Un día antes de que comience el (previsible) plácido 37 Congreso del PSOE en Madrid, doble anuncio. De hondo calado. De impacto. Un nuevo salto social en la libreta del Gobierno, como querían sus bases, aunque no lo decía el programa: ampliación del voto a los extranjeros con papeles que vivan en España de modo estable y regulación del derecho a una muerte digna.

Ferraz se enmendó a sí misma y rectificó la ponencia marco del congreso. Con respecto a la primera medida, el sufragio activo de los inmigrantes, informó a primera hora de que propondrá a los 995 delegados una enmienda transaccional por la que insta al Gobierno a “impulsar los acuerdos políticos necesarios para el ejercicio del derecho al voto en las elecciones municipales de aquellos ciudadanos extracomunitarios que sean residentes de larga duración”.

El objetivo es llegar a 2011, a los próximos comicios locales, con los deberes hechos para que, según las proyecciones que para ese año ha elaborado el PSOE, voten en total 2.833.881 personas. De ellos, ya pueden participar en las municipales, porque son ciudadanos de la UE, 1.501.725. El resto, 1.332.156 inmigrantes legales, son los que adquirirían ese nuevo derecho. La mayor beneficiada sería la comunidad marroquí (375.758 regulares), seguida de la ecuatoriana (233.327), la colombiana (155.951) y la peruana (74.420).

¿Pero qué significa “impulsar los acuerdos políticos necesarios”? La Constitución de 1978, en su artículo 13.2, reformado en 1992, estipula que podrán participar en las elecciones municipales los nacionales y aquellos ciudadanos procedentes de países con los España haya suscrito un convenio de reciprocidad. En otras palabras, la Carta Magna restringe el voto a los extranjeros de los Estados en los que también los emigrantes españoles puedan votar. Ésa es la letra y a ella el PSOE se quiere ceñir.

Por ahora, España sólo ha firmado y ratificado un convenio con Noruega, como recordó ayer el Consejo General de la Abogacía Española. Con otros países, como Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela o Colombia, se han firmado tratados de amistad, pero les falta desarrollo para sellar la reciprocidad. En otros Estados, el acuerdo será imposible, bien porque la legislación propia prohíbe el sufragio activo de los extranjeros –Ecuador– o porque no hay democracia –Cuba–.

La propuesta se incorporará al debate ya abierto de la reforma de la ley electoral, de 1985. Los grupos han firmado la creación de una subcomisión a partir de septiembre, ayudados por el informe que remita el Consejo de Estado.

El PSOE ha diseñado su medida como una “auténtica palanca de integración” de los extranjeros. Y esta vez sí que hay una “voluntad inequívoca” de cambio, señaló ayer José Blanco en el Palacio de Congresos de Madrid, adonde se trasladó para dar su ok a los preparativos del cónclave. El número dos añadió que el PSOE pretende ser “útil a la sociedad”, “avanzar en derechos”, responder a los “desafíos” del siglo XXI y convertirse en el faro de la izquierda europea.

Junto al voto inmigrante, la muerte digna. El PSOE considera “conveniente” que ese derecho, ya recogido en algunas autonomías (Catalunya, Andalucía), se lleve a la legislación estatal. Además, los socialistas se comprometen a “impulsar la implantación y desarrollo de los cuidados paliativos de alta calidad” en la Sanidad pública y a regular el testamento vital. Se recoge el derecho del paciente a que le retiren la medicación cuando ésta “sólo le mantiene la vida biológica” y a recibir un “adecuado tratamiento del dolor y a la sedación paliativa”, si así lo desea.

El PSOE se queda ahí. No aborda la despenalización de la eutanasia. En el párrafo final de la enmienda apunta que “la sociedad española debería abrir el debate hacia la posible regulación legal”. Es, con todo, un paso adelante con respecto a su programa electoral, un giro a la izquierda que busca contentar a los delegados que pedían al partido un mayor compromiso.

Desde el PP, respuesta desigual a la primera propuesta. Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre apoyaron el voto inmigrante, gesto que saludó Blanco. El alcalde de Madrid se mostró “muy partidario”, “siempre que haya reciprocidad” con los países de origen. “Es una cuestión que hay que estudiar”, indicó la lideresa, pero “es lógico” que puedan votar. Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, estimó que “lo prioritario” es garantizar el derecho al trabajo de los extranjeros.  

En IU e ICV sentó peor el triunfalismo del PSOE. Con sorna, Gaspar Llamazares se alegró de que Zapatero haya “descubierto la pólvora” cuando la federación lo reclama desde 2001 e incluso pactó con el PSOE promover la reforma en 2006, moción que al final no se votó. Joan Herrera apretará las tuercas al Gobierno: le forzará a retratarse en el Congreso. Ya tiene registrada su proposición no de ley.