Arropado por Francisco Granados, número 2 del PP madrileño y consejero autonómico de Presidencia y Justicia, el edil del Ayuntamiento de Madrid Íñigo Henríquez de Luna declaró este lunes ante el juez Santiago Torres como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en el llamado caso Becara, una ramificación del caso Guateque.

Presidente del distrito municipal de Salamanca desde 2000, Henríquez de Luna dijo ante el juez que entiende que haya negocios que abran sin licencia de funcionamiento dada la tardanza con que el ayuntamiento las concede.

Representado por el ex diputado del PP Jorge Trias, el comercio de Becara situado en la madrileña calle de Juan Bravo es uno de ellos: entre 2000 y 2005 operó sin licencia de funcionamiento pese a las múltiples quejas y recursos de dos vecinos; luego la obtuvo; más tarde el Tribunal Superior de Madrid la anuló; y, ahora, el Consistorio le ha otorgado un  nuevo plazo para regularizar la situación.

Henríquez negó saber si Becara posee o no esa licencia, y desvió cualquier responsabilidad hacia la delegación de Urbanismo. El ex jefe de licencias de Urbanismo, Fernando Ruiz Torrejón, imputado en la Guateque, rubricó informes favorables a Becara; otro técnico imputado en la supuesta trama de cohecho, Miguel Ángel García Jódar, también.

Un tercer funcionario, testigo en la Guateque, Óscar Acero, participó igualmente en este fárrago donde las licencias de actividad de Becara se modificaron no menos de tres veces. Torrejón, Jódar y Acero declararon ayer como imputados en este nuevo caso. En 2000, un socio de Torrejón presentó en nombre de Becara una de las primeras solicitudes de licencia. Y en 2001, Becara contrató los servicios de la firma de ingeniería de Eduardo Agustino, considerado uno de los conseguidores de la Guateque.