El 11 de julio del año pasado, la policía judicial entró en la sede barcelonesa de Intervida para registrar sus cuentas. La imagen dio la vuelta al país y se vio en los televisores de muchos de los 360.000 donantes de la ONG. El daño ya estaba hecho. Unos meses después, 92.624 socios de Intervida se han dado de baja. Mientras el juez Garzón interroga a los acusados de haber desviado 60 millones de euros, los trabajadores de la ONG, vigilados y dirigidos por tres administradores judiciales, luchan por reflotar el que fue el vehículo de ayuda al desarrollo más potente de España, con 90 millones de euros de presupuesto anuales.

Ángel Miret es uno de los administradores judiciales nombrados por la Consellería de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Aterrizó en la ONG a mediados de julio y ya habla de Intervida como un proyecto propio. 'Algún día escribiré de lo que está ocurriendo', comenta asombrado porque otras ONG apuesten por la desaparición de Intervida como solución definitiva. 'Reconducir una entidad que había desviado sus objetivos será un éxito de la administración catalana, española, la Justicia... es decir, del sistema', considera. 'Sería un gran ejemplo para devolver a la sociedad la confianza en la Justicia', aclara.

Además, alude al respeto a la sentencia judicial para determinar qué se debe hacer con la organización.

Más vigilada que nunca

Miret es funcionario de Justicia, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra y tiene experiencia en el tercer sector como ex vicepresidente de UGT en Catalunya. Junto a Dídac Ramírez y Maurici Romero, los otros dos administradores, trata de sacar a Intervida del fango con dos conceptos: 'Hacer las cosas muy bien y explicarlas mejor'. Transparencia y eficacia.

El mayor obstáculo en el camino se encuentra en los tres países donde se concentra la mitad del trabajo, Perú, Bolivia y Guatemala. Intervida mantiene allí a la mitad de sus empleados, sin embargo, la justicia de los tres países no acata la administración judicial. Personas allegadas a los fundadores de la ONG -es decir, a los querellados y expulsados de la entidad- siguen controlando los proyectos. Lo que no controlan es la financiación de los planes. Por eso, Rafael Puertas, fundador de Intervida anunció el pasado enero, tras su vista oral con el juez Baltasar Garzón que Intervida 'se está muriendo', perjudicando a 'cinco millones de beneficiarios'. Según el acusado, los administradores judiciales han provocado la huida de los padrinos. '190.000', según Puerta.

'Son cifras falsas', acusaron los gestores actuales de la ONG. 'Queremos dejar claro que son sólo seis empleados los querellados' en una organización de 3.000 personas, recalca Miret. 'Además, ya están fuera', añade. En España trabajan 170 personas. El resto es personal de los 11 países donde Intervida mantiene sus proyectos. Los fondos de reserva y el mantenimiento de muchos de los donantes -que pagan 21 euros mensuales- ha permitido a la ONG sobrevivir.

El administrador asegura que no invierten en Guatemala, Perú y Bolivia 'ningún euro que no se pueda garantizar' que llega a su destino. Sin embargo, no han cortado el grifo del todo. Mantienen una financiación básica para algunos de los proyectos. El máximo objetivo de los administradores judiciales es captar el poder de Intervida en esos países. Para ello confían en la rapidez de Garzón para actuar.

Nueve meses de proceso

En ese aspecto coinciden con los abogados de los querellados, que también exigen más rapidez en el proceso judicial que lleva en marcha desde abril de 2007, cuando se supo que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando a Intervida. El Patronato de Fundaciones había rechazado durante dos años las cuentas de la ONG para 2004 y 2005. Finalmente, la Fiscalía Especial de Delitos Económicos presentó una querella contra Intervida por presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario, estafa y asociación ilícita.

Puertas negó al juez las acusaciones de haber creado colegios de élite con el dinero de los donantes. Los administradores aseguran que los delitos existen aunque no es su labor investigarlos. Lo único que les queda es la confianza del 60% de donantes que se mantiene en el barco. 'Su generosidad es nuestro gran pilar'.

Un ex compañero de Rafael Puertas, cofundador de Intervida y acusado de malversación de fondos de la ONG, le recuerda como un tipo “peculiar”, con unos métodos totalmente en contra de cualquier ética. Para acreditar su opinión explica un ejemplo de sus maneras. “Iba a las inmobiliarias para ofrecer a las parejas recién casadas apadrinamientos de niños si se compraban un piso”. Es el clásico ejemplo de la aplicación de los métodos más mercantilistas de la empresa privada a una entidad sin ánimo de lucro. “La solidaridad no es un producto más de consumo”, critica.

La utilización de imágenes crudas de niños moribundos en el tercer mundo para obtener financiación fue otra de las tácticas con el sello de Puertas y su equipo. Salga inocente o culpable del proceso judicial emprendido por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, el daño ya está hecho. Las ONG luchan por recuperar la imagen de esperanza en el cruel mundo globalizado.

Intervida, con más motivos, ha emprendido una campaña de renovación de su marca y su imagen que incluye una nueva página web y una política de transparencia con sus donantes. Los actuales gestores promueven los viajes de los colaboradores para ver las acciones de la ONG sobre el terreno. Intervida trabaja en 11 países del mundo con el dinero exclusivo de sus socios.