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Varapalo de la justicia andaluza a Educación para la Ciudadanía

OLIVIA CARBALLAR

A José Joaquín no le hizo falta  ayer llevar buenas notas a casa para ser recibido como un héroe. Fue suficiente con faltar a una clase obligatoria para que su madre le diera un trofeo: es el primer niño exento de cursar Educación para la Ciudadanía (EpC) y de ser evaluado, por tanto, de la asignatura. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido a sus padres el derecho a objetar, en contra de una resolución del Gobierno andaluz, anulada con el fallo.

Los jueces consideran que EpC vulnera los “derechos fundamentales a educar a sus hijos en la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones y a la libertad ideológica y religiosa”. José Joaquín, de 14 años, estudia 3º de ESO en un instituto de Bollullos Par del Condado, en la provincia de Huelva.

La sentencia, basada en la doctrina del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, da un varapalo a la asignatura más polémica de la legislatura y pone al alcance del PP una bombona de oxígeno en la recta final de la campaña.

La Junta de Andalucía (PSOE) presentará un recurso en el Supremo. “Cumpliremos estrictamente con la sentencia, pero no compartimos el sentido de la misma; Educación para la Ciudadanía es una asignatura obligatoria, como Matemáticas, recogida en la Ley Orgánica de Educación”, dijo a Público el consejero andaluz de Educación, Sebastián Cano.

Sorprendida por el fallo, la Junta se escuda además en sentencias previas dictadas en Catalunya y Asturias: “Estos tribunales han fallado en sentido contrario en casos idénticos”, recalca Cano. ¿Provocará la sentencia una avalancha de objeciones? “Este fallo sólo atañe a un caso, es una anécdota, y no supone una extensión del derecho a todos los estudiantes”. El TSJA deberá pronunciarse en los próximos días sobre varios recursos similares. En Andalucía, hasta el momento, se han presentado 433 solicitudes de objeción, de los 95.000 alumnos que cursan la asignatura.

Católicos practicantes

José Joaquín y cuatro chicos de Málaga no asisten a clases de EpC desde enero, cuando el TSJA suspendió cautelarmente la resolución andaluza que rechazaba la objeción y a la que también se oponía la Fiscalía. La diferencia entre el chico de Huelva y los de Málaga es que estos últimos no cursan la materia. “Esto demuestra la utilización con fines políticos y partidistas de una asignatura que forma a los niños y niñas en valores cívicos”, denuncia el consejero.

María Dolores, la madre vencedora, desvincula su demanda de la política: “Estamos muy contentos porque se sienta precedente y esa asignatura, la haya hecho el Gobierno que sea, se mete en la moral de nuestros hijos”. Tiene cinco más, cuatro más pequeños y una mayor, pero sólo José Joaquín, que va a catequesis para confirmarse, recibía la materia, obligatoria en Primaria y Secundaria.

“Somos cristianos, católicos y practicantes y queremos que se quite la asignatura”, afirma María Dolores. Espera que los padres, a partir de ahora, presenten más objeciones. Como el Foro de la Familia, que asegura que ya ha registrado más de 24.000. En el polo opuesto, la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres cree que la sentencia es incongruente y va contra el espíritu de la ley. ¿Le gustaría que la Religión fuera obligatoria? “Sí, pero respeto a los que no quieren darla”, responde María Dolores.

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