Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) fue fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona y entre 1995 y 2003 dirigió la Fiscalía Especial Anticorrupción, cargo que abandonó por sus continuos choques con el Gobierno de José María Aznar. Es uno de los juristas progresistas más prestigiosos.

¿Queda margen para una interpretación más progresista de la Constitución?

Siempre he sido un defensor de lo que se consiguió. Fue aprobada en un momento muy frágil y delicado, lo que generó déficits. Y tiene aún recorrido en los derechos económicos, sociales y culturales. Hay margen, pues.

¿Pero estos derechos tienen una naturaleza distinta, no?

A nivel internacional ha ganado terreno la visión que considera que forman una unidad indivisible con los tradicionalmente considerados derechos fundamentales. Pero estos derechos sociales tienen aún un tratamiento subalterno con respecto a los clásicos. Ni el PP ni el PSOE les han otorgado el rango que merecen. El resultado ha sido la violación de muchos principios constitucionales.

¿Cómo reactivarlos?

Hay que asumir lo que fijó la Declaración de Viena en 1993: todos los derechos son universales e indivisibles. Y entender por ejemplo que con ingresos reducidos se inhibe el desarrollo de derechos fundamentales. ¿Qué es la igualdad? Pues entre otras cosas la no discriminación. El artículo 14 dice que los españoles son iguales ante la ley. ¿Y los extranjeros? Pues no tienen esta protección. Hay una discriminación clarísima. Queda mucho camino por recorrer.

¿Pero cómo puede llevarse la reivindicación de todos estos derechos sociales a los tribunales?

Algunos expertos creen que podría explorarse una vía: se trata de derechos vinculados al respeto a la dignidad humana. La salud, la vivienda o el trabajo son elementos esenciales para la dignidad humana. Entonces tendrían la máxima protección.