Publico.es

El juez Santiago Torres está decidido a dar un empujón definitivo al caso Guateque. Fuentes de la investigación confirmaron ayer a Público que el magistrado ha ordenado a la Guardia Civil interrogar, en calidad de testigos, a 90 propietarios de establecimientos que, para la tramitación de licencias municipales, contrataron los servicios de las consultorías de Antonio Sanz Escribano o Eduardo Agustino, ambos en libertad bajo fianza bajo la acusación de cohecho.

Los interrogatorios, que ya han comenzado, se centran en los titulares de aquellos negocios a que se refieren los 185 expedientes municipales de licencias en los que Torres ha centrado su investigación.

El magistrado quiere apurar hasta la última gota las posibilidades de saber cuántos de esos empresarios pagaron a la trama. Las fuentes consultadas no descartan que ese cúmulo de interrogatorios aporte más pruebas y, también, más imputados.

De las pesquisas realizadas desde que el caso Guateque estalló en noviembre de 2007, los investigadores ya concluyeron hace tiempo que Escribano y Agustino operaron, supuestamente, como los grandes conseguidores de la trama municipal.

A través de sus respectivas empresas, AB Escribano Ingenieros Consultores y Agustino Proyectos e Instalaciones, ambos habrían actuado como intermediarios entre los funcionarios corruptos y aquellos empresarios dispuestos a pagar a cambio de una licencia. En el sumario hay datos que apuntan a cómo Agustino, que pasó por prisión, habría sobornado a nueve funcionarios desde 2001.

En su ofensiva para reactivar el caso, el juez Torres tomará mañana declaración como imputados a varios empresarios que encargaron proyectos al funcionario Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la red, a través de un despacho de arquitectura para el que trabajaba por la tarde.