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Roberto García-Calvo en una imagen captada en 2001. - EFE

La estrategia de enfrentamiento del PP se tambalea en uno de los principales campos de batalla: el Tribunal Constitucional. La repentina muerte ayer en su domicilio de Villaviciosa de Odón (Madrid) del magistrado Roberto García-Calvo, uno de los más abiertamente contrarios a la aprobación del nuevo Estatuto de Catalunya y de la Ley del matrimonio homosexual, desequilibra la balanza de la pugna que hasta el momento mantenían el sector conservador, al que pertenecía el fallecido, y el progresista.

La muerte de García-Calvo tendrá, previsiblemente, su primera consecuencia práctica cuando el Constitucional se pronuncie sobre el Estatuto de Catalunya.

Su muerte deja en minoría al bloque conservador, que hasta ayer contaba con seis miembros frente a los cinco del sector progresista, dado que el sexto –Pablo Pérez Tremps– fue recusado. Al quedar empatados, será clave el voto de calidad de la presidenta, la progresista María Emilia Casas.

Las causas de la muerte de García-Calvo, que contaba 65 años de edad, serán determinadas por la autopsia que se le va a practicar. Su última aparición pública fue el pasado día 22 de abril, cuando asistió a la toma de posesión de dos nuevos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.Según establece la Ley que rige el funcionamiento del Constitucional, la plaza de García-Calvo quedará vacante hasta que se nombre un nuevo magistrado, lo que corresponde en este caso al Congreso. Ello se suma a que hay otros cuatro miembros del alto tribunal que ya concluyeron su mandato el pasado 19 de diciembre –Casas, Jiménez, Rodríguez-Zapata y Vicente Conde–, y cuyo nombramiento requiere el acuerdo entre los grupos parlamentarios.

Ariete del PP

Durante los últimos años, García-Calvo había sido uno de los principales apoyos de las tesis del PP –su designación como integrante del TC fue realizado por el Congreso en octubre de 2001, precisamente, a propuesta de este partido– en los numerosos intentos de la formación de Mariano Rajoy por torpedear durante la pasada legislatura las principales leyes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con recursos de inconstitucionalidad.

Así, él fue el principal defensor de las dos recusaciones presentadas por el PP contra Pérez Tremps para apartarle del debate del Estatut, en una maniobra claramente dirigida a dejar al sector progresista en minoría cuando se pronunciara sobre el mismo. Lo consiguió al segundo intento.Uno de los episodios más polémicos de su paso por el TC fue la recusación que contra él presentó, en octubre de 2006, la Generalitat, por “falta de imparcialidad” en relación, precisamente, con los recursos presentados contra el Estatut  por el PP.

Un año más tarde, el 19 de octubre de 2007, era el Gobierno el que decidía recusarle, en esta ocasión para que él y el también magistrado conservador del Consitucional Jorge Rodríguez-Zapata no intervinieran en el recurso del PP contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo los consideraba “contaminados” en el proceso, después de que ambos magistrados expresaron en junio de 2007, a través de un escrito, su “más profunda discrepancia” con la reforma y, concretamente, con el artículo que establecía que se ampliase automáticamente el mandato de la presidenta del TC, la progresista María Emilia Casas, cuya dimisión pidieron expresamente. Finalmente, el pasado mes de marzo el recurso fue aceptado y ambos fueron apartados de dicho recurso.

Denuncia archivada

El último incidente en el que se había visto envuelto García-Calvo no tuvo como escenario el Constitucional, sino las carreteras cercanas a su domicilio. El pasado mes de diciembre, un joven lo acusó de amenazarle con una pistola durante una discusión de tráfico. Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó archivando la causa el pasado mes de abril, después de que el joven no se ratificase en la denuncia.