36.000 euros por vejar e injuriar a Ruiz-Gallardón

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Las expresiones realizadas por Federico Jiménez Losantos contra Alberto Ruiz-Gallardón en relación con el 11-M "son tan claramente insultantes o hirientes que no cabe duda alguna" de que con ellas el locutor de la Cope "pretendía vejar la imagen y dignidad del querellante de forma innecesaria y gratuita".

La juez de lo Penal número 6 de Madrid, Inmaculada Iglesias, condena por ello al periodista a pagar una multa de 36.000 euros por un delito continuado de injurias graves con publicidad (frente a los 72.000 euros que pedía el fiscal o los 168.000 que solicitaba el propio alcalde). No fija una indemnización para el perjudicado, porque Gallardón se reservó el ejercicio de acciones civiles, lo que le obliga a iniciar un nuevo procedimiento para ser indemnizado, cuando la sentencia sea firme.

Tampoco accede al comiso de los beneficios obtenidos por Losantos mediante los "hechos falsos" que imputó al regidor o al "utilizar de forma reiterada insultos y descalificaciones con imputaciones gravemente ofensivas" que atentaron contra el honor de Ruiz-Gallardón.

Desacreditarle públicamente

La juez señala que la intención de Jiménez Losantos era "desacreditar públicamente, en su condición de alcalde de Madrid y de miembro del Partido Popular" a Ruiz-Gallardón, por lo que sus manifestaciones quedan fuera de la libertad de expresión e información, protegidas por la Constitución.

¿Cómo llega la magistrada a dictar la primera condena contra uno de los principales ideólogos de la teoría de la conspiración, cuyo argumento principal es que los autores del 11-M no fueron terroristas islamistas? A través de varias fases. Primero con un detallado repaso a la jurisprudencia sobre libertad de expresión e información que establece que los derechos y libertades contenidos en la Carta Magna no son absolutos, como tampoco lo son sus limitaciones.

La libertad de información, por ejemplo, necesita un requisito básico para estar protegida: la veracidad, que se consigue cuando el periodista comprueba suficientemente su información.

En el caso de Losantos, la juez considera que sus afirmaciones relativas a que Ruiz-Gallardón quería "obviar el 11-M" y que pedía que no se investigaran los atentados por afán de poder, así como que presentó la querella, que ha dado lugar a esta condena, con "el dinero de los contribuyentes", son "hechos falsos". Como el locutor "no transmitió hechos veraces" sus palabras quedan fuera de la libertad de expresión e información.

Los testigos propuestos por el periodista "desvirtuaron" las propias alegaciones de la defensa. Esperanza Aguirre, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana negaron de una u otra forma que las palabras que Ruiz-Gallardón pronunció en el Foro del diario ABC, el 7 de junio de 2006, significaran que no quisiese que se investigaran los atentados y que su propuesta de "mirar al futuro" contradijera la línea marcada por su partido, el PP.

Vejatorias e innecesarias

La resolución señala que es indiferente para condenar a Losantos que Ruiz-Gallardón discrepe o no de las estrategias que acuerda el PP, como argumentaba la defensa, porque no sólo se le juzga por haberle llamado "traidor", "desleal" o "farsante", sino por lo que dijo de él en relación con el 11-M.

Según la juez, el periodista "utilizó expresiones insultantes e innecesarias para el recto ejercicio de la libertad ejercitada; realidad que no se ve alterada por el hecho de que esas frases fuesen una parte de unas declaraciones más amplias", porque "no cabe duda" de que "son formalmente vejatorias en cualquier contexto e innesarias para la labor informativa o de formación de opinión realizada, y suponen un daño injustificado a la dignidad del querellante".

La juez también tiene en cuenta para condenarle la reiteración con la que fueron hechas las declaraciones injuriosas: desde el 7 de junio de 2006 hasta el 29 de noviembre de ese año. Y eso a pesar de que el propio alcalde dijo públicamente que él nunca había dicho lo que Losantos ponía en su boca y después de presentara la querella en el Juzgado.