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Rajoy, en una imagen de archivo. EFE - EDU PARRA

Mariano Rajoy desoyó la opinión de destacados dirigentes de su partido y dio, finalmente, el visto bueno a la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional, según fuentes del PP.

La operación se ha saldado con un sonoro fracaso político al ser rechazada de plano la triple recusación y al quedar en evidencia la intención de bloquear el alto tribunal. El día 24 de octubre, en las proximidades del Congreso, se reunieron a comer en torno a Rajoy destacados dirigentes del PP. Según varios asistentes, se puso sobre la mesa la posibilidad de responder a la doble recusación planteada por el Gobierno.

La del Gobierno se basaba en el contenido de una carta en la que dos magistrados conservadores vertían su opinión contraria a la reforma de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Es decir, había una prueba concreta de ese juicio previo al recurso del Partido Popular contra esa norma. Uno de los asistentes a la comida aseguró que desde el propio Tribunal se les había informado de que tres magistrados del llamado bloque progresista participaron en una reunión en la que se trató de esa ley y emitieron también un juicio previo.

La filtración

Se dijo que, dado que la reunión se produjo en junio, era preciso filtrar la reunión y esperar a su publicación en un periódico para aportar la noticia como prueba y evitar que fuera rechazada por extemporánea.

Los más firmes defensores de presentar la recusación fueron, sobre todo, el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, y la responsable de Política Autonómica, Soraya Saénz de Santamaría, según varios asistentes.

En contra intervinieron el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana; el secretario general del Partido Popular, Angel Acebes, y el responsable de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa. Básicamente planteaban que suponía quebrar el discurso del partido contra las recusaciones planteadas por el Gobierno por suponer la instrumentalización del Constitucional y, además, había serias dudas sobre la posibilidad de que saliera adelante.

En la reunión se trasladó la petición formulada desde dentro del TC para que el hipotético escrito del PP pidiera expresamente la acumulación de las recusaciones con las del Gobierno para neutralizar éstas, forzando el bloqueo del tribunal.

Rajoy, fundamentalmente escuchó como suele hacer, pero finalmente decidió inclinarse por quienes querían que se presentara la recusación. A media tarde se pusieron en marcha tres gestiones: se filtró la información sobre la supuesta reunión en el TC, se ordenó la recogida de firmas entre los diputados y se empezó a redactar el escrito de recusación.

Intervención decisiva

El escrito lo elaboró el ex ministro y portavoz en la Comisión Constitucional, Federico Trillo, que es quien finalmente ha llevado todo el asunto hasta el final.

Trillo ha intervenido decisivamente en otros recursos ante el TC como los del Estatuto de Cataluña, la ley de matrimonios homosexuales o la Ley de Igualdad. Algunos de esos recursos tampoco tuvieron la unanimidad de la dirección del partido.

Sobre las 17 horas el secretario Técnico del Grupo Popular, Teófilo de Luis, fue convocando a los cincuenta diputados del PP para que firmaran en el despacho de Rajoy y en ausencia de éste, el escrito de recusación basado en la información que se iba a publicar al día siguiente.

En evidencia

Un día después de la reunión, en Público se avanzaba la decisión del PP de recusar a tres magistrados y en El Mundo aparecía una información sin firmar titulada "Tres jueces del TC anticiparon su acuerdo con la ‘enmienda Casas. Tremps, Aragón y Sala expresaron su opinión en una reunión con la presidenta".

Al quedar en evidencia la maniobra, durante el día se barajó la posibilidad de dar marcha atrás en la recusación, pero, finalmente, Rajoy ordenó que se presentara la petición de impugnación.

El escrito provocó malestar en el TC, incluso entre los magistrados conservadores, según fuentes del Constitucional. De hecho, la posición de algunos miembros de ese sector, desmintiendo la información que dio lugar a la recusación, ha sido decisiva para que se rechazara finalmente de plano el intento de apartar a tres magistrados progresistas.

Fuentes del PP aseguran que, una vez rechazada la recusación, se estudia cómo mantener la batalla que, finalmente, tiene como objetivo las principales leyes aprobadas esta legislatura.

Algunas fuentes no oficiales aseguran que se ha barajado la posibilidad de que los dos magistrados conservadores recusados por el Gobierno, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, acudan al Tribunal Supremo si no se rechaza la impugnación planteada por el Ejecutivo.

Fuentes del Tribunal Constitucional explican que la diferencia es que la del Gobierno es veraz porque se basa en una carta que constituye una prueba material, independientemente de que luego pueda estimarse que es motivo suficiente para apartar a dos magistrados.