El Gobierno prepara una propuesta para reformar en profundidad el actual modelo del Consejo General del Poder Judicial en la próxima legislatura. La reforma supondría, por ejemplo, que los miembros de procedencia judicial dejarían de tener dedicación exclusiva y mantendrían durante su mandato su actividad como jueces y magistrados, según informan fuentes del Gobierno.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se encuentra ultimando la propuesta y, posteriormente, podría incluirse en el programa electoral del PSOE para las próximas generales, aunque este último extremo no ha sido decidido aún, según fuentes socialistas. La elaboración del programa se encuentra todavía en una fase muy inicial. Fuentes de La Moncloa aseguran que el titular de Justicia ha recibido el encargo del presidente del Gobierno para realizar la propuesta para la próxima legislatura.

Mayor neutralidad

El objetivo principal es sacar del debate político al CGPJ y a sus miembros. Para ello, se trata de aumentar su neutralidad, limitar la actividad política de los vocales y eliminar la capacidad de los partidos para bloquear su renovación por interés partidista. Si prosperara la reforma, los vocales compatibilizarán su actividad con la de su plaza judicial, en el caso de jueces y magistrados.

En la práctica, supondría que perderían algunas de las condiciones óptimas de su actividad vinculadas a su cargo, y que tienen que ver con medios materiales y económicos y de libre disposición. Otra de las conclusiones prácticas es que, al mantener su actividad como jueces y magistrados, tendrían limitada la posibilidad de intervenir en el debate político, como ha ocurrido en esta legislatura, y que ha sido fuente permanente de conflictos con el Ejecutivo.

Por ejemplo, la ley Orgánica impide a los jueces y magistrados 'dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial'.

La Constitución se limita a asegurar que 'la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario'. En ese estatuto, se establecería el régimen de incompatibilidades de los vocales, si prosperara la propuesta y superara todos los filtros hasta el programa electoral.

La Carta Magna establece en 20 el número de vocales, lo que limita el margen de actuación del Gobierno, que se inclinaría por reducirlo hasta 12. La Constitución asegura que 'el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión'.

La reforma afectaría a la actuación del Consejo, una vez que termina su mandato de cinco años, para evitar que ninguno de los dos partidos pueda bloquear su renovación. En este momento, por falta de acuerdo entre los partidos, los vocales llevan más de un año en sus puestos sin que esté tasado su cese si antes no son nombrados los sustitutos.

Limitación de funciones

Para ello, una vez cumplido el mandato, el Consejo quedaría reducido a una comisión permanente, que no podría tomar más decisiones que las de trámite. Es decir, los vocales que quedaran en funciones no podrían hacer nombramientos en la carrera judicial, ni realizar informar sobre proyectos de ley, ni aplicar el régimen disciplinario, más allá de cuestiones urgentes. El Gobierno considera que el Consejo ha funcionado durante esta legislatura como prolongación de la actividad del PP y, por eso, el principal partido de la oposición se ha negado a su renovación.