Publico.es

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera que "resulta sospechosa" la desviación presupuestaria que acumula el complejo arquitectónico de la Cidade da Cultura. El proyecto ideado por el Ejecutivo autonómico del ex presidente Manuel Fraga iba a costar 108 millones de euros en 2001.

Hoy se habla de un presupuesto superior a los 400 millones. "La Fiscalía no puede dar por buenas según qué cosas", dice José Ramón Piñol, portavoz de este organismo. Han decidido recurrir el archivo de la denuncia interpuesta por el sindicato nacionalista Converxencia Intersindical Galega (CIG) para que se investigasen las obras.

La CIG solicitó en agosto una investigación judicial sobre las desviaciones y los manejos presupuestarios de la Cidade da Cultura. Aportó como material para la investigación un informe hecho por el organismo que fiscaliza las cuentas públicas en Galicia, el Consello de Contas.

La denuncia fue archivada el pasado viernes. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago consideró que la vía penal no es la adecuada para llevar adelante el proceso. "Hay que desarrollar una investigación profunda, seria y pormenorizada de los aspectos relativos a la obra, su adjudicación y el gasto", estima José Ramón Piñol. En su opinión, sería "dejación de funciones" que la Fiscalía no actuase ante un caso como éste. Han presentado un recurso de reforma a la decisión de la juez.

La historia es sabida. En febrero del año 2001 comenzaron las obras de un proyecto que buscaba un "efecto Guggenheim" para Galicia. Se trataba de hacer un megacomplejo arquitectónico denominado Cidade da Cultura. Los antiguos responsables del proyecto dicen que la desviación es normal y la atribuyen, en todo caso, al arquitecto, el estadounidense Peter Eisenman.

Irregularidades

El PP insiste en que hasta ahora nadie ha detectado ninguna "irregularidad". Políticamente, el debate camina por otros fueros. La Fundación que gestionaba las obras tenía tres personas contratadas como personal de "alta dirección", dos de ellas familiares de destacados miembros del PP gallego. La tercera, el responsable financiero de la entidad, es el cuñado de Mariano Rajoy, Manuel Fernández Balboa.

"Si se trató de una estafa, sería la estafa más grande de la que tengamos noticia en la historia de la autonomía de Galicia", explica el fiscal y portavoz Piñol. En su opinión, "no resulta muy creíble" que se puedan cometer "errores", al elaborar un presupuesto, que impliquen desviaciones de la magnitud de las acumuladas en la Cidade da Cultura. "Podría haber situaciones que justifiquen una desviación del 10, del 20 o del 30%, o más si pasa algo importante, si se hunde algo, por ejemplo", explica, "pero resulta sospechosa una desviación" del 300%.

José Ramón Piñol llamaba ayer a la prudencia. Quizás consciente de que sus palabras podrían ser utilizadas para avivar el debate político en Galicia, insiste en que sólo se trata de saber por qué "no se acomoda la divergencia entre lo previsto y lo que se va a gastar al final". Y deja claro que, "si las actuaciones fueron de buena fe, no serían punibles".

Recuerda, eso sí, que "cualquier familia hace su presupuesto y puede haber un margen de error", pero el 300% le parece exagerado. El ex presidente Manuel Fraga y el actual líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijoo, comparecerán hoy ante la comisión del Parlamento de Galicia que investiga lo sucedido. Quizás sus palabras aporten más luz sobre el caso.