Concejales de al menos cinco juntas de distrito y un alto cargo de la Comunidad de Madrid podrían estar implicados en la trama de corrupción del ‘caso Guateque', según la documentación que manejan el juez de instrucción Santiago Torres y el equipo de Policía Judicial que el pasado 12 de noviembre destapó el escándalo.

En los próximos días, el juez Santiago Torres, titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid, tomará declaración en calidad de imputados a estos nuevos presuntos implicados en la trama.

Torres pondrá así en entredicho las palabras del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, quien dos días después de iniciarse las primeras detenciones de la ‘Operación Guateque' afirmó que en la trama 'no figura ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación'.

La documentación que está siendo objeto de análisis, procede de tres fuentes. Por una parte, decenas de anónimos recibidos en el último mes y medio tanto en el juzgado de instrucción número 32 de Madrid como en las dependencias de la Unidad Central de Policía Judicial. En ellos, ciudadanos anónimos han relatado por escrito o por teléfono, hechos concretos de presuntas extorsiones, cohechos y prevaricaciones de altos funcionarios públicos.

Otra gran parte de la información ha llegado a manos del juez a través de declaraciones voluntarias y secretas de funcionarios conocedores de la trama o implicados muy tangencialmente que han considerado que su testimonio podría redimirles de verse envueltos en la ‘operación Guateque'.

Funcionario apartado

Por último, gran parte de la documentación, tal vez la más precisa, procede de las testificaciones ordenadas por el juez a funcionarios del entorno de los posibles nuevos implicados en la trama, así como de los nombres aparecidos en las conversaciones telefónicas interceptadas.

Entre estas declaraciones figura, por ejemplo, el testimonio de un técnico municipal que fue apartado de sus funciones por negarse a acatar la 'indicación' de su concejal de priorizar la extensión de licencias a una serie locales de su distrito.

Este funcionario ha pedido a este diario que no haga público su nombre. Los hechos ocurrieron en la Junta Municipal de Carabanchel.

Toda esta documentación, según fuentes directas de la investigación, ha colocado en el punto de mira a al menos cinco concejales de distintas juntas de distrito y a un alto cargo de la Comunidad de Madrid.

En el caso de este último, y a la espera de concretar los datos de la investigación, sus presuntas actividades delictivas no implicarían necesariamente a la estructura de la institución que preside Esperanza Aguirre, ya que hasta donde alcanzan las pruebas de que se dispone hasta el momento se trataría de actuaciones delictivas realizadas 'en su etapa de funcionario municipal'.

Por otra parte, la investigación se desarrolla también en el ámbito externo a las instituciones públicas, y más concretamente en al menos cinco despachos de abogados y técnicos excedentes del ayuntamiento, así como de ingenieros y arquitectos que estaban allí pluriempleados por las tardes y que han venido actuando como intermediarios entre los funcionarios y los pagadores en la agilización de las licencias o en el retraso de las sanciones impuestas por el Ayuntamiento.

No se trata de despachos en los que los funcionarios figuraban como socios, apoderados o administradores de esas sociedades. Los investigadores han detectado que en este otro tipo de despachos, que en la jerga del ‘caso Guateque' son conocidos como los conseguidores, figuran como socios familiares y amigos de los presuntos implicados en la trama, sin que estos aparezcan en las escrituras del Registro.

Las pistas al respecto las habría facilitado, en su declaración ante el juez, uno de los funcionarios adscrito al departamento de Zonas Protegidas del Ayuntamiento y que hoy se encuentra en libertad con cargos.

El ‘modus operandi'

El funcionamiento de estos despachos es sencillo. El funcionario de turno, en lugar de pedir directamente el dinero a los dueños de los locales que solicitaban su licencia, les decía que él no podía hacer nada, pero que conocía un despacho de Madrid donde se lo arreglarían enseguida.

La información precisa sobre estos despachos procede también de las anotaciones hechas en las libretas y agendas que manejaban los funcionarios hasta ahora imputados en el ‘caso Guateque'.

Más allá de anotar los números telefónicos de sus distintos contactos o de almacenarlos en sus teléfonos móviles, varios de ellos disponían de libretas en las que anotaban con detalle lo cobrado a cada comerciante y el concepto, así como el porcentaje de beneficio que correspondía a cada parte, incluida la comisión de los conseguidores.