La vicepresidenta primera del Gobierno anunció ayer en rueda de prensa la principal resolución del Consejo de Ministros de ayer y, probablemente, una de las más importantes de la legislatura: la autorización del Ejecutivo a la Abogacía del Estado para que inicie los trámites de ilegalización de las formaciones abertzales Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por su presunta vinculación con la ilegalizada Batasuna y, en último término, con la banda terrorista ETA.

El Gobierno ha tenido acceso a los informes proporcionados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al juez tras levantar éste el secreto de sumario y considera que, a través de ellos, 'ha quedado acreditado que estos partidos políticos y Batasuna son la misma cosa, desde el punto de vista político y financiero', aseguró ayer María Teresa Fernández de la Vega.

La ilegalización de ANV y PCTV les impedirá concurrir a las próximas elecciones generales del 9 de marzo, tal y como ocurrió con Batasuna, cuya ilegalización llegó con la sentencia de la sala del artículo 61 del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003 y vetó su participación en los comicios de 2004.

Dos mecanismos

La vicepresidenta explicó que la ilegalización de ANV y PCTV se realizará a través de dos mecanismos: la Ley de Partidos -el servicio jurídico del Estado y la Fiscalía interpondrán sus demandas la próxima semana ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo- y la Ley Electoral -a través de la impugnación de listas, trámite que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional hasta el 21 de febrero-. Asimismo, de la Vega indicó que, si es necesario, ' se tomarán medidas cautelares' para impedir que, si no hubiera sentencia, ANV y PCTV puedan ir a las urnas el próximo 9 de marzo.

La vía de la Ley Electoral está activada desde que se convocaron las elecciones generales del 9-M y ayer, el Gobierno puso en marcha el mecanismo de la Ley de Partidos al dar al Abogado del Estado todas las autorizaciones para que ejerza las acciones para la ilegalización de las dos formaciones, ya sea mediante la presentación de una demanda o un incidente por ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna.

Asimismo, De la Vega señaló que el Gobierno había autorizado a los servicios jurídicos del Estado para que impugnen y eliminen 'las candidaturas o agrupaciones de electores que se pudieran presentar vinculadas a cualquiera de las dos formaciones'.

Por último, y para que no quede ni un 'hueco' que permita a ANV y PCTV presentarse el 9-M, 'si se da un supuesto distintos de los anteriores, como que resucitara un partido dormido, el servicio jurídico también podrá ejercer las acciones de ilegalización', informó De la Vega. La vicepresidenta fue contundente: 'Todos los campos están cubiertos' y no hay posibilidad alguna de que ANV y PCTV concurran a las elecciones generales.

Razones de legalidad

La también ministra de la Presidencia -que quiso borrar cualquier sombra del oportunismo electoral del que ha acusado el PP al Gobierno- indicó que este paso se da 'ahora, porque es ahora cuando se dispone de pruebas contundentes' y no de los indicios que se habían ido acumulando. 'El Gobierno -indicó De la Vega- no actúa nunca por razones de oportunidad, y menos en un tema de esta naturaleza, sino de legalidad'.

Según el Gobierno, los indicios han dado paso a las pruebas que 'hoy están encima de la mesa' y que, según la vicepresidenta, se han obtenido, 'sobre todo, a raíz de la intervención de la Mesa Nacional de Batasuna' en octubre de 2007.