El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente la Proposición de Ley 'antiocupaciones' presentada por el PDeCAT con los votos 157 votos favorables del PP, C’s, PNV y PDeCAT, y los 97 en contra del PSOE, Podemos y ERC.

El hecho de que la ley haya sido aprobada con los votos de la derecha y con el rechazo del partido del nuevo Gobierno, el PSOE, muestra la dificultad que tendrá el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tramitar sus iniciativas en el Senado.

De esta ley, impulsada por el Partit Demòcrata en el Congreso de los Diputados, donde ya fue presentada y defendida por la diputada Lourdes Ciuró, quedan excluidos los fondos buitre y la banca, según explica en un comunicado el senador del Partit Demòcrata, Joan Bagué.

En este sentido, Bagué pone como ejemplo el caso de un particular, que ha estado ahorrando durante 35 años para comprar una vivienda, la destina al alquiler y sufre una ocupación ilegal. "Consideramos que es absolutamente injusto que deba esperar 2 años para que se restituya su titularidad, como está pasando hasta ahora", añade.

El texto establece que la persona física que sea propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento. Así, se prevé que el desalojo se produzca en menos de 20 días al quedar determinado un procedimiento más rápido.

Desde el PSOE se ha elogiado el Proyecto de Ley, pero lo han calificado de insuficiente ya que "no garantiza de manera suficiente el realojo de las familias vulnerables que resulten afectadas".

Podemos, por su parte, ha considerado que la reforma es "ilegal", en tanto que vulnera la tutela judicial efectiva. Además han anunciado que presentarán un recurso al Tribunal  Constitucional. "Estudiaremos la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC)", ha anunciado María Garrido.