Publicado: 18.01.2016 21:45 |Actualizado: 26.02.2016 12:25

El Supremo admite un recurso de la filial de medioambiente de Sacyr contra el decreto de autoconsumo

Empresas, asociaciones, sindicatos y consumidores llevan a los tribunales del Gobierno de Rajoy que discrimina a las tecnologías renovables

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Barrio del 22@ de Barcelona, en el Poblenou. Cluster tecnológico de la ciudad. E.P.

Barrio del 22@ de Barcelona, en el Poblenou. Cluster tecnológico de la ciudad. E.P.

MADRID.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso presentado por Valoriza Servicios Medioambientales, filial de la constructora Sacyr, en contra del real decreto 900/2015, en el que se regulan las condiciones para el autoconsumo de electricidad.

La admisión a trámite se produjo el pasado 14 de enero y afecta a un recurso en el que no solo participa Valoriza, sino también otros agentes, según indica el tribunal en un anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



El Supremo ya anunció hace apenas seis días la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra el real decreto de autoconsumo. APPA, junto a la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y CCOO, presentaron en diciembre diversos recursos ante el Supremo contra el decreto de autoconsumo al considerar que "vulnera la Constitución Española".

A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

Además, entienden que existe una "clara vulneración" de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone "unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores".