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José Montilla, en el transcurso de la entrevista. JOSÉ COLÓN

Es el president de la Generalitat número 128 y, como los historiadores subrayaron, no es el primero de origen andaluz. José Montilla Aguilera comparte esa condición con dos obispos del S.XVII. Recibe a Público en su despacho del Palau de la Generalitat, una estancia gótica que rezuma historia y compromiso con el autogobierno. Montilla piensa antes de hablar y puebla su discurso de silencios que convierten sus frases en sentencias inapelables.

Se cumplen dos años del referéndum del Estatut. ¿Cuál es su balance?

El Estatut ha introducido un elemento nuevo de revisión de las normas básicas de autogobierno no sólo de Catalunya sino también de otros territorios. Sin Catalunya empujando el resto no lo hubiera hecho. Nuestra iniciativa ha comportado un cambio importante en la configuración institucional de España. Para unos será poco y para otros demasiado, sólo hay que ver la polémica que generó y las pasiones que desató. Pero sí, hay un antes y un después del Estatut. Para Catalunya desde luego pero también para España.

El Estatut vive un culebrón en el TC. Desde la recusación a Pérez Tremps a la muerte de García Calvo. ¿Teme todavía una sentencia negativa?

Estoy convencido de la constitucionalidad de la elaboración y el contenido. Por eso creo que se declarará como tal a pesar de las maniobras del PP y su telaraña judicial y mediática. El TC está en horas bajas, cuestionado y con prestigio bajo mínimos. Ellos mismos son conscientes.

¿Usted cree que el PP que ahora quiere impulsar Rajoy estaría más cómodo sin ese recurso?

No lo sé, pero me gustaría realmente que así fuese. A España y a Catalunya les convendría un PP más centrado, más homologable a la derecha europea. Ahora, no sé si eso es más un deseo mío que una realidad posible. Puede que sea lo que quieren algunos dirigentes del PP, no tengo tan claro que sea lo que quiere la mayoría de la gente que milita y que vota al PP.

Eso nos lo dice como president de Catalunya pero no negará como primer secretario del PSC que a ustedes les van muy bien las campañas contra ese PP más radical...

Seguramente sería más difícil para nosotros, pero eso no es lo importante. Lo sería tener un PP moderado, moderno y europeo.

¿Ha oído decir a sus compañeros del PSOE que por el Estatut no han sacado mejores resultados?

A mi nadie me ha dicho eso ni yo lo he oído en ningún foro de la dirección.

Pero se ha comentado…

En ningún órgano de dirección ni ningún dirigente cualificado lo ha dicho, y eso es lo que vale. Las conversaciones de café carecen de importancia.

Al revés, entonces. ¿Siente el PSC que desde el PSOE se ha valorado suficiente su excelente resultado?

Nosotros trabajamos para ganar las elecciones y no para que nos feliciten. El PSC trabajó para conseguir un gran resultado que hiciera posible una mayoría socialista y nuestros resultados la han hecho posible. Dicho eso, por parte de quienes tocaba recibí la comunicación y la felicitación conveniente.

Para acabar con el Estatut. Visto el coste que tuvo y los resultados, ¿cree que ha valido la pena?

Sí, ha valido la pena. Realizar cambios que implican movimientos de fondo siempre comporta muchas resistencias y riesgos, pero no por eso se deben dejar de hacer. En estos momentos disponemos de una norma que regula nuestro autogobierno que es la más potente de la historia. ¿Hubiéramos podido hacer las cosas mejor? Sí ¿Me hubiera gustado encontrar más receptividad, complicidad, menos confrontación por parte de determinadas fuerzas políticas de ámbito español? También. Pero, a pesar de los problemas, ha valido la pena.

Hubo un momento hace unas semanas en que pareció que se volvía a los peores tiempos del Estatut cuando se hablaba de la financiación y de un supuesto enfrentamiento entre autonomías ‘ricas’ y ‘pobres’…

Mire, el actual modelo es injusto porque no puede ser que aquellos que pagan más acaben recibiendo menos que los que menos pagan. Esto lo ha reconocido la gran mayoría de comunidades autónomas. También hay conciencia que el sistema es injusto porque ha provocado una distorsión no deseada ni por los que lo pactaron. Tampoco es transparente porque fue cerrado bilateralmente con cada comunidad, y nadie sabía lo que recibía el vecino. El nuevo sistema debe dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y dotar a sus administraciones más cercanas de los recursos suficientes. Hemos de hablar de personas y no de territorios. Por ejemplo, en Catalunya tenemos más pobres que habitantes tienen algunas comunidades.

¿Es un buen momento para la reforma?

La reforma se tiene que hacer y se tiene que hacer ahora, y sobre un referente, no único pero sí fundamental, que es el de la población. Algunos hemos crecido mucho en población, a la cual hay que dar servicios, en educación, sanidad, servicios sociales, y otros, pero especialmente los que son obligatorios. Y para establecer mecanismos de nivelación de la solidaridad hay que tener presente esos servicios de carácter obligatorio y universal.

¿Para cuadrar las cuentas el estado central tiene que perder peso?

La administración general del Estado en algunas cosas sí que tiene que adelgazar. Creo que tiene un papel, el de garantizar la cohesión y la solidaridad entre los territorios. Pero eso se puede hacer con una estructura más ágil de la que tiene hoy en día. Por ejemplo, se han traspasado muchos servicios y competencias al conjunto de las comunidades autónomas y se han mantenido determinadas estructuras y aparatos del Estado que en este momento no tienen ninguna función y, lo que es peor, cuestan dinero al ciudadano.

¿Está pensando en ministerios concretos como el de Cultura?

Yo no pienso en ministerios, hablo de estructuras. La organización de una administración es otra cosa y se puede hacer con seis ministerios o con dieciséis, eso es irrelevante. El problema no es el número de ministerios, son las estructuras que no responden a competencias porque ya han sido transferidas.

¿Nos puede poner ejemplos de estructuras sobrantes?

Yo creo que cualquiera que conozca la administración central podría citar unas cuantas.

¿Ha comenzado bien la negociación si tenemos en cuenta que una de las partes, la administración central, ya avanza que se reservará para ella el 50% de los recursos disponibles?

Quiere decir con eso que en este momento ya tiene más del 50%... Quiere decir entonces que acepta de entrada que la mejora de la financiación se tiene que hacer a su costa.

Si lo quiere ver así…

Es una manera de empezar la negociación. Y no creo que tenga que ser necesariamente el 50%. ¿Y por qué no el 52% o el 48%? Hay que hablar más de las funciones que tiene que asumir cada uno de acuerdo con el Estatut y la Constitución y hablar de suficiencia financiera para atender esas obligaciones que la ley nos otorga a unos y a otros.

¿Qué piensa cuando oye al presidente Zapatero prometer la publicación de las balanzas fiscales o el traspaso de Cercanías en plazos que luego se incumplen?

Lo preocupante sería si dentro de seis meses no tuviéramos las balanzas. Y eso no pasará. Sí que es verdad que cuando oí la promesa del traspaso de Cercanías pensé que el presidente expresaba su voluntad política y su deseo. En ningún caso fue una frivolidad. Yo mismo dije, y tengo testigos, que sería muy complicado cumplir esa promesa porque es un proceso muy complejo y no basta con tener la voluntad política. Es imprescindible tenerla eso sí, pero para cumplir un plazo concreto, en el ritmo, juegan otros factores más allá de la voluntad política. En ese sentido, me pareció una propuesta voluntariosa pero nada fácil de realizar, como la realidad ha demostrado. Dicho esto pronto tendremos las balanzas fiscales publicadas y las Cercanías transferidas.

¿Tiene usted la sensación de presidir un gobierno incómodo?

Sí. Sobre todo para los que están en la oposición (risas).

¿Y para el PSOE y Zapatero?

A mi me preocuparía que este fuese un gobierno incómodo para los catalanes, pero si genera incomodidad a otros es su problema. Nuestra función no es ser cómodos, sino trabajar para Catalunya y sus ciudadanos. Dicho esto, el PSC ha manifestado antes y después de las elecciones que no tenemos nada que objetar a los acuerdos que pueda conseguir la mayoría socialista en el Congreso, y no condicionamos esas alianzas igual que ellos no condicionan las nuestras.

Usted advirtió hace siete meses en Madrid de un riesgo de desafección de los catalanes respecto a España. ¿Hoy ese riesgo es mayor o menor?

El riesgo de desafección continúa. Por tanto los que gobernamos tenemos la obligación de disiparlo para que se genere confianza en las instituciones y que se las perciba como capaces de resolver problemas.

¿El ejemplo de cómo se ha resuelto la crisis de la sequía nos acerca o aleja de la desafección?

Yo creo que el balance es positivo porque, lloviese o no, no iba a haber restricciones. Nuestra prioridad era que no faltara agua de boca para los cinco millones y medio de ciudadanos afectados. El Govern lo tenía claro: haríamos lo necesario para evitar que nadie se quedara sin agua. Sabíamos que traer agua en barco o hacer una determinada infraestructura, que insisto no era para un trasvase permanente sino para una aportación puntual, eran temas polémicos, pero los pusimos en marcha. Y gracias a que ha llovido no serán necesarios, pero ¿y si no hubiese llovido? Si no hubiese llovido ahora estaríamos construyendo la tubería, que nadie lo dude. Y esto los ciudadanos lo saben. Al margen de la polémica, del desgaste político, el agua no le faltaría a nadie y no le faltará.
Esquerra ha cerrado este fin de semana un proceso interno convulso.

¿Está asegurada la estabilidad de su Govern?

Está garantizada. Otra cosa es que algunos confunden la cohesión, que existe, con el uniformismo que ni es posible ni deseable. Pluralidad es compatible con cohesión. Lo hemos demostrado y seguiremos así.

Usted es el primer presidente de la Generalitat del periodo democrático y republicano nacido fuera de Catalunya. ¿Ha sentido rechazo por este hecho?

No, no he notado rechazo por parte de ningún sector de la sociedad. Otra cosa es que pueda haber algunos ciudadanos que tengan un rechazo hacia mi persona por el lugar de mi nacimiento. Y estoy seguro que otros lo tienen por otros motivos, pero antes al contrario, allí donde he ido, y durante el primer año he visitado todas las comarcas de Catalunya, lo que he encontrado es receptividad, afecto y colaboración. También, en gran medida, por parte de la oposición.

En su momento hubo un cierto debate sobre eso…

Sí pero fue un debate circunscrito a medios y personas determinadas, en la sociedad no se ha producido este debate.

El PSC también celebra su congreso este verano y se debatirá tener grupo parlamentario propio en el Congreso. ¿Cuál es su opinión?

Yo creo que los temas hay que plantearlos cuando toca. No considero que el PSC tenga que renunciar a tener grupo parlamentario, pero hay que plantearlo cuando al PSC le convenga, en primer lugar. Y en segundo cuando toque, o sea, cuando por calendario sea posible, al principio de una legislatura, que es cuando se constituyen los grupos.

¿Esa no debe ser una cuestión de principios y no de conveniencia?

¿Los principios? Los principios no tienen nada que ver con los instrumentos. El grupo parlamentario no responde a ningún principio, es sólo un instrumento. Los principios han de servir para defender los intereses de los ciudadanos. Y se pueden defender con unos instrumentos o con otros. Y lo que hace falta es manos libres para optar por unos o por otros según la ocasión.

¿Defender la inmersión lingüística en Madrid le resulta a usted más fácil que a Maragall?

No lo sé. Yo lo he hecho en diferentes foros madrileños no precisamente fáciles. Lo he hecho y lo continuaré haciendo.

¿Qué Catalunya encontró la izquierda cuando llegó al poder?

Encontramos una Catalunya con muchos déficits y carencias. Ni las infraestructuras viarias, ni las energéticas, ni las hidráulicas, como hemos visto, estaban preparadas para el siglo XXI. No se había previsto el crecimiento de nuestro país ni las necesidades de los ciudadanos. Y ahora lo estamos haciendo todo. Estamos preparando el país para afrontar con garantías el futuro y para garantizar el desarrollo económico y la cohesión.