La Audiencia de Barcelona y la Fiscalía Superior de Catalunya no se ponen de acuerdo. El tribunal barcelonés ordenó ayer a la titular del juzgado número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, que hiciera públicos los nombres de las mujeres que abortaron en las clínicas de Carlos Morín y que ahora están siendo investigadas.

Pero la Audiencia no sólo se muestra así en contra de los dictámenes de la jueza, sino también en contra del criterio del Ejecutivo. El pasado mes de febrero, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que “el Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo”. Aun así, la sala se posiciona y deja claro que es muy consciente de “la problemática que genera el delito de aborto dada su insatisfactoria regulación”.

Desde que arrancó el caso ha habido una pugna entre la magistrada y los abogados de algunos de los imputados. Los letrados siempre han pedido conocer los nombres de las mujeres afectadas, pero la jueza se ha negado a hacerlos públicos en varias ocasiones. Incluso cuando levantó el secreto de sumario, las identidades quedaron omitidas. A juicio de la Audiencia, dicha omisión “genera indefensión a parte de los imputados”, puesto que sus defensas no podrán actuar correctamente.

Según esto, parece que este primer asalto lo han ganado los abogados de los imputados, aunque alguno de ellos no está del todo seguro de que, finalmente, vayan a poder leer el sumario sin los nombres censurados.

Cuestión de datos

“A mí, el nombre de las mujeres ni fu ni fa, pero el de los testigos protegidos sí me interesa saberlo”, afirma el abogado de uno de los médicos imputados, Santiago Parra, quien ya remitió en su día una carta a la jueza en la que pedía que se suprimiera toda medida de protección a los testigos por ser personas implicadas en el proceso penal. “Entiende esta parte que ninguno de los testigos que actúan en el presente caso puede sentirse amenazado. No nos hallamos ante ninguna organización ‘mafiosa’ que se dedica a la extorsión y al chantaje”, afirmaba el letrado en su misiva.

Y la Audiencia le da la razón: “Las partes personadas tienen derecho al pleno conocimiento de lo actuado y a conocer la identidad de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo y que figuran implicadas en la causa”.

No obstante, el Tribunal especifica que el nombre de las mujeres debe revelarse, pero sólo a los interesados “no a terceros ajenos al proceso penal”. Ahí radica parte del problema. Algunas de las partes personadas tienen sesgos de radicalidad tales como la formación ultraderechista Alternativa Española, presente en la causa.La Fiscalía no está de acuerdo. Una vez dictado ayer el auto, el Ministerio Público se mostró en contra de la decisión e insistió en mantener el secreto, ya que revelar los nombres “se incardina en el marco jurídico propio de la legislación sobre protección de datos”, según señaló en un comunicado.

Daños colaterales

Desde Dones Juristes, la abogada Marisa Fernández, ha explicado en varias ocasiones la ansiedad que sienten algunas mujeres desde que empezó el proceso contra Morín. También el ginecólogo y miembro de la Plataforma a favor del aborto Santiago Barambio afirma que cuando empezó el proceso “a muchas de las mujeres les reapareció un trauma que ya habían olvidado pero, además, ahora con el agravante de que se entere todo el mundo”. Para Barambio, la decisión de la Sala es “una mala noticia” y “una situación psicológicamente complicada para las ellas”.