Ha solicitado que se condene al pago de las costas al sacerdote Francisco Javier Martínez por acusar sin fundamento al obispo de injurias, calumnias, acoso moral, lesiones y coacciones

La Fiscalía ha reiterado hoy su petición de absolución del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, basándose en que ha sido la única víctima de un caso que le ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados en un proceso 'insólito y único en España', lo que ha lamentado.

Durante la exposición de sus conclusiones también ha solicitado que se condene al pago de las costas por 'temeridad y mala fe' a la acusación particular, ejercida por el sacerdote Francisco Javier Martínez Medina, quien denunció al arzobispo por injurias, calumnias, acoso moral, lesiones y coacciones y pide por ello la imposición de una multa.

El fiscal ha señalado que ninguna de las pruebas practicadas ni los testimonios aportados en el caso demuestran la culpabilidad de Martínez, de quien ha dicho que sí ha podido sentir el 'acoso, vejación y humillación' que aseguró haber sufrido el cura querellante.

También ha destacado la 'absoluta ausencia' del ánimo o voluntad tendenciosa de hostigamiento que le imputa la acusación y ha defendido que la actitud del arzobispo hacia el sacerdote respondería en cualquier caso a 'una actitud disciplinaria dentro de una organización que en ningún caso pudiera valorarse en la jurisdicción penal'.

'No es ésta la jurisdicción para valorar las medidas que se tomaron', ha añadido el fiscal, quien ha manifestado que los cargos de los que fue destituido el clérigo querellante eran 'de confianza', por lo que el arzobispo podía destituirlo una vez perdida esa confianza, de forma que su único delito habría sido 'ejercer su ministerio dentro de su iglesia'.

El acusado ha defendido su libertad de actuación 

Estos términos avalan la postura de Martínez, quien durante el juicio defendió su libertad de actuación como responsable de la Diócesis así como que un juzgado de lo penal no era el adecuado para dirimir una cuestión relativa a la organización y funcionamiento de la Iglesia.

El ministerio público también ha argumentado que todas las medidas emprendidas por el arzobispo 'fueron llevadas a cabo con legalidad, en uso del ordenamiento canónico y con posibilidad de defensa del sacerdote'.

También ha insinuado que pudo ser Medina quien diese publicidad a todo lo ocurrido y no el arzobispo, y ha considerado que ninguna de las acciones del prelado tuvo consecuencias negativas en la carrera profesional del cura.

Además, ha advertido de que, en el caso de que Martínez hubiera calumniado al querellante, el delito habría prescrito al cumplirse más de un año de su supuesta comisión. Sobre las críticas del letrado de la acusación particular a la postura del fiscal durante el juicio, ha apuntado que 'la defensa de la legitimidad jamás puede sustraerse al ministerio fiscal'.