La memoria de la Palma del Condado, pequeño municipo de la provincia de Huelva, recuerda que en 1936 los mineros de Riotinto bajaron al pueblo y de un bombazo mataron a 16 personas de derechas, que estaban en la cárcel. Tiraron sus cuerpos destrozados a una fosa común en el cementerio. Pocos días después, cuando el bando nacional dominó la zona, sacaron los restos y les dieron sepultura católica en el cementerio. Y en venganza, el silencio cayó sobre el pueblo, que “sólo escuchó disparos de los fusiles”.  

A tantos mataron –se calcula que en la fosa hay enterradas entre 100 y 200 personas– que, incluso un guardia civil, según relato que circula en el pueblo, le espetó a un vecino que había denunciado a varios rojos: “¿Tanta gente ha matado a tu padre?”.  Los rojos, al contrario que los nacionales, siguen en el limbo de una muerte anónima y sin digna sepultura. En el pueblo les decían “los pobrecitos”, sin nombrarlos.

Ahora, en los terrenos cercanos a esa fosa común de la guerra, avanza, amenazante, la edificación de una promoción de un centenar largo de viviendas. En septiembre de 2006, Ignacio Ávila, de Juventudes Socialistas, y Rafael López, de la Asociación Memoría Histórica y Justicia de Andalucía, presentaron un escrito en el ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, en el que le reclamaban medidas “para evitar que la fosa sea destruida y los restos se arrojen al vertedero”. También pedían la exhumación de los restos para enterrarlos en el cementerio nuevo de la localidad. “En ningún caso van arriba viviendas”, aseguró ayer a Público Manuel García Félix, teniente de alcalde de La Palma. Lo que se prevé es la construcción de un parque sobre la fosa, según el ayuntamiento. “No se va a mover nada. No se va a llevar al vertedero ningún resto”, agrega García Félix.

Lo que quiere la asociación Memoria Histórica es que se lleve a cabo una cata en el terreno y se vea la posibilidad de exhumar los cuerpos. A esto se han negado hasta ahora el ayuntamiento y el promotor y el contructor, Alfonso Garrido y José Antonio Lagares, en varias reuniones mantenidas para resolver el conflicto.

Ley de memoria histórica

En breve plazo entrará en vigor la ley de memoria histórica, ya aprobada por el Congreso de los Diputados, lo que da esperanzas a Rafael López e Ignacio Ávila de dignificar la memoria de los represaliados. “Se presentará una denuncia en el juzgado en cuanto entre en vigor la norma”, asegura López. “El ayuntamiento, según la ley,  debe ayudar a dignificar el lugar”, remacha.

¿Habría algún problema en que se paralizase la construcción durante un tiempo para exhumar los cuerpos? “Estamos abiertos a cualquier posibilidad dentro de la lógica, la legalidad y el respeto a la historia”, afirma el teniente de alcalde. ¿Contemplan la posibilidad de colocar una placa en homenaje a los muertos y desaparecidos? “Somos un equipo de gobierno dialogante y dispuesto a consensuar las cosas. Pero no queremos que el dolor se politice y se manipule”, responde García Félix.  Así de vagas son las respuestas mientras las grúas proyectan su amenazadora sombra de desmemoria sobre la fosa común de La Palma del Condado.