Tres días después de que la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, pidiera 'mano dura con los que trincan', el concejal responsable del distrito de Salamanca del Partido Popular, Íñigo Henríquez de Luna Losada, se ha convertido en el primer edil imputado en la operación Guateque. 

El concejal ha afirmado que su imputación por el juez Santiago Torres en un nuevo procedimiento abierto derivado del caso Guateque es 'absolutamente falsa y carente de toda lógica y de todo sustento'.

Henríquez de Luna ha explicado en una conferencia de prensa que la imputación se fundamenta en su participación o implicación en unas licencias de un local situado en el número 18 de la calle de Juan Bravo (distrito de Salamanca) y ha asegurado que no ha participado ni ha firmado ni ha intervenido como cargo público en el otorgamiento de ninguna licencia que afecte al local de Juan Bravo, 18.

Ha manifestado que se siente indefenso porque lo normal es que un imputado reciba una notificación del juez y pueda argumentar en su defensa y no tener que hacerlo ante los medios de comunicación.

Henríquez de Luna saltó a la política nacional como impulsor de la fallida campaña por unas primarias en su partido.

El juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, abría un nuevo procedimiento derivado del conocido como caso Guateque, tras haber recibido una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por responsables de la Gerencia de Municipal de Urbanismo.

En el marco de este nuevo procedimiento, el juez ha citado a declarar el próximo día 29 de septiembre en calidad de imputados a Óscar Acero Fernández (jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo), Fernando Ruiz Torrejón (técnico del mismo departamento) y Miguel Ángel García Jódar, técnico del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, también imputado en el caso Guateque.

La denuncia de María Adelaida R.P. y Juan Mariano G.S.  apunta a un posible 'trato de favor o cualquier otra circunstancia' hacia los propietarios de la tienda de decoración Becara, situada en los bajos de sus viviendas, cuya titularidad corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L.

Por ello reclaman la investigación de todos los expedientes de licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento a la mercantil 'así como si sobre los mismos ha podido existir trato de favor, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias' en la concesión de licencias.

El edil justificó en una 'venganza' por parte de la familia denunciante los hechos que han derivado en la actual imputación al no haberles otorgado el permiso para montar una oficina en el segundo piso del edificio de Juan Bravo.

Según afirman los denunciantes en las licencias concedidas a varios comercios de las plantas baja y primera de este edificio ha podido existir 'trato de favor' o alguna circunstancia que pueda estar relacionada con el caso Guateque, que destapó una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid relacionada con la concesión de ese tipo de permisos a comercios de forma irregular. 

Iñigo Henríquez de Luna presentó en el XVI Congreso nacional del PP una enmienda para que los militantes elijan los candidatos de esta formación a los cargos públicos o políticos por la 'disociación' entre bases y estructura.

Henríquez de Luna manifestó que pretendía defender 'principios y valores democráticos' que faltan aún en el partido, tras 30 años de democracia en España.

Henríquez de Luna, que además es presidente de la Junta Municipal de Salamanca y ha sido el compromisario del PP más votado en Madrid en las últimas elecciones, explicó entonces que a lo largo de su trayectoria política 'siempre' ha defendido que unas 'reglas del juego' que permitan 'canalizar de manera ordenada y controlada las legítimas aspiraciones de todos los representantes y los líderes' del partido.

Esas normas internas, dijo el concejal, pasan por la implantación de primarias en el PP ya que, a su juicio, son la mejor manera de 'ilusionar' a los militantes, a quienes 'pedimos mucho y damos poco a cambio de su esfuerzo y a quienes ni siquiera permitimos elegir a nuestros candidatos', un 'derecho' que considera 'tienen ganado'.

'Si los ciudadanos de un país democrático pueden elegir a sus representantes públicos, ¿por qué los militantes de un partido no pueden también elegir a sus líderes', cuestionó Henríquez de Luna.