La Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz (CTM) ha presentado este martes ante la fiscalía provincial un escrito para que el ministerio público investigue si hubo una actuación policial desproporcionada en la huelga que el sector mantuvo durante nueve días para exigir un nuevo convenio con un incremento salarial conforme al IPC real. En el escrito, se denuncia el lanzamiento de 900 pelotas de goma en sólo dos días y de 800 disparos de salva en una mañana, y se adjuntan partes de lesiones de varias personas, incluida una baja laboral, a causa de la utilización del material antidisturbios.

Según ha explicado a Público el abogado de la CTM, Pedro Castilla, en el escrito se detalla lo que, a su juicio, constituye una mala praxis policial durante la segunda semana de huelga indefinida, concretamente los días 22, 23 y 24 de noviembre, jornadas en las que se produjeron fuertes enfrentamientos entre agentes de las fuerzas antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y trabajadores del metal antes de que los sindicatos CCOO y UGT y la patronal FEMCA firmasen el acuerdo que en la noche del 24 puso fin al largo conflicto.

En las dos primeras jornadas, unas de las más conflictivas de toda la huelga, las fuerzas antidisturbios, además de las pelotas de goma y los cartuchos de salva, lanzaron entre 50 y 60 botes de gas lacrimógeno cada día contra los trabajadores del metal, se asegura en el escrito presentado ante la fiscalía. En la denuncia, según el letrado, se manejan datos que fueron registrados en los propios atestados policiales con el propósito de demostrar la agresividad de los huelguistas y, por tanto, la necesidad de hacer uso de una gran cantidad de material para aplacarlos.

En la denuncia se incorporan vídeos de una tanqueta "arrasando con todo lo que encuentra a su paso", contenedores, papeleras y otro mobiliario urbano, que a su vez impactan en vehículos aparcados, asegura el abogado de la CTM. El uso de la tanqueta contra los trabajadores y su recorrido por la localidad de San Fernando y por un barrio obrero como el de Río San Pedro, en Puerto Real, fueron muy criticados por los sindicatos, organizaciones vecinales y diferentes formaciones políticas, tanto que llegó a ser motivo de una disputa dentro de la propia coalición de gobierno, verbalizada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien trasladó su malestar al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Respecto a la jornada del 23 de noviembre, el escrito presentado en la fiscalía provincial de Cádiz refiere un "uso desproporcionado de la fuerza" policial contra una manifestación en la capital gaditana, pese a que no hubo ninguna provocación previa ni lanzamiento de objetos contra los agentes, que acabaron cargando contra los manifestantes. Aquella protesta que llegó hasta la sede de la patronal del metal fue secundada por unas 5.000 personas, según los sindicatos, y por 1.500, según la Subdelegación del Gobierno, y terminó con una persona detenida y varias heridas en uno y otro bando.

Una baja laboral por una pelota de goma

La denuncia de la Coordinadora de los Trabajadores del Metal incluye partes de lesiones de varias personas que sufrieron heridas a consecuencia de las cargas policiales y el uso de material antidisturbios, una de las cuales, además, tuvo que darse de baja en el trabajo por un fuerte hematoma originado por el impacto de una bala de goma. Y también se adjuntan al escrito partes de daños en vehículos estacionados que presuntamente fueron ocasionados por la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

El lugar donde transcurrieron buena parte de los enfrentamientos entre agentes antidisturbios y huelguistas, el barrio Río San Pedro, es otro de los aspectos en los que hace hincapié el escrito de denuncia ante la fiscalía, ya que, según Pedro Castilla, la intervención policial tuvo lugar en la proximidad de centros escolares en horas cercanas al inicio de la jornada educativa y cuando los vecinos se dirigían al trabajo o a acompañar a los hijos al colegio.

Por otro lado, el escrito de la CTM denuncia el modo en cómo se llevó a cabo la detención de cinco vecinos del barrio Río San Pedro el pasado 16 de diciembre para llevarlos a declarar en comisaría bajo la imputación de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad durante las movilizaciones de la huelga del metal. Varias furgonetas se desplegaron por el barrio para detener a los investigados y una mujer aseguró que su marido había sido arrestado mientras llevaban al colegio a la hija, aunque luego la Jefatura Provincial de Policía hizo una llamativa precisión en un comunicado para afirmar que el hecho se había producido cuando el padre regresaba de haber dejado a la menor en el centro escolar.

A juicio del letrado de la CTM, esa detención vulneró el derecho a la intimidad de unas personas a las que incluso se llegó a esposar, cuando se podía haberles hecho una citación por correo para que fueran a declarar en el juzgado, tal como se hizo una semana después con otros dos investigados. "Lo único que pretendían era intentar criminalizar el movimiento y señalar a los detenidos", afirma el abogado.

Ahora, la fiscalía de Cádiz deberá decidir si admite el escrito de denuncia presentado por la CTM y abre diligencias previas para investigar los hechos que relatan sobre la intervención policial en tres jornadas de la huelga del metal o si, por el contrario, archiva el caso al no considerar que haya habido una actuación irregular de las fuerzas de seguridad del Estado.

Entre el 12 y 13 de este mes prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número de 2 de Puerto Real ocho personas por los incidentes de la huelga de noviembre, cuya defensa solicitó el archivo de las diligencias, entre otros motivos, porque los incidentes se produjeron en el marco de un conflicto laboral que, a nivel provincial, reclamaba una subida salarial y acabar con la alta precariedad y temporalidad del sector. Además, alegó que los enfrentamientos con la policía tuvieron su origen en un piquete informativo formado ante las puertas de la factoría de Navantia en Puerto Real, tras el cual se produjo "un uso desproporcionado" de material antidisturbio y un despliegue desmedido de vehículos y fuerzas policiales.

Unos días después de la declaración de los investigados por los incidentes de la huelga hubo manifestaciones en varias ciudades españolas en solidaridad con los trabajadores del metal de Cádiz y contra la represión, protestas que fueron convocadas por un gran número de entidades sindicales, políticas y sociales de diferentes partes del estado, además de CTM, como CGT, CNT, CUT, Solidaridad Obrera, mareas de pensionistas o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.