación indebida.

Se trata de Tomás García Montes, director general entre 2005 y 2009 y de Francisco Javier Alfaro Navarro, que ocupó el cargo de subdirector general.

Ambos causaron a la entidad un perjuicio de 6,3 millones de euros con una reestructuración de sus sociedades inmobiliarias de la que salió beneficiado el abogado Ramón Marrero Gómez, también condenado.

El fallo, que todavía no es firme, acusa a García Montes de ejercer sus funciones de manera “opaca y personalista”, de conducirse con una “falta total de transparencia” y de ocultar al Consejo datos relevantes sobre su gestión.

CAI está incluida en Ibercaja, a la que también se incorporaron Caja Círculo y Caja Badajoz. Con estas dos últimas entidades había formado antes Caja 3, que recibió 407 millones en ayudas públicas.

Bancaja / Banco de Valencia

El ex presidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, que fue presidente de Bancaja antes de su fusión con Caja Madrid, está imputado por la concesión de préstamos a Gran Coral, un proyecto urbanístico en el caribe mexicano.

El expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. EFE

Se le acusa de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal. También se le investiga, junto con una decena de consejeros y directivos, como consecuencia de su gestión al frente del Banco de Valencia, filial de Bancaja.

Oliva ya fue condenado a año y medio de prisión por falsificar una factura de 500.000 euros correspondiente a servicios que nunca realizó.

Bancaja fue miembro fundacional de Bankia, y el Banco de Valencia fue adjudicado a Caixabank después de que el Estado empleará en su reflotamiento 5.498 millones.

Caixa Catalunya

El exvicepresidente del Gobierno en tiempos de Felipe González, Narcís Serra, en su condición de expresidente, Adolfo Todó, que fue director general, y otros tres antiguos altos cargos están siendo investigados por administración desleal.

Narcís Serra en una compareixença al Parlament. EUROPA PRESS

Según la Fiscalía, todos ellos son responsables de una serie de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2013, que causaron un agujero de 720 millones de euros.

Dichas operaciones no estuvieron respaldadas por informes externos independientes, ni por valoraciones adecuadas, ni por un análisis exhaustivo de riegos, y algunas podían estar inmersas en conflicto de intereses.

Serra y Todó tienen otra causa pendiente por un aumento de sus retribuciones en plena crisis, justo antes de que la caja fuese rescatada.

Caixa Catalunya, junto con Caixa Tarragona y Caixa Manresa, formaron Catalunya Banc, que fue adquirido por el BBVA a cambio de 1.165 millones, una décima parte de lo que le costó al FROB su saneamiento (más de 13.000 millones).

Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)

A finales de mayo pasado comenzó la vista oral del juicio contra ocho exdirectivos, entre ellos Modesto Crespo y Roberto López Abad, que fueron presidente y director general de la entidad, respectivamente, antes de su quiebra.

La Audiencia Nacional les acusa de falsear las cuentas de 2011 para presentar beneficios, cuando en realidad se habían registrado cuantiosas pérdidas. Eso les permitió cobrar incentivos y complementos por importe de 20 millones, a los que no tenían derecho atendiendo a la verdadera situación de la entidad.

El fiscal pide penas de hasta siete años y medio de cárcel para los máximos responsables. Se calcula que el caso no quedará visto para sentencia antes de julio.

La CAM fue intervenida en julio de 2011, se le inyectaron 5.249 millones de euros y posteriormente la compró Banco Sabadell.

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