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El asesinato del empresario vasco Ignacio Uría en Azpeitia ha sido la espoleta para reabrir el debate público sobre la posibilidad de disolver los 40 ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale. Pero el Gobierno ya había empezado a replantearse internamente esa posibilidad al considerar que también serán receptores del fondo de inversión de 8.000 millones que se repartirán entre las corporaciones locales para estimular el empleo.

Por primera vez desde que gobiernan, los socialistas no descartan la posibilidad de promover su disolución, incluso analizan todas las posibilidades. El PSOE dejó esa puerta abierta a través de su portavoz en el Congreso. Sin dar más detalles, José Antonio Alonso lanzó un mensaje inequívoco a ANV: “No puede estar en el gobierno de los ayuntamientos. Tenemos que seguir explorando todas las vías jurídicas, políticas y legales para desalojar de los ayuntamientos a sus alcaldes”.

Estas palabras cuadran con el cambio de estrategia del Ejecutivo tras la ruptura de la tregua de ETA. Según aseguraron a Público fuentes gubernamentales, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene “la firme voluntad política” de arrinconar a ANV y disolver los ayuntamientos que gobierna “si hay soporte legal para ello”.

“Estamos en ello”, dijeron interlocutores gubernamentales. Esta declaración se traduce en el encargo a la Abogacía del Estado de revisar con toda minuciosidad la sentencia del Tribunal Supremo por la que ANV fue ilegalizada y de cuyo contenido se concluyó en su día que no era posible realizar disoluciones en masa, sino de modo “singular y particular”.

El Gobierno “actuará si encuentra un resquicio legal”, pero no quiere correr el riesgo de que una decisión de esas características pudiera ser revocada por la Justicia. Y, de momento, la conclusión ayer era que “no hay ninguna posibilidad legal”.

Los mensajes de Moncloa coinciden con la postura que tradicionalmente ha defendido el PP. Ayer, los conservadores volvieron a hacer de la disolución de los ayuntamientos de ANV su bandera. El Grupo Popular registró en el Congreso y el Senado sendas proposiciones no de ley que, en caso de lograr las mayorías, podrían abrir un proceso de disolución. La burocracia parlamentaria no permitirá que se discutan hasta el próximo día 16, en el último pleno del periodo de sesiones.

Evitar que reciban 40 millones

La iniciativa del PP incluye evitar que ningún consistorio gobernado por los abertzales se beneficie de la inyección de 8.000 millones que recibirán las entidades locales. La solución de los conservadores, que calculan que les corresponderían 40 millones de euros, pasa por que sean las diputaciones forales las que gestionen los fondos de los municipios donde gobierne ANV, “que está en manos de ETA”.

Desde Moncloa se sostiene que “el Estado no puede discriminar” unas ayudas que son para todos los ayuntamientos y que van destinadas a los ciudadanos. Lo que sí hará el Gobierno es extremar el control, a través de la Intervención General del Estado y de los secretarios municipales –cargos por oposición–, para asegurar que el dinero se destina al objetivo de estimular el empleo y no es desviado a otros fines.El PP está dispuesto a dar la batalla. Al mismo tiempo que su grupo presentaba la iniciativa, Mariano Rajoy volvía a abogar por “la disolución de los ayuntamientos donde gobierna la organización terrorista ETA”. Para los conservadores, cualquier otra medida, como las mociones de censura, solo tendrían valor como “paso previo” a la disolución.

UPyD aprovechó para subirse al carro del PP. El partido de Rosa Díez tratará de llevar la próxima semana al Pleno una interpelación sobra las disoluciones que forzará una votación en la semana siguiente. En caso de coincidir con la iniciativa del PP, Díez tratará de que ambas se acumulen.

De otro lado, BNG, ERC e IU volvieron a mostrar sus dudas sobre que una ristra de disoluciones municipales sea el método correcto. Francisco Jorquera, del Bloque, lamentó que una propuesta sin consenso se presentara ayer, el mismo día en que todas las fuerzas habían trasladado una respuesta unitaria frente a ETA.