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La sanidad pública española no es una, sino muchas. Desde el modelo catalán, con un alto peso histórico de los centros privados concertados, hasta la gestión sanitaria que más apuesta por lo público: en Extremadura, Castilla la Mancha y Asturias. Estas tres comunidades son feudos tradicionales socialistas y comparten poca experiencia en la gestión sanitaria. Fueron las últimas en recibir las competencias en sanidad, hace poco más de seis años, 20 después que la pionera, Catalunya.

La gestión pública domina el mapa sanitario español, que según la Constitución, es un servicio universal y gratuito. Aproximadamente, el 30% de los recursos sanitarios son privados, según calcula la presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Carmen Ortiz.

Pero la puerta que Madrid y la Comunitat Valenciana han abierto a las empresas privadas en sus hospitales no sólo puede incrementar este porcentaje, sino que ata de manos a sus gobiernos (con mayoría absoluta del PP) para realizar sus propias políticas sanitarias. Esta "hipoteca" la heredarán también los próximos ejecutivos, como destaca Rafael Serrano, sociólogo del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, vinculado al CSIC.

El modelo madrileño

El primero de los ocho nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid en inaugurarse, el de Valdemoro, sigue el modelo que la Generalitat Valenciana estrenó en 1999 con el hospital de La Ribera, en la localidad valenciana de Alzira. Los construyeron empresas privadas que también se encargan de su gestión, incluida la contratación del personal sanitario, a cambio de una cuota mensual. "Las concesiones se han hecho a 30 años. Si se quieren romper los lazos, las indemnizaciones son altísimas. Se traslada un enorme poder a la empresa privada", explica Serrano.

Los otros siete nuevos hospitales madrileños siguen un modelo similar, aunque es la Consejería la que contrata al personal a través de empresas públicas que ha creado en cada centro. Por tanto, conviven dos intereses: el de la empresa que busca el máximo beneficio y el de la Administración, que vela por reducir gasto público, tiempo de espera o de consulta, y que, en este caso, sólo gestiona al personal. Según la FADSP, la Consejería ha optado por lo primero: denuncia desde hace meses que no se están contratando médicos para los nuevos hospitales, sino que se están trasdadando desde los centros de gestión pública directa, donde siguen cobrando sus nóminas.

Este hecho también lo denuncia la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), que, como la FADSP, está integrada por médicos. Según un portavoz de la CAS, la Consejería de Sanidad ha incumplido este año el acuerdo de destinar una partida presupuestaria al incremento de la plantilla.

Más allá del problema de privatizar lo público, Serrano pone en duda la eficacia de este modelo hospitalario: "Económicamente son eficaces, pero se necesitan nuevas políticas que acerquen al paciente la asistencia del 90% de las enfermedades", explica.

Las espinosas listas de espera

Entre los diferentes datos objetivos que podrían servir para valorar la marcha de la sanidad, las listas de espera no serían indicadores únicos, según algunos expertos y a tenor de las insinuaciones de algunas comunidades: al conocer que la espera en otras es menor, algunas insinúan que quizás hay consejerías que utilizan parámetros distintos o camuflan datos. En el Departament de Salut catalán recalcan que reciben a pacientes de toda España para someterse a intervenciones que no se hacen en el resto del Estado.

Las consejerías se comprometieron a elaborar las listas de espera según los mismos parámetros, como establece el Real Decreto 605/2003. Sólo ellas difunden esta información, en sus webs y, en muchos casos, sólo después de una decena de llamadas. Madrid, que da una cifra ridícula, quedó fuera del cómputo por saltarse las normas para recortar sus tiempos de espera. El Ministerio, que recibe estos datos para hacer la media, no los facilita. Las comunidades son muy sensibles con esta información, a la que atribuyen valor político por la preocupación que suscita en los ciudadanos.

Sin médicos en el medio rural

Aunque Extremadura y Galicia figuran por encima de la media de tasa de médicos, tienen territorios extensos y sufren una importante carencia de profesionales en sus zonas rurales. Si el parámetro para comparar cómo funciona la sanidad es el gasto farmacéutico, Cantabria y Madrid van en cabeza y Catalunya y Melilla en la cola. Este dato depende, en parte, de si los médicos recetan más o menos genéricos. Atendiendo al presupuesto sanitario per cápita, lo encabeza Extremadura, y Madrid y la Comunitat Valenciana están en las antípodas.