Hay 24 funcionarios detenidos, cinco en la cárcel, seis en libertad bajo fianza, registros... Ya se han asestado dos golpes a la trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid y, por lo visto, no será el último. El caso no ha hecho más que empezar.

La 'operación Guateque' continúa provocando sobresaltos, sobre todo en el PP donde tanto su presidente como buena parte de sus compañeros de partido se afanan en defender a Alberto Ruiz Gallardón.

Primero porque, dicen, ha colaborado con la justicia desde el primer día. Y, segundo, porque afecta a empleados públicos y no a dirigentes políticos. Por eso la mayoría cree que no se le tiene que exigir ninguna responsabilidad política.

Aunque unos pocos dudan. No saben si se debería haber producido ya 'algún cese' y si deberían existir mayores controles.

Bajo secreto de sumario

Lo más relevante de esta historia ha sido, sin embargo, conocer la noticia de que el vicealcalde, Manuel Cobo, mantiene contacto teléfonico permanente con el juez Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid e instructor de la investigación.

Además, se ha sabido que pocos días antes de acometerse la segunda fase de la operación ambos estuvieron comiendo juntos.

El encuentro ha sorprendido incluso dentro de su propio partido, donde algunos no comprenden que exista esa relación tan estrecha.

Nadie sabe cuál ha sido el contenido de sus conversaciones pero no les parece procedente porque, recuerdan, se ha decretado el secreto del sumario y, en un principio, no está previsto que se levante hasta el mes de enero o ya pasadas las elecciones.

En cualquier caso, cualquier tipo de información sólo le corresponde saberla al fiscal.

Ante este tipo de insinuaciones, fuentes del Ayuntamiento madrileño aclaran que es lógico que exista esta comunicación porque se trata de 'una operación conjunta'. De hecho, recalcan que la policía municipal está colaborando en las detenciones.

Desde que comenzó esta actuación, el pasado 14 de noviembre, tanto el alcalde como su mano derecha parecen siempre al tanto.

Sus máximos colaboradores comentan que Cobo es la persona designada para ocuparse de este asunto y que no comenta detalles. A su favor, algunos cargos del PP explican que su implicación puede servir para facilitar la tarea del magistrado.

A pesar de la tranquilidad que muestran Gallardón y Cobo, la tensión municipal aumenta. El PP a nivel nacional espera que el asunto se esclarezca y llegue hasta sus últimas consecuencias.