El PP lamenta no saber, pero cuenta todo lo que sabe. Sentencia nada desajustada en lo que concierne al ovillo de la financiación autonómica. Cuando quedaba poco para desliarse, la dirección nacional de los conservadores enseñó ayer una de las llaves quizá maestras del Ministerio de Economía y Hacienda.
Tras un encuentro por la mañana entre el equipo económico del PP –Cristóbal Montoro, Fátima Báñez, Álvaro Nadal y Juan Manuel Moreno– y los dos muñidores del nuevo modelo por parte del Gobierno –el ministro, Pedro Solbes, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña–, los conservadores avanzaron que el Ejecutivo ofrecerá a las comunidades incluir un tercer fondo en la arquitectura de la financiación autonómica.
Montoro lo soltó en rueda de prensa para ilustrar la “improvisación” del Gobierno. Dijo conocer pocos detalles. Se trata de un “fondo de convergencia”, afirmó, que se añadiría al ya existente –el fondo de suficiencia– y al prometido en los últimos días por Hacienda, el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales. “No nos han mostrado nada por escrito, ni concreción, ni cifras”, se quejaba el portavoz del PP. “Tampoco sabemos qué significa ese tercer fondo. ¿Convergencia con qué?”.
La inclusión del fondo de convergencia fue una “sorpresa” para el equipo de Montoro, y lo atribuyen a los “compromisos” que Zapatero adquiere con una u otra autonomía. En el PP cuestionan, además, la potestad negociadora de Solbes, pues quien ha tomado las riendas en esta fase final ha sido el presidente del Gobierno.
Fuentes de Hacienda evitaron confirmar ni desmentir las palabras de Montoro, para no entrar en detalles del documento que están tratando de terminar a marchas forzadas antes de fin de año. “La única propuesta será la que nosotros enviemos a las comunidades”, dijeron estas fuentes.
Desde el mes de julio, Hacienda no ha plasmado por escrito ninguna de sus propuestas. “Le hemos pasado muchísimos papeles al Gobierno, y el Ministerio, ninguno”, precisaron portavoces de distintos ejecutivos regionales.
Todo tiene su razón. Solbes y su equipo intentan evitar cualquier filtración que complique el diálogo con las autonomías. El documento que se trata de rematar antes de mañana recogerá, con cierto detalle, “la propuesta que todos los consejeros autonómicos conocen, pero que no tienen por escrito”.
El texto, en todo caso, no recogerá ninguna cifra de dinero global o para cada comunidad: eso es lo que quedará pendiente para la recta final de la negociación, que se centrará en la reunión que celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsiblemente en la segunda mitad de enero.
Hacienda valora que, por ahora, hay un amplio consenso “con gran parte” de las autonomías, sobre todo con las más grandes (Catalunya, Andalucía, Madrid y País Valenciano), como se comprobó en las reuniones de los presidentes regionales con José Luis Rodríguez Zapatero la semana pasada en la Moncloa.
Ayer se sumó al preacuerdo Castilla-La Mancha, cuya vicepresidenta, María Luisa Araújo, fue informada por el ministro de las bases del sistema, “beneficiosas” también para su comunidad. Desde Castilla y León, en cambio, dos consejeros tacharon de “vergonzoso” que el Gobierno presente el modelo de financiación sin que Zapatero se haya reunido con el presidente regional, Juan Vicente Herrera.
Para Montoro, la de ayer fue la segunda reunión con Solbes y Ocaña. La primera se produjo este mes, antes de la aprobación de los Presupuestos. “Ya no dirán que no se lo hemos explicado”, decían ayer en el ministerio. “Nos informan, pero no somos partícipes”, denunció el portavoz del PP, que se explayó en hacer notar los problemas del nuevo sistema, que “aumentará el déficit” y “agudizará la crisis y el paro”. El dinero, dijo, no llegará a las familias ni a las pymes.
En el modelo actual de financiación, de 2001, existe el fondo de suficiencia, que es el instrumento con el que se completan las necesidades de recursos de las CCAA, y que no se cubren con los impuestos cedidos o los transferidos. En el nuevo sistema se mantendría, pero con menor cuantía. Para 2009, habrá 32.574 millones.
El Ejecutivo ha anunciado un nuevo fondo, el de garantía de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y asuntos sociales). Equivaldría a la cesta de impuestos en los que participarán las CCAA y se repartiría entre ellas según varios parámetros, del que la población sería, como lo es ahora, el principal.
En primavera, Hacienda comentó que manejaba la idea de crear un fondo de convergencia para reducir las diferencias de renta y riqueza, dirigido a las regiones menos dinámicas, y que, a medio plazo, podrían obtener menos recursos con el nuevo modelo.
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