Publicado: 22.01.2016 11:06 |Actualizado: 22.01.2016 11:42

Testigos dicen que el subsecretario de Presidencia pactó compensar ilegalmente a FCC desde Acuamed

Federico Ramos, cuando fue secretario de Estado de Medio Ambiente, participó en la reunión en la que se negoció el pago de 40 millones de euros con la empresa constructora, en el marco del caso de fraude que investiga la Audiencia Nacional.

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El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos. / EFE

El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos. / EFE

MADRID.- El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos, participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

Según han informado fuentes jurídicas, testigos exempleados de la empresa pública Acuamed, varios de ellos ingenieros, afirmaron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que esa reunión se celebró en el Ministerio de Agricultura y que a ella acudió Ramos.



En ese encuentro se acordó supuestamente con FCC una compensación ilegal de 40 millones de euros, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales del Estado 2015, según afirma el juez Velasco.

Esta es una de las posibles ilegalidades que investiga el juez en el caso Acuamed y que ayer reflejó en su auto enviando a prisión incondicional a cinco de los trece detenidos el pasado lunes por este fraude, entre ellos el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo del Puerto.

Esta supuesta compensación se pactó dentro de un contrato concedido a la UTE formada por FCC y Abengoa, el de la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería.

Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40 % de su valor y que FCC pagara el 60 % (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran "responsabilidad de la Administración".

La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto "mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio" de Agricultura, del que depende la empresa pública.

Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas "irreales".

Según Velasco, se previó cubrir esa "compensación indebida" pactada "entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio", entre ellos Ramos, en los presupuestos generales del Estado de 2015.

Aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se "persistió" en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.

Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016 "a una compensación de 8 y 14 millones", asegura el juez, y las fuentes consultadas hoy han detallado que esa reducción se debió a que se rebajó en un 8 % el conjunto del presupuesto destinado en las cuentas de este año a Acuamed.

Esta investigación a Acuamed desembocó en la detención el pasado lunes de 13 personas y en varios registros a domicilios relacionados con los arrestados, entre ellos el del director general de la empresa pública.

En el domicilio de Arcadio Mateo se encontraron, según las mismas fuentes, 120.000 euros en billetes de 500 euros guardados en libros.

Según el juez, Mateo urdió desde mediados de 2014 "un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de 'presiones') para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades" para conceder contratos.

"A cambio, recibía regalos en especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía...-, a favor de diversos contratistas de obra pública".

En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea, en los que los empresarios, explica el auto, "presionaban" a los directivos de la empresa pública "para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades".

A este respecto, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, ha ordenado investigar todos los contratos de Acuamed que y "buscar en cada rincón del ministerio la mas mínima irregularidad".

Tejerina buscará "en cada rincón" del ministerio la más mínima irregularidad

En una entrevista con la Cope ha señalado que no es la primera vez que abre una investigación en su ministerio ya que recientemente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se apreció un posible trato de favor de un funcionario a una empresa y solicitó una investigación que se elevó a la Fiscalía.

"Soy la más interesada en que todo esto se aclare", ha señalado Tejerina, quien ha asegurado que en estos casos hay que ser "inmisericorde" con los que hayan cometido delito, y ha subrayado que el cese inmediato del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, fue lo más rápido que se pudo hacer.

Asimismo, ha solicitado una auditoría técnica externa para que se revise Acuamed "de arriba abajo" desde 2004, año en la que se fundó, y ha ordenado una inspección de todos los contratos del ministerio, de empresas públicas y de organismos internos con esta sociedad estatal del agua, dependiente de su departamento.

"Lo que puedo hacer es buscar en cada rincón del ministerio la mas mínima irregularidad", ha insistido la responsable de medio Ambiente.

Durante la entrevista ha explicado que las actuaciones del auto se circunscriben al ámbito de la empresa no del consejo de administración, y ha subrayado que cuando llegaron al Gobierno endurecieron y revisaron el régimen de contratación no solo de las obras adjudicadas desde el ministerio sino también para las sociedades estatales del agua.