Hospitales a medio cerrar; otros, a medio abrir. Entrada de capital privado en la gestión, no solo de la parte no sanitaria de los centros, sino en la sanitaria, con todo lo que ello implica en medios y personal. Si se mezclan estos ingredientes en una coctelera, el resultado puede ser muy parecido a lo que se ha visto estas últimas semanas a las puertas de los hospitales madrileños. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, ha sido increpado en cada uno de sus actos públicos acusado de estar 'cargándose' el sistema público de Sanidad.

Los datos en poder de los sindicatos muestran cómo la salud de los madrileños es cada vez más de la iniciativa privada. No en vano, UGT calcula que en los últimos cuatro años el presupuesto destinado a la asistencia sanitaria con medios ajenos, es decir, fuera de la red pública, no ha hecho más que subir. Si en 2007 representaba el 10,12% del presupuesto total, este año se ha llegado al 13,3%.

Güemes no niega los datos: 'Cuando no hemos sido capaces de atender a los ciudadanos en un recurso público, se le atiende en un recurso concertado'. Además, dice no entender por qué tantas críticas 'cuando las administraciones que más conciertan en España están gobernadas por socialistas'. Frente a esto, Inés Sabanés, portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, mantiene que tienen sobre la mesa estudios jurídicos que cuestionan que sea posible la generalización de la privatización de la sanidad pública.

Gran parte de esta crítica de Sabanés se debe a los nuevos modelos de hospitales que empiezan a proliferar en la capital. Junto a centros tradicionales, como La Paz o el 12 de Octubre, gestionados públicamente tanto en la parte sanitaria como e la no sanitaria, están apareciendo otros como los de Parla y Arganda. En estos últimos, la parte no sanitaria está gestionada por la empresa constructora y el personal médico, por empresas de propiedad pública. Son los llamados Centros de Iniciativa de Gestión Privada' (PFI, por sus siglas en inglés). La única ventaja que la OMS atribuye a este modelo es la de una mayor rapidez en la construcción, lo que se 'logra a menudo a expensas de la calidad'.

Pero el caso más grave para sindicatos y oposición es el modelo que sigue el hospital de Valdemoro, donde una concesión administrativa otorga a la constructora del edificio la totalidad de la gestión.

PSM e IU mantienen que la entrada de este tipo de empresas en la Sanidad pública supone una merma de calidad. Sabanés añade otra preocupación: '¿Qué ocurriría si la empresa constructora quiebra?'

Güemes justifica la adopción de estos modelos porque 'necesitamos el concurso del sector privado para abordar en un tiempo récord una modernización como la que se ha producido en la sanidad madrileña'. Una tesis que derriban en la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, desde donde recuerdan que los plazos de entrega de los centros no se han cumplido y que los nuevos hospitales están escasamente dotados tanto de camas (poco más de una por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media de la Comunidad), como de personal. 'Hay 2.500 camas más que hace seis años', responde tajante el consejero de Sanidad.