Hoy se van a buscar los restos de 11 fusilados en 1936 en Calañas (Huelva). El próximo 21 de noviembre se hará lo mismo en La Serna (Madrid). Y cinco días después se prevé abrir otra fosa en Parrillas (Toledo). Ésta es la respuesta que las asociaciones de familiares de víctimas de los crímenes franquistas dan a la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Seguirán con el programa de recuperación de la memoria histórica, tal y como han hecho desde hace casi 10 años, con o sin ayuda de la justicia.

'No entiendo por qué el fiscal se mostró a favor de las exhumaciones en su recurso y ahora no', lamenta Fernando Magán, abogado de los denunciantes ante la Audiencia Nacional. Magán se mostró sorprendido por el carácter de 'urgente' de la reunión mantenida ayer por la sala de lo Penal. 'Veo circunstancias extrañas de procedimientos', añadió.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, lamentó que el escrito del fiscal 'vaya contra los más débiles, que en este caso son los familiares'. 'La Fiscalía está alargando la tortura de miles de familias, como indica la justicia internacional', añadió.

El letrado no quiso aventurar la causa de la actitud del fiscal y de la Sala. Sin embargo, otros miembros de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica tenían ayer claro que la mención el pasado miércoles por parte del juez Santiago Pedraz -en sustitución de Garzón, convaleciente- a los restos humanos almacenados en el Valle de los Caídos ha sido determinante.

La decisión de la Sala no sólo contradice la opinión del recurso del fiscal, en el que alababa las exhumaciones y condenaba el franquismo, sino que contradice también las subvenciones que el Gobierno ya ha enviado para la apertura de fosas. 'Vamos a seguir abriendo fosas, entre otras cosas, porque tenemos que justificar las subvenciones que hemos recibido del Ministerio de Presidencia', denunció Marisa Ríos, de la ARMH.

Los denunciantes confían en que la paralización de las exhumaciones no interrumpa el trabajo de la comisión de expertos designada por Garzón. 'Se ha constituido, han comenzado su labor y el juez ya ha enviado 20 exhortos a los juzgados', aclaró Magán. Sin embargo, el auto de la Sala también será enviado a esos mismos juzgados.

Los expertos están digitalizando la documentación y la policía judicial desarrolla una herramienta digital que permita a las asociaciones unir sus listas de identificados. Ese puede ser el mayor legado que deje el intento de Garzón de juzgar los crímenes del franquismo, en caso de que la Sala le declare finalmente incompetente, como la decisión de ayer sugiere que ocurrirá.