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Carme Chacón jura su cargo como ministra de Defensa.

Nueve votos a favor, seis abstenciones y 309 votos en contra. Con este resultado, el Congreso ha rechazado la pretensión de Izquierda Unida de poner en marcha un "protocolo aconfesional" para los actos y ceremonias institucionales, como la toma de posesión de miembros del Gobierno y altos cargos. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, rechazó hoy la propuesta porque, aunque considera que en esas ocasiones "el crucifijo está de más, no haremos una ley para prohibirlo".

El PSOE, el PP y CiU anunciaron esta tarde, durante sus interveciones en el Pleno del Congreso de los Diputados, que están en contra de la proposición no de ley del grupo formado por IU-ICV y ERC, que se ha votado esta tarde al término de la sesión plenaria, cuando haya concluido el debate de todas las iniciativas incluidas en el orden del día.

Jáuregui recalcó que "no hay la más mínima expresión de confesionalidad" en el decreto que regula estos actos, por lo que se preguntó qué modificación pretenden exactamente los proponentes.

El PSOE se opone a elaborar "una norma que prohibiera a la Casa Real la colocación de un crucifijo en la que los ministros juran o prometen", e insistió en que deben hacerse esfuerzos para ahondar en la laicidad y "normalizar la aconfesionalidad", pero "sin producir tensiones, no hacen falta leyes prohibitivistas, sino prácticas aconfesionales y progresivas".

"Nadie puede prohibir por una ley el Corpus Christi, ni la Semana Santa, ni las celebraciones que hay en la mayor parte de España el 15 de agosto", dijo Jáuregui. 

Ni prohibición ni imposición 

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, en defensa de su propuesta, emplazó al Gobierno a garantizar que en un Estado democrático y aconfesional "se cumpla la Constitución en la toma de posesión de sus miembros, sin presencia de símbolos religiosos. "No pretendemos prohibir, pero no queremos que se imponga", defiende Llamazares.

El líder de IU explicó que se pretende evitar "paradojas como la modernidad de un Gobierno y el anacronismo de imponer los símbolos religiosos" en los actos de acatamiento de cargos públicos, como los que se celebran en el Palacio de la Zarzuela, porque supone un "incumplimiento flagrante de esos criterios constitucionales".

"Se acepta por inercia el sometimiento del Gobierno, no solamente a la Constitución, como es obligado, sino a la Iglesia católica", prosiguió Llamazares, para quien se mantiene así una "vinculación entre monarquía e Iglesia católica que es preconstitucional".

Denunció el "mantenimiento de la religión institucionalizada en el Ejército, en los comités de ética de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, en AENA, o en los funerales de Estado", y reclamó "avanzar pluralismo moral frente a la resistencia que pretende el monopolio de la moral para la Iglesia católica".

"El Gobierno ha anunciado la presentación de una ley de libertad religiosa", agregó LLamazares, "pero en este caso, también, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Con buenas intenciones se ha mantenido la religión escuelas, y a cambio se ha introducido la Educación para la Ciudadanía".

También con buenas intenciones, prosiguió, "se ha mejorado la financiación, el privilegio de la Iglesia católica, a través de la Declaración de la Renta, y con buenas intenciones se ha mantenido la letra y el espíritu del Concordato con el intercambio de cartas entre el Gobierno y el Vaticano, o con el nombramiento de embajadores, no sabemos si nuncios o agentes dobles".

"Espejismos" del Gobierno

Para concluir, indicó que si el PSOE no apoya este "protocolo civil" difícilmente será capaz de aprobar una ley de libertad religiosa, y advirtió de que el "espejismo degrada y oculta realidad.

El PNV presentó una enmienda a esta iniciativa para reclamar que se derogue la normativa referida a los actos de acatamiento y promesa o juramento de cargos y funciones públicas, así como la referente al protocolo.

El portavoz en esta materia del PNV, Aitor Esteban, se preguntó "qué aporta este tipo de ceremonias a la vida pública en el contexto social y político español", y apuntó que "lo lógico sería eliminar por anacrónicas, repetitivas y faltas de sustancia estas ceremonias sin ningún plus jurídico", que son "más dignas de 'Salsa rosa' que de un acto jurídico en sí".

Cristianos "es lo que somos"

Por distintos motivos rechazó la propuesta el PP, cuyo ponente en esta materia, Eugenio Nasarre, criticó la imagen que ofrece a los españoles un Congreso preocupado en sus primeras sesiones de la legislatura en estas cuestiones, en lugar de atender a "los graves problemas y desafíos de la sociedad".

Nasarre se preguntó si se trata de "una avanzadilla para reabrir en esta legislatura la cuestión religiosa en esta sociedad", al pretender la exclusión de los símbolos religiosos de nuestro espacio público "para excluir el hecho religioso mismo", lo que supone una "incorrecta" interpretación de la laicidad del Estado.

El diputado popular, que rechazó también la "extravagante enmienda del PNV", por considerar que supondría hacer de España una excepción en nuestro entorno, puso como ejemplo el modelo de separación Iglesia-Estado en Estados Unidos, "que hizo de la libertad religiosa la razón de ser de su constitucionalismo".

"No podemos dejar de llamarnos cristianos sean cuales sean nuestras creencias personales", indicó, "es lo que somos, y no podemos dejar de ser". Defendió la "libertad religiosa en plenitud, la laicidad en los términos que establece la Constitución" y, especialmente, "concordia en el espíritu del pacto constitucional, que hemos de seguir haciendo vivo".

En nombre de CiU, Jordi Xuclà rechazó también esta iniciativa con el argumento de que el real decreto que regula el protocolo de estos actos "para nada entra en la presencia de símbolos religiosos en los actos de acatamiento o jura de cargos públicos, es en todo caso fruto de los usos y costumbres y del protocolo de la Casa Real, y jurar por Dios requiere la presencia de sus símbolos".

Defender la laicidad del Estado

El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, recalcó que su partido rechaza promover una legislación que establezca "obligaciones legales" para la retirada de los símbolos religiosos en actos como las tomas de posesión de los cargos públicos.

Alonso ha dicho que el decreto ley que regula esta clase de ceremonias "no establece obligación alguna de situar símbolos religiosos" y que "ni siquiera se refiere a ellos", por lo que "no hay ninguna norma que modificar".

Con todo, los socialistas apuestan por, de acuerdo con la evolución social, ir hacia una "progresiva retirada de esta simbología".

La posición del PSOE, además, no significa, según ha explicado el portavoz socialista en conferencia de prensa, que descarte defender "la laicidad progresiva del Estado".

A este respecto, Alonso ha manifestado: "Los símbolos religiosos no deben estar presentes en actos públicos, pero no vamos a promover ni a participar en una legislación que establezca obligaciones legales específicas al respecto".