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Los jueces apuntan al equipo de Trillo en el caso Yak-42

ALICIA GUTIÉRREZ

En un sonoro varapalo al juez Grande-Marlaska, que coloca de nuevo al PP a los pies de los caballos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto en el que ordena reabrir la investigación judicial sobre el accidente del Yak-42 en lo relativo a la contratación del avión. En el accidente, fallecieron 62 militares en Turquía cuando el 26 de mayo de 2003 regresaban de Afganistán.
La Audiencia, que da así la razón a los familiares de las víctimas, no duda en afirmar que el juez Fernando Grande-Marlaska, instructor del caso, se precipitó al dar carpetazo a la investigación y vulneró el derecho de los denunciantes a la tutela judicial efectiva. Y, sobre todo, sitúa en el ojo del huracán al ex ministro de Defensa y hoy cabeza de lista del PP por Alicante, Federico Trillo, al subrayar que 'las personas que pudieran ser responsables del Ministerio' conocían las circunstancias 'incómodas, penosas y en ocasiones ciertamente peligrosas' en que se realizaban los viajes. 'Sin que, pese a ello -golpea la Audiencia-, se hiciera lo necesario para disminuir el riesgo'. El vuelo, precisa el auto, era 'ilegal'.
¿Qué pasó con el dinero?
El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Fernando Bermúdez, presidente de la Sala, pone así el dedo en la llaga del informe elaborado a petición de Trillo por el coronel auditor Ricardo Fortún, cuya redacción concluyó en diciembre de 2003. Ese informe acreditaba, y así lo recuerda la Audiencia, que antes del accidente habían existido 'incluso quejas del propio Yakolev 42 siniestrado'. Algunas de esas quejas se referían a 'graves carencias de seguridad' en las aeronaves de esa serie, entre ellas, cita el auto, defectos en el tren de aterrizaje y 'peligrosidad por la mala distribución de la carga'.
La resolución de la Audiencia aborda uno de los puntos más oscuros del caso: el dinero. Porque la Sala de lo Penal diagnostica que el desfase entre lo pagado por España (140.000 euros) y lo percibido por la subcontrata UM Air, que finalmente se hizo cargo del vuelo (39.000 euros) 'puede ser objeto de investigación'. ¿Sobre qué? 'Sobre el control de las finanzas destinadas por Defensa al transporte de las tropas españolas destacadas en el exterior'.
Frente a la tesis del equipo de Trillo respecto a que España había quedado al margen de los vuelos tras el acuerdo marco suscrito por el Estado Mayor Conjunto (Emacon) y la Otan, el auto sostiene lo contrario: hay obligaciones 'emanadas del vínculo de derecho entre el Estado con sus militares que debe examinarse en la investigación judicial por si las mismas han sido violadas'

'Grande Marlaska se excedió'

Como 'una excelente noticia'. Así recibió ayer el auto de la Audiencia el presidente de la asociación de familiares de víctimas del Yak-42, Pacho González Castilla, hermano de uno de los fallecidos. 'La justicia empieza a actuar después de las trabas que se nos han puesto', dice apuntando con el dedo a Grande-Marlaska y a su antecesora en el juzgado central de instrucción número 3, Teresa Palacios.
Ya en 2004, la Sala de lo Penal obligó a Palacios a proseguir la investigación. Ahora, y así lo recuerda González Castilla, se repite la escena. 'Grande-Marlaska -espeta González Castilla- se extralimitó en sus funciones de instructor al dar por hecho que no había delito sin tener elementos suficientes de juicio'.
Los familiares, que asistieron atónitos a una instrucción sin imputados y respiraron con alivio cuando a última hora el fiscal se sumó a su petición de reapertura de investigaciones, esperan que a este auto le suceda otro de signo idéntico: en este caso, el planteado después de que, en noviembre, Marlaska diera también carpetazo a la pieza separada abierta por la errónea identificación de cadáveres. En lo relativo a la contratación del avión, las familias habían pedido la imputación del ex secretario de Estado de Defensa Fernando Díez Moreno.
Ayer, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se limitó a expresar su respeto al auto y su apoyo a las familias. El diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa, vicepresiente segundo de la Comisión de Defensa del Congreso en la recién concluida legislatura, desenfundó el hacha para acusar al Gobierno de 'utilizar' a la Justicia para hacer una'manipulación obscena y repugnante' de la tragedia del Yak por razones electorales. D

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