El presidente del PP, Mariano Rajoy, se escudó ayer en que no tenía 'datos ciertos' sobre la detención del alcalde de la localidad murciana de Totana, José Martínez Andreo, para evitar pronunciarse sobre los arrestos que se han producido en Galicia, Murcia y Madrid por una presunta trama de corrupción urbanística. 

El jefe de la oposición, que se encontraba en Ourense, se mostró dispuesto a colaborar 'al máximo' con la justicia. Rajoy hizo estas declaraciones a primera hora de la mañana y, a partir de entonces, no se volvió a referir al tema.

Desde el PP explican que ayer tuvo una agenda muy apretada -estuvo con una asociación de empresarios, visitó las obras del Río Miño, asistió a una comida-mitin- y que no era ni el momento ni el lugar para abordar esta cuestión.

Eduardo Zaplana sí lo hizo. Para el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, 'si se puede hablar de corrupción generalizada, no es en el PP bajo ningún concepto'.

Para Zaplana, 'ni de generalizada, ni sin generalizar', insistió ante los periodistas que le preguntaban sin cesar en el Congreso.

El portavoz tampoco tenía 'ni idea' de lo ocurrido y se remitió al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Eso sí, Zaplana aprovechó para recordar que 'son otros los casos de corrupción generalizada', los que 'desgraciadamente' se han conocido en la historia de España, refieriéndose a la última etapa de Gobierno de Felipe González.

Prudencia

Para Gabriel Elorriaga hay que ser 'prudentes'. El secretario ejecutivo de Comunicación del PP reconoció no disponer de información para hacer una valoración política y remarcó que, en cualquier caso, la posición del PP será la de 'respeto total a la acción de los jueces'.

Hasta Ramón Luis Valcárcel, presidente del Gobierno y del PP de Murcia, declinó hacer comentarios sobre la Operación Tótem y se remitió al comunicado oficial de su partido. Lamentó la falta de información oficial y explicó que cuanto sabía del caso era por los medios de comunicación.

En un comunicado, el PP murciano expresaba su 'tolerancia cero' ante conductas de sus cargos públicos que se demuestren irregulares y exigía 'rigor y respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos con independencia de su afiliación política'. Además, aseguró que actuará de 'manera contundente, facilitando las investigaciones que fueran precisas para que prevalezca la verdad de los hechos'.