Los votantes socialistas han retenido la moraleja del proceso de paz abierto tras la tregua de 2006 y cerrado por ETA hace un año: bien por la valentía del Ejecutivo, pero se acabaron las oportunidades. Ni una más. Sólo así se explica un dato llamativo del último Publiscopio, que el 54% de los electores rechazan que se vuelva a dialogar con la banda terrorista –veto que se ha impuesto el propio Zapatero– pese a que un 60,7% apoyó el intento del Gobierno.

La encuesta aloja asimismo el espíritu que subyace en muchas de las enmiendas que los delegados del PSOE han enviado al 37º congreso. Los socialistas quieren ir más lejos en el horizonte social del Ejecutivo. Un 80,7% señala que “debería” legalizarse la eutanasia, y un 65,3%, que habría que ampliar la Ley del Aborto. En ese círculo del 60% se mueve el apoyo a la supresión de la financiación de la Iglesia, el cambio de la política del agua (permitiendo los trasvases) o la búsqueda de pactos con los nacionalistas. Los acuerdos con el PP reciben el aval del 78,1% de los electores.

El respaldo empieza a resquebrajarse más tibiamente con las medidas más impopulares, como la reducción de gasto público (el 57,2% cree que debería hacerse), el desalojo de la religión en las escuelas (46,5%) o la expulsión de sin papeles (55,8%). Esta última cifra se complementa, con todo, con esta otra: el 70% sí quiere que se ponga freno a la inmigración.

Entre los rechazos, aparte de la negociación con ETA, destaca el relativo a la energía nuclear. Un 56,3% de los socialistas sondeados cree que el Gobierno no debería fomentarla bajo ningún concepto.