@JairoExtre

MADRID.- El contador de despidos en el grupo Tragsa se ha detenido en 555, según ha informado el presidente de la empresa pública integrada en la SEPI a los trabajadores a través de la intranet. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE), avalado por el Tribunal Supremo, contemplaba 1.336 ceses, pero la compañía anunció el jueves que lo daba por concluido después de registrar una mejora en su actividad a finales de 2015.

Sin embargo, los sindicatos mantendrán su calendario de movilizaciones, según han confirmado CCOO y UGT, al considerar que sus reivindicaciones no pasaban sólo por paralizar el expediente sino por revertir los despidos, que comenzaron a ejecutarse el 29 de diciembre, en plenas Navidades.

Este 26 de enero está convocada una jornada de huelga en todos los centros de Tragsa además de una concentración de trabajadores en Madrid, ante la sede del Partido Popular, ya que es el Gobierno el último responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El 3 de febrero se repite el paro general y se llama a una concentración en las sedes de la delegación del Gobierno de todo el Estado.

Según la compañía, se había despedido a un 5% del total de la plantilla, cifrada en más de 10.000 empleados, pero los sindicatos matizan la cifra alegando que la plantilla fija de Tragsa y de su filial Tragsatec, también afectada por el ERE, es algo más de la mitad de la cifra facilitada por la empresa. El resto corresponde a trabajadores eventuales que, critican, han estado sustituyendo en muchos casos a trabajadores fijos que se preveía despedir. Desde que se presentó el ERE, Tragsa y Tragsatec habría realizado más de 3.000 contrataciones eventuales, según apuntan estas fuentes.

Fuentes de ambas organizaciones y también de CSI-F explican que la mayoría de los despidos afectaba a trabajadores de entre 40 y 50 años, con una antigüedad en la compañía de dos décadas. Personas con una difícil alternativa laboral, en muchos casos. Al mismo tiempo, critican que los despedidos "se estaban enterando por los ingresos del finiquito recibido en el banco, sin que se les haya notificado nada de manera escrita o verbal, lo que refleja la falta de consideración en las formas". 

Tragsa presentó el ERE en 2013 alegando causas económicas, organizativas y productivas, teniendo como base las cuentas de 2012. Según dijo la compañía, la "drástica" caída del 60% en producción e ingresos del grupo a partir de 2009 dio lugar a resultados negativos ─los primeros desde que se constituyó la empresa─ en los ejercicios de 2013 y 2014. Alrededor de 70 millones de euros menos, según la dirección. De ahí, el Plan de Transformación Global de la empresa para salir de "la difícil situación económica y garantizar la sostenibilidad y el futuro del Grupo". Los despidos contemplaban la indemnización mínima prevista por la reforma laboral, 20 días por año.

Estas cuentas no les cuadran a los representantes de los trabajadores. De hecho, el sindicato CGT denunció "pérdidas infladas" por parte de la dirección no sólo antes de presentar el ERE, sino también en 2015 para "justificar la ejecución".

El expediente, el mayor registrado en una empresa pública en la historia, fue recurrido ante los tribunales por los sindicatos y tumbado por la Audiencia Nacional en marzo de 2014. El tribunal calificó el ERE de "desproporcionado" y obligó a la compañía a readmitir a los despedidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo le dio el visto bueno en octubre y los despidos volvieron a efectuarse en diciembre. Los trabajadores comenzaron entonces nuevas movilizaciones, huelgas y encierros en las sedes que no se detendrán hasta que la dirección abra una mesa de diálogo con los sindicatos para negociar medidas sustitutivas a los despidos forzosos.