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Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional. - JOSÉ RAMÓN LADRA

"Es muy preocupante. Todo empieza cuando se trata de convertir el Tribunal Constitucional en tercera Cámara para que resuelva por la vía de inconstitucionalidad planteamientos políticos y de enfrentamiento natural entre partidos y, ante la perspectiva de no obtener el resultado previsto, se inicia una estrategia de ruptura del tribunal", señaló hace unas semanas el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en estas mismas páginas.

No iba desencaminado. El PP está utilizando el alto tribunal, junto a las dos Cámaras, para ejercer su férrea oposición. En estos cuatro años, los conservadores han presentado 23 recursos de inconstitucionalidad, aunque algunos no prosperaron y no llegaron a ser admitidos a trámite.
Pero su significado no es tanto por el número de recursos, que son bastantes, como por lo que suponen. Las impugnaciones del PP afectan a las leyes esenciales que se han aprobado durante esta legislatura. La Ley de Igualdad, la de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el Estatuto de Catalunya y hasta el Real Decreto con el que el Gobierno socialista derogó su Plan Hidrológico Nacional son algunos de ellos.

Aunque, en este tiempo, el Ejecutivo socialista ha aprobado 147 leyes, si el TC le diese la razón al PP, Zapatero vería como sus principales estandartes caen por tierra.

Guerra de recusaciones

Sin embargo, ahora mismo el tribunal está envuelto en un follón distinto, tratando de resolver el intercambio de recusaciones formuladas por el Gobierno y el PP, en el que ha resultado el recurso más polémico de los interpuestos por este partido.

Se dirige contra los apartados 1 y 3 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regulan la designación de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos y la prórroga del mandato de la Presidencia del Alto Tribunal. Para Astarloa, con este último, se vulnera "frontalmente y sin género de dudas" los artículos 159 y 160 de la Carta Magna, por eso lo recurrió el pasado 27 de julio.

De la resolución de la crisis suscitada por las recusaciones depende el futuro de todas estas leyes cuestionadas, porque de cómo se solvente el conflicto se obtendrá un nuevo equilibrio de fuerzas en el alto tribunal entre el sector conservador y el progresista.

No obstante, es posible que hoy mismo se empiece a ver la luz al final del túnel. El Pleno del alto tribunal se reunirá para estudiar las recusaciones presentadas por este partido contra los magistrados Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala. A pesar de las tres veces en las que el PP pidió que se acumularan a las del Gobierno, dirigidas contra Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, el presidente en funciones, Vicente Conde, decidió convocar el Pleno para estudiar sólo las que se presentaron en último lugar, lo que parece indicar que serán rechazadas de plano. Los argumentos del PP para sostenerlas se reducen a una noticia periodística que seis magistrados han negado en un escrito, por lo que no deberían prosperar.

Los más polémicos

Sin duda alguna, al PP lo que más le interesa es que se resuelva primero el tema del Estatuto catalán. De hecho, en repetidas ocasiones, le han pedido al Constitucional que se pronuncie con carácter "prioritario y urgente". A Rajoy le gustaría que su dictamen se conociera antes de las elecciones generales para que los ciudadanos pudieran "ir a votar con conocimiento de causa", pero es improbable que les llegue la respuesta. El líder de la oposición decidió recurrir la reforma catalana por su intervencionismo y bilateralidad. En opinión del PP, se trataba de una "Constitución paralela".
En cualquier caso no es lo único que les gustaría que se resolviera para antes de los comicios de 2008. Otra de las cosas que les quita el sueño es el tema de las listas paritarias. Los dirigentes conservadores también impugnaron el pasado mes de junio la Ley de Igualdad, en lo que se refiere a la obligación que impone a los partidos políticos presentar listas electorales que no incluyan más del 60% ni menos del 40% de personas de un mismo sexo. En el PP consideraron que la intención de proteger a la mujer y de igualarla al hombre, que era el fin que se perseguía con esta ley, no justificaba esta medida que les pareció "desproporcionada".
No obstante, basándose precisamente en esa ley, que después impugnaron, recurrieron alrededor de 50 listas electorales que concurrían en las anteriores elecciones de otras formaciones, sobre todo socialistas.

Matrimonio homosexual

Ahora bien, por lo que muchos en el PP están realmente intrigados es por saber cómo se resuelve el recurso sobre los matrimonios entre homosexuales. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso llegó a encontrar hasta ocho motivos de inconstitucionalidad. A lo largo de 73 folios, señalaron que para lograr la "finalidad legítima" que se perseguía con la reforma existían "fórmulas adecuadas sin necesidad de originar la ruptura de la Carta Magna".

Entre los primeros recursos que presentó el PP figuraba uno contra el Real Decreto que derogó el Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado por la mayoría absoluta del Gobierno de Aznar. Lo hicieron los conservadores de la Cámara Alta por considerar que "el Senado es una cámara territorial que garantiza la cohesión en todo el territorio nacional y el PHN es una obra que afecta a muchas Comunidades autónomas".
Aquello fue en el 2004 y, desde entonces, el goteo ha sido incesante. En el 2005, hubo seis recursos; en el 2006, 10; y, en lo que va de año, llevan cuatro.

El partido de Rajoy recurrió, por ejemplo, los presupuestos generales de 2005 por "vicios de inconstitucionalidad"; la ley que imponía la mayoría de tres quintos en el Poder Judicial para realizar ciertos nombramientos por producir "una parálisis absoluta"; la ley vasca de aguas por "invadir competencias"... Se ha mostrado contrario a la ley audiovisual catalana, al traslado de documentos del Archivo de Salamanca... Le han echado horas a analizar cada caso y a darle cumplida justificación.

Entre los últimos recursos se cuenta uno a la Ley Orgánica de Universidades porque, a su juicio, no garantiza la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las titulaciones y en los sistemas de acceso de nuevos docentes universitarios.