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En lo que va de año, la Iglesia ha recurrido 43 de las 47 resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que amparaban el derecho de los que decidieron apostatar. Quienes deciden darse de baja en el registro de datos de la Iglesia recurren cada vez más a la AEPD. Si en 2007 fueron 287 las personas que se dirigieron a este organismo para hacer valer sus derechos ante los obispados, en los cinco meses y medio de 2008 ya son 529 los apóstatas que llamaron a las puertas de la Agencia.

“La mayor parte de nuestras resoluciones [relacionadas con casos de apostasía], son recurridas por los arzobispados de Madrid y Valencia”, ya que son los que concentran la mayor parte de las peticiones, explica el director de la AEPD, Artemi Rallo.

La Iglesia niega la mayor, defendiendo que los libros bautismales no son ficheros de datos y que, por tanto, no están sometidos a lo estipulado por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Además, los acuerdos firmados por el Estado y la Santa Sede en 1979 se refieren de manera expresa a la “inviolabilidad” de los archivos.

Derecho de los ciudadanos

Estos acuerdos chocan con determinados derechos de los ciudadanos, como el que establece que los datos de carácter personal deben ser “exactos y puestos al día”. Para Protección de Datos, la solución jurídica a este entuerto es la inclusión de notas marginales en los libros de bautismo que den cuenta de la solicitud del ciudadano. En 43 de cada 47 casos, los arzobispados se han negado y han recurrido.

La Agencia presentó ayer el informe de las actuaciones realizadas en 2007. El organismo es una institución independiente que vela por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. “Es evidente que es algo que preocupa cada vez más a los ciudadanos”, dijo Artemi Rallo. Recordó que, según un informe de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 72% de los españoles están preocupados por la gestión de sus datos.

El informe de la AEPD sugiere a los medios de comunicación que garanticen la privacidad y hace una llamada de atención sobre el espectacular incremento de denuncias de los ciudadanos por la instalación de cámaras
de videovigilancia.