La sentencia del 11-M comienza a remover algo más que los cuarteles generales de los partidos políticos. Enciende también un segundo bucle judicial, el de los ofendidos y vencedores del proceso contra los ofensores y derrotados.

La comba contra los conspiranoicos ya la ha movido el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo (30.000 afiliados). Ayer, el secretario general de la central, José Manuel Sánchez Fornet, descubrió la estrategia: el SUP demandará a todos los que dudaron del trabajo policial tras la masacre de marzo.

La central no esconde los nombres de las presas que quiere lidiar. Sánchez Fornet, en conversación con Público, desveló que el sindicato enfilará a Ignacio Astarloa —secretario de Estado de Seguridad en 2004 y actual secretario de Justicia del PP—, Jaime Ignacio del Burgo, diputado conservador; Federico Jiménez Losantos, locutor estrella de la Cope; Luis del Pino, periodista y promotor del movimiento Peones Negros, y Fernando Múgica, principal agujerólogo del diario El Mundo.

“Lo tenemos clarísimo”, arranca el líder del SUP. “Queremos limpiar el nombre de la Policía porque se nos ha dicho de todo. Que éramos encubridores, cómplices, inductores. Que incluso policías progresistas del sindicato habían sido los autores de la matanza. Todos ellos comparten una actitud miserable y mezquina hacia nosotros”.

Decisión vieja

Fornet explica que ya en junio de 2005 la ejecutiva del SUP decidió emprender acciones legales contra los autores de las “injurias”. Ahora, en 2007, con la sentencia del 11-M en la mano, sólo quedaba hacer.

El gabinete jurídico del sindicato estudia qué fórmula es la más viable para, “en dos o tres semanas”, presentar la denuncia o querella en los juzgados. Si ese primer paso fuese rechazado, el SUP se planteará recurrir a la vía contencioso-administrativa para que el Ministerio del Interior, a través del abogado del Estado, se persone en la causa. La central, en paralelo, intentará forzar el respaldo a su iniciativa en el seno del Consejo de Policía, órgano paritario de agentes y Administración. Pero ahí el sindicato rival, la Confederación Española de Policía (CEP), coaligada con la Unión Federal de Policía (UFP), dispone de mayoría. “Claro que si ellos [la CEP-UFP] se quieren suicidar y no defender a sus afiliados...”, musita Fornet.

¿Acebes y Zaplana? “Puede”

El SUP piensa en “llegar hasta el final”, con todas las consecuencias. Esa desembocadura podría incluso alcanzar a los hoy números dos y tres del PP, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, entonces en el Gobierno de José María Aznar. “Sólo queremos justicia, de modo que les incluiremos si es necesario”. Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo, director y vicedirector de El Mundo, puede que no se libren tampoco de la quema, aunque “han sido más inteligentes, sutiles”.

Fornet hace la precisión minutos después de auscultar el “dolor” que produjeron en la Policía las repetidas acometidas de Astarloa en los últimos tres años. “Él tenía toda la información, toda. Todos los mandos policiales eran de su confianza. Socialista, ninguno. De que no hubiera traductores [de árabe], por ejemplo, sólo él era el responsable. ¿Por qué dudó de nosotros?”.

La indignación asciende imparable. En la Policía quieren huir de la mancha untada por los conspiranoicos.