No ha sido con el caso Mari Luz la primera vez que Rafael Tirado se ha salvado de una sanción mayor. El 26 de febrero de 1996, el juez, en estado de embriaguez, embistió con su coche a un motorista que estaba parado en un semáforo en rojo en Menéndez y Pelayo, una céntrica avenida de Sevilla, y lo desplazó varios metros. Eran las 3.45 de la madrugada. 'El juez no veía', explicó la víctima, que resultó ilesa, según recogió Diario 16 un año después, cuando iba a ser juzgado.

El fiscal pedía dos años de retirada de carné por un presunto delito contra la seguridad del tráfico, pero el acuerdo entre las partes en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla redujo la pena a seis meses por conducción temeraria. El supuesto delito se convirtió, así, en una simple falta.

Tirado, destinado en Ceuta cuando se le condenó, tuvo que pagar también una multa de 5.000 de las antiguas pesetas (30 euros) por insultar a los policías que le practicaron la prueba de alcoholemia, según publicó El Correo de Andalucía el 16 de enero de 1997. El primer test realizado al magistrado, en el lugar de los hechos, dio positivo, con un resultado de 1,4. El segundo bajó a 0,9.

Hoy, tras el endurecimiento en materia de tráfico y la reforma del Código Penal, rebasar la tasa de 1,2 gramos de alcohol por litro en sangre es considerado delito y puede ser castigado con entre tres y seis meses de cárcel. La condena puede subir a un año si el conductor se niega a someterse a las pruebas de alcoholemia. 'El caso del atropello no es causa para su inhabilitación como juez porque no fue delito ni afectó a su actividad como magistrado; hoy el caso habría sido distinto por el endurecimiento de las leyes de tráfico', afirman fuentes jurídicas.

Según publicó la prensa sevillana, el juez, que tenía 33 años cuando se produjo el atropello, decidió salir a tomar unas copas para celebrar el éxito de la operación quirúrgica de un familiar. Su aseguradora tuvo que pagar 800.000 de las antiguas pesetas (4.800 euros) por los daños causados a la motocicleta, de 1.000 centímetros cúbicos de cilindrada.

Cuando se produjo el siniestro, Tirado era titular de un juzgado de instrucción en Lora del Río (Sevilla). En ese destino, el juez ya había sido expedientado un año antes, en 1995, por el CGPJ por su desidia en la tramitación de una denuncia de maltrato a una niña de dos años por parte de su padre. La sanción, grave, como la impuesta por el caso Mari Luz, supuso una multa de 300 euros y llegó hasta el Supremo. El alto tribunal consideró que Tirado había cometido una 'manifiesta negligencia' al no abrir diligencias hasta varios días después de recibir el parte de lesiones y no ordenar el reconocimiento inmediato de la menor.

Pese a todo ello, Tirado es un juez respetado por sus compañeros (tanto por los de su asociación, la conservadora Asociación profesional de la Magistratura, que presidió en Andalucía, como por los de Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria) y con fama de redactar buenas y muy fundamentadas sentencias. Instruyó una parte del caso Juan Guerra, juzgó las negligencias de un conocido ginecólogo sevillano y ha dictado fallos ejemplares sobre violencia de género. En 2004, de hecho, fue galardonado por el Instituto Andaluz de la Mujer por su compromiso en la defensa de la mujer.

No en vano, la profesión al completo ha salido a defenderlo en tromba del retraso en el caso Mari Luz, en el que también influyó el juez de la Audiencia Provincial Javier González, que, aunque su falta haya prescrito, tardó dos años y siete meses en confirmar el fallo. Muchos de sus colegas consideran que Tirado es un chivo expiatorio de las deficiencias del sistema judicial. Otros ven tras esa defensa una muestra de corporativismo.